Estado lanzó ayer una voz de alarma sobre otro fenómeno, el de la violencia de los menores y adolescentes sobre sus padres, porque registra que va en aumento. La memoria anual de la Fiscalía califica de "preocupante" el incremento de los casos de violencia doméstica ejercida por los hijos adolescentes contra sus progenitores y denuncia que el sistema judicial no está dando una adecuada respuesta al problema, aunque hay excepciones, como la que representan las actividades de la Escuela de Padres de Valencia.
La memoria no da cifras concretas, sólo hace una descripción de la situación, y atribuye en parte el citado aumento de casos a otros problemas como el alcohol o las drogas. "Los progenitores que se encuentran ante esta problemática carecen de ayudas efectivas para afrontarla, no resultando habitualmente satisfechos con el tratamiento judicial de la misma". Y ello genera nuevos delitos, porque con frecuencia se produce una espiral de violencia.
En numerosos casos –exponen los fiscales– se toman medidas cautelares urgentes, como el alejamiento, pero en otros este tipo de reacción no es muy viable ni eficaz. Y ello porque desarraigar al menor tampoco es la mejor solución. Desde la Fiscalía se propone poner el acento en las sanciones que persigan una finalidad reparadora, en el sentido de ser útiles para la comunidad y fomentar un proceso de reflexión en el menor. La memoria pone como ejemplo la labor de la Fiscalía de Lleida, que "no ha cesado en la búsqueda de recursos" para garantizar que el menor incurso en estos procesos pueda desarrollar una actividad que esté relacionada con "el bien jurídico lesionado" con su conducta, es decir, actividades que tengan que ver con el respeto a los mayores.
Pero la referencia más destacada es la colonia San Vicente Ferrer de Burjassot, que gestiona la orden de los terciarios capuchinos, y que en el año 2005 inició la denominada Escuela de Padres, auspiciada y auditada por la Generalitat valenciana. Se trata de un programa único en España que ha logrado convertirse en una herramienta terapéutica extraordinaria en los casos de familias que han sufrido episodios de violencia a manos de sus hijos menores de edad. El objetivo es, de alguna manera, reconciliar a padres e hijos pero, ante todo, "lograr que los padres recuperen la autoridad perdida y los hijos valoren la importancia del respeto".
Lo cuenta Gemma Garcia, coordinadora del área de Menores de la fiscalía de Valencia. Aunque la fiscalía sólo verifica el cumplimiento de las penas impuestas a los menores; Gemma Garcia reconoce: "Tenemos muy en cuenta la participación de estos jóvenes en el programa, y su evolución". Son diez familias las que se acogen a cada programa, cuya duración depende de cada caso; y en estos cuatro años han sido decenas los jóvenes que han logrado reeducarse.
Se trata, en la mayoría de los casos, de familias destrozadas por continuos episodios violentos de sus hijos, tanto hombres como mujeres. En algunos, estos menores de edad han llegado a poner en riesgo la integridad física de sus progenitores. El programa, que dirigen tres psicólogas, está dirigido tanto a los que están en el centro en régimen de internamiento, que son los casos más graves, como a otros casos en los que, aun sin estar ingresados en el centro, son jóvenes que asisten a las denominadas "convivencia en grupo educativo".
Las psicólogas trabajan intensamente para restablecer las pautas de comportamiento familiar perdidas, en enseñar a los padres a recuperar su papel, en educar a los hijos a resolver los problemas por la vía del diálogo, adquiriendo compromisos continuos y que deben resolver según los objetivos marcados.
La memoria no da cifras concretas, sólo hace una descripción de la situación, y atribuye en parte el citado aumento de casos a otros problemas como el alcohol o las drogas. "Los progenitores que se encuentran ante esta problemática carecen de ayudas efectivas para afrontarla, no resultando habitualmente satisfechos con el tratamiento judicial de la misma". Y ello genera nuevos delitos, porque con frecuencia se produce una espiral de violencia.
En numerosos casos –exponen los fiscales– se toman medidas cautelares urgentes, como el alejamiento, pero en otros este tipo de reacción no es muy viable ni eficaz. Y ello porque desarraigar al menor tampoco es la mejor solución. Desde la Fiscalía se propone poner el acento en las sanciones que persigan una finalidad reparadora, en el sentido de ser útiles para la comunidad y fomentar un proceso de reflexión en el menor. La memoria pone como ejemplo la labor de la Fiscalía de Lleida, que "no ha cesado en la búsqueda de recursos" para garantizar que el menor incurso en estos procesos pueda desarrollar una actividad que esté relacionada con "el bien jurídico lesionado" con su conducta, es decir, actividades que tengan que ver con el respeto a los mayores.
Pero la referencia más destacada es la colonia San Vicente Ferrer de Burjassot, que gestiona la orden de los terciarios capuchinos, y que en el año 2005 inició la denominada Escuela de Padres, auspiciada y auditada por la Generalitat valenciana. Se trata de un programa único en España que ha logrado convertirse en una herramienta terapéutica extraordinaria en los casos de familias que han sufrido episodios de violencia a manos de sus hijos menores de edad. El objetivo es, de alguna manera, reconciliar a padres e hijos pero, ante todo, "lograr que los padres recuperen la autoridad perdida y los hijos valoren la importancia del respeto".
Lo cuenta Gemma Garcia, coordinadora del área de Menores de la fiscalía de Valencia. Aunque la fiscalía sólo verifica el cumplimiento de las penas impuestas a los menores; Gemma Garcia reconoce: "Tenemos muy en cuenta la participación de estos jóvenes en el programa, y su evolución". Son diez familias las que se acogen a cada programa, cuya duración depende de cada caso; y en estos cuatro años han sido decenas los jóvenes que han logrado reeducarse.
Se trata, en la mayoría de los casos, de familias destrozadas por continuos episodios violentos de sus hijos, tanto hombres como mujeres. En algunos, estos menores de edad han llegado a poner en riesgo la integridad física de sus progenitores. El programa, que dirigen tres psicólogas, está dirigido tanto a los que están en el centro en régimen de internamiento, que son los casos más graves, como a otros casos en los que, aun sin estar ingresados en el centro, son jóvenes que asisten a las denominadas "convivencia en grupo educativo".
Las psicólogas trabajan intensamente para restablecer las pautas de comportamiento familiar perdidas, en enseñar a los padres a recuperar su papel, en educar a los hijos a resolver los problemas por la vía del diálogo, adquiriendo compromisos continuos y que deben resolver según los objetivos marcados.
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