Los 426 euros son muy poca cosa, pero son más que nada; con eso y con lo que mi marido saca de lo que consigue, hemos ido tirando», dice María —no es su nombre real—, vecina del Puerto de la Cruz, quien advierte de lo «imposible» que le resultará a su familia —tienen un pequeño de seis años— salir adelante a partir del próximo marzo, cuando ya no cobren la ayuda:
«Es que no hay trabajo, mi marido lleva ya años buscando, y no hay, lo más que puede hacer es ofrecerse para lo que salga». Él tampoco deja lugar al optimismo: «Con los 400 euros más los 300 o 400 que puedo sacar cada mes —ha trabajado como obrero desde los 16 años y ahora se emplea pintando casas, poniendo cerraduras...— nos da para pagar el alquiler, la luz y el agua y solo tener que pedir a la familia para comer».
Sin la ayuda estatal, habrá que tocar a las puertas de los familiares con más frecuencia. Y no serán los únicos en esta situación. La decisión del Gobierno de eliminar los 426 euros incrementará sensiblemente el ya elevado número de hogares canarios sin ingresos regulares, es decir, más allá de lo que pueda traer la incertidumbre de la economía sumergida, esa que quizá ponga al alcance alguna casa que pintar o alguna cerradura o puerta que arreglar, siempre al margen, claro está, de contrato alguno.
En concreto, la criticada decisión del gabinete que lidera José Luis Rodríguez Zapatero afectará en las Islas a casi 20.000 desempleados, según los datos que maneja el Gabinete Técnico. Lo peor, con todo, es que al margen de estas 20.000 personas —y, por tanto, de los manidos 426 euros—, existen en el Archipiélago 72.000 familias que, en estos momentos, no ingresan un solo euro al mes. A partir de marzo, serán ya unas 100.000.
«En 2009, en el censo de hogares sin ningún tipo de ingreso que se elaboró en el marco del Pacto por la Economía y el Empleo, se contabilizaron 72.000 familias. A partir de marzo, cuando se eliminen los 400 euros, serán casi 100.000; 100.000 familias que no tendrán un duro», alerta el responsable del citado departamento.
Y «no tendrán un duro» por el desamparo en que les abandona la Administración: por un lado, el Ejecutivo central vuelve a retroceder en materia social y, por otro, no se ha llegado a dotar de recursos uno de los puntos que recoge el referido Pacto por la Economía y el Empleo; precisamente, el orientado a paliar la difícil situación de las familias incluidas en el censo, es decir, aquellas sin recursos, como la de María.
Sin plan «B»
En estas, miles de hogares de Canarias verán con mayor miedo si cabe la cercanía del fin de mes, máxime al tener en cuenta, como aclara el también presidente del Consejo Económico y por la Competitividad de Tenerife, que el Gobierno no ha previsto alternativa alguna. «Se podría estar de acuerdo en que se quiten los 426 euros si se estableciese un plan sectorial para dar empleo a estas personas, pero es que esto no ha ocurrido».
En consecuencia, esas 100.000 familias están cada vez más cerca del tan repetido «estallido social», ese que solo consigue evitar la economía sumergida, la que ha permitido al hogar de María arañar esos 300 euros mensuales. El peso de estos intercambios que quedan fuera de los cauces regulares, pues, no hará más que aumentar, toda vez que «no existe alternativa», habida cuenta de que «se está condenando a esas personas a perpetuarse en esta situación».
El 1 de marzo será, si no media un nuevo y, en este caso, inesperado cambio de rumbo gubernamental y una no menos inesperada dotación de recursos a los contenidos del pacto regional, un día negro para muchos hogares isleños.
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