La infracción ha sido impuesta por la Comisión Europea tras el análisis del método y las prórrogas establecidas por las CCAA para la adjudicación de concesiones de servicios de transporte público, ya que la Comisión considera que este proceso vulnera el reglamento establecido.
El último boletín de información del pasado 5 de Julio contiene más información acerca del procedimiento de infracción que la Comisión Europea abrió contra España en referencia al tema de las concesiones para servicios públicos de transporte.
En el boletín se considera que el derecho de preferencia del concesionario saliente que recoge la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, reconocido a operadores de servicio público de uso general sobre servicios de uso especial en regiones como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, así como las prórrogas concedidas en algunas autonomías, entrarían en conflicto con la normativa europea.
Según la UE, la adjudicación de concesiones de servicios de transporte público debe llevarse a cabo en base a dos criterios: el servicio con la oferta económica más ventajosa o el que tenga el precio más bajo. Por tanto, las preferencias y prórrogas vulnerarían el principio de igualdad y trato, y de libertad de establecimiento de la UE.
Según aclara la federación sectorial Fenebús, las prórrogas concedidas entre el 26 de julio de 2000 y el 3 de diciembre de 2009, día en el que entró en vigor la nueva normativa, serían consideradas nuevas concesiones ya que se modificaron los términos del contrato. La ley establece un máximo de 10 años de duración para las concesiones, término que se habría vulnerado en varias autonomías, así como en la Comunidad Valenciana, en la que la adjudicación se produjo después de la entrada en vigor de la ley.
El procedimiento de infracción también revisará la ampliación por 5 años de las concesiones en la Comunidad de Madrid ya que consideran que no se han realizado según los criterios explicitados por la Ley. Ya hay reacciones Según indica Fenebús, los responsables de la Dirección General de Transporte Terrestre de Fomento se reunieron con los directores generales de las comunidades que se han visto afectadas por el procedimiento comunitario el pasado día 3 de Julio en Madrid.
En esta reunión se trató el tema de las incompatibilidades de las disposiones españolas y la normativa europea. Por su parte, el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha solicitado al Director General de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, una reunión urgente con los responsables de las CCAA afectadas para intentar aunar posiciones y ofrecer una alternativa conjunta a las autoridades europeas.
