martes, 31 de julio de 2012

Asturias y Canarias,únicas comunidades que se oponen a los planes de Hacienda

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han dado este martes un firme apoyo a los objetivos de déficit y de endeudamiento aprobados por el Gobierno para 2013-2015, y que han contando con la oposición de Asturias y Canarias, mientras que Cataluña, no ha asistido a la reunión, y Andalucía, se ha ausentado.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada este martes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno ha fijado para las comunidades autónomas un objetivo global de deuda del 15,1 % del PIB para 2012 y del 16 % para 2013.

Montoro ha presidido esta tarde la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha fijado los objetivos individuales de cada autonomía en materia de déficit y deuda para los próximos años.

Todas las autonomías gobernadas por el PP han dado su visto bueno a los planes del Gobierno porque es necesario cumplir con los objetivos de déficit para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Si en las horas previas al CPFF, Cataluña anunciaba que no iba a asistir al mismo al entender que se quiere imponer a las comunidades las decisiones sin diálogo, media hora después de empezar la reunión Andalucía decidía abandonarla y anunciaba que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la voluntad del Gobierno de limitar la deuda autonómica, que en esta autonomía supondrá un recorte de unos 3.000 millones de euros.

A pesar de un inicio tenso del CPFF, las comunidades autónomas del PP después de reunirse ayer con Mariano Rajoy, han decidido este martes cerrar filas con el Ejecutivo y apoyar sus planes, que sólo han contado con el rechazo de Canarias y Asturias, al discrepar en los objetivos de déficit y deuda fijados.

En esta ocasión el apoyo al Ejecutivo ha sido unánime por el PP a diferencia del anterior CPFF en el que las comunidades de Castilla y León y Extremadura se abstuvieron en la votación al no flexibilizar el Gobierno el calendario para que cumplieran su objetivo de déficit.

Para el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, este CPFF ha demostrado "el compromiso de la gran mayoría de las comunidades para cumplir con los objetivos de déficit establecidos", y ha considerado que las comunidades de Cataluña y Andalucía han defendido, con su ausencia y abandono, argumentos que "no se sostienen".

Desde Castilla y León, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha dicho que el reparto del déficit es "justo" y va a exigir un esfuerzo igual para todas las autonomías porque no se podrían haber aceptado unos objetivos distintos para cada comunidad.

En este mismo sentido, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Juan Bernal, ha reconocido que "el escenario previsto es muy severo y así se le ha manifestado al Gobierno" en la reunión, y a las autonomías "nos va a costar mucho trabajo" cumplir con los objetivos este año y el próximo.

La consejera de Hacienda gallega, Elena Muñoz, ha considerado que el sistema marcado por el Gobierno "es equitativo", y ha recordado que el nivel de déficit será el mismo para todas las autonomías pero el de endeudamiento es "diferente", aunque se han aplicado "criterios homogéneos" para su cálculo.

Una opinión similar ha sido la expresada por el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández, quien ha defendido que "los límites de endeudamiento fijados por el Ejecutivo son justos para todas las autonomías".

Por su parte, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha subrayado la importancia de apoyar al Gobierno en sus objetivos de déficit y deuda "de cara a la credibilidad exterior de las comunidades autónomas, que este martes en día está ciertamente deteriorada".

También la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Cristina Mazas, ha comentado la importancia de reducir el déficit público como "paso ineludible" para la recuperación económica y para evitar una "espiral" que puede llevar a la destrucción del estado del bienestar.

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