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jueves, 18 de abril de 2013

Manifiesto Obrero Conjunto 1 Mayo



1 Mayo 2013

Manifiesto Obrero


El Primero de Mayo es un hito fundamental para la lucha del movimiento obrero en el mundo,  no es una celebración cualquiera sino el recordatorio de que todas las conquistas de derechos de los trabajadores y trabajadoras, han sido producto del esfuerzo y la lucha de gente como los Mártires de Chicago, capaces de, con su vida y con su muerte legarnos no solamente el disfrute de  derechos fundamentales, sino la obligación de defenderlos para traspasarlos a las futuras generaciones.

Hoy que en Canarias, dichos derechos son atacados y puestos en grave peligro por las agresión del gobierno del Estado y la complicidad abierta del Gobierno de Canarias, es responsabilidad ineludible de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones naturales que son los sindicatos plantar cara y ser la vanguardia de la lucha en defensa de los derechos laborales y sociales que nos son arrebatados cotidianamente y contra el empobrecimiento acelerado de la mayoría social de nuestro pueblo. Porque si bien la crisis estructural del sistema económico capitalista y la nefasta gestión de la misma desde un poder político que actúa claramente al servicio del poder económico afecta al conjunto de territorios bajo administración de la  Unión Europea, en Canarias nos golpea con mucha mayor dureza. Un paro creciente que supera el 33%, de los cuales casi la mitad no cobra ninguna prestación. Seis de cada diez jóvenes en Canarias no tienen trabajo y un 33,8% de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza con escasos o ningún recurso y en una espiral creciente de exclusión social. El salario medio de Canarias es un 15,3 % inferior a la media del Estado y los desahucios han dejado sin vivienda a un promedio de 24 familias al día en el último año. Es por ello que los trabajadores y trabajadoras y pensionistas de Canarias planteamos este  Primero de Mayo como una jornada de lucha con las siguientes reivindicaciones fundamentales:

El empleo como prioridad por encima del pago de la Deuda
Exigimos una acción decidida por parte de la UE, el Gobierno del Estado  Español, el de Canarias y los Cabildos Insulares por la creación de empleo, de manera que la creación de empleo constituya la prioridad que defina la elaboración de los presupuestos. El Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y las Administraciones locales no pueden seguir dando la espalda  al problema que afecta más gravemente a los canarios y las canarias, por lo que exigimos la retirada de la reforma del art. 135 de la constitución.

Retirada de la Reforma Laboral aprobada por  a través del Real Decreto Ley 3/2012,  de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y de todas las reformas anteriores y posteriores que han quitado derechos y precarizado las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. 
La reforma laboral desde su aplicación no solamente no ha favorecido la creación de empleo como pregonaba el gobierno del PP sino que, por el contrario, ha servido para incrementar el paro, facilitar el despido, precarizar el empleo y pulverizar el consumo, incidiendo de esta manera en frenar aún más el crecimiento económico de las islas. Esta situación será aún más grave  a partir del vencimiento en el mes de julio  de la ultractividad de los convenios, deja sin efectos los acuerdos de los convenios colectivos,  lo que provocará una profunda  pérdida de los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras en la negociación de convenios en los distintos niveles. 

Rechazo de las políticas de la Unión Europea,  Gobierno del Estado Español y el Gobierno de Canarias que aumentan la exclusión social, y la pobreza, por medio de  recortes de servicios públicos esenciales como educación, sanidad y servicios sociales
Los recortes presupuestarios y de recursos en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, ordenados por la Troika pero  incluidos y aplicados en los presupuestos generales, tanto del Estado como del Gobierno de Canarias, muestran dos claras intenciones: La primera es cargar la factura de los multimillonarios rescates del sistema financiero en las espaldas de los más desfavorecidos, al mismo tiempo que miles de millones de euros van a parar a manos precisamente las instituciones financieras causantes de una crisis que cada vez demuestra más ser una estafa. La segunda es claramente ideológica al ocultar en una supuesta  “eficiencia presupuestaria”, la verdadera intención  de  desmantelar lo público para favorecer su privatización. En Canarias la coincidencia entre los recortes en la sanidad canaria y las transferencias millonarias a la sanidad privada por la vía de los conciertos son una clara prueba de ello.

Rechazo al recorte  de derechos fundamentales y restricción de libertades civiles
El gobierno del PP por medio de reformas en el ámbito jurídico y en la práctica cotidiana está inmerso en una lógica de criminalización de la creciente protesta social.. La violencia empleada por los cuerpos de represión del Estado tanto contra los manifestantes de distintas causas como contra las familias que son desahuciadas por la fuerza de sus viviendas para que estas sean entregadas a los bancos, se está convirtiendo en una práctica habitual. Asimismo la intención de restringir conquistas de libertades civiles como el derecho a la interrupción del embarazo o el matrimonio entre personas del mismo sexo, que han sido producto de años de lucha y concienciación social por parte de diversos movimientos sociales, configuran un contexto de creciente autoritarismo e intolerancia practicada desde el Estado contra la colectividad.

Defensa del derecho a la pensión digna y a la protección social efectiva para todos y todas. Retirada del RD 5/2013 de Reforma de las Pensiones
Es evidente que el  peso  más duro de los recortes y las medidas antipopulares recae en los sectores más desprotegidos, esto puede evidenciarse en el hecho de que el gobierno haya  disminuido el poder adquisitivo de la pensiones al no actualizarlas en función a la inflación.  Además, con  su última reforma ha sentado las bases de un esquema en el cual una pensión digna se   está convirtiendo progresivamente en un privilegio al alcance de unos pocos. Los recortes en materias como la atención de la diversidad funcional y la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular constituyen medidas  que, al desproteger a los más vulnerables colocan  en situación de exclusión social a muchísimas personas, más aún en Canarias, que soporta  pensiones 6% por debajo de la media estatal y el más bajo nivel de aplicación de le Ley de Dependencia.Es urgente modificar la legislación hipotecaria en el estado que está dejando sin casa a miles de personas. Un cambio que proteja a las personas y garantice el derecho a la vivienda de todos/as los ciudadanos/as.

Movilización y lucha para cambiar las cosas
Si bien el panorama descrito  se nos muestra sombrío, el pasado año 2012 ha marcado un punto de inflexión y es prueba de un claro  despertar de la clase trabajadora canaria.Por eso este Primero de Mayo debe servir para reafirmar la dignidad y el orgullo del movimiento obrero canario, enraizado profundamente en el sacrificio y la sangre de quienes nos precedieron en la lucha  y reafirmando nuestra disposición a contestar una a una todas las agresiones hasta derrotarlas y alumbrar el camino de la construcción de una Canarias con justicia social y vida digna para todos y para todas.

Los Comités de Empresas, los delegados y delgadas de los trabajadores/as convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras acudir a la manifestación del primero de mayo por el Empleo, Derechos, Convenios

jueves, 21 de junio de 2012

Canarias aprueba subir el IGIC y recortar los salarios el 5% para cumplir el déficit

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves definitivamente el recorte de 800 millones de euros en el presupuesto autonómico para cumplir los objetivos de déficit, que incluye una rebaja salarial del 5 por ciento a los empleados públicos y subidas de impuestos, entre ellas un aumento del tipo general del IGIC del 5 al 7 por ciento a partir del 1 de julio.

El proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales fue apoyado por Coalición Canaria y PSOE y contó con la oposición del PP y del grupo Mixto, en una sesión celebrada mientras en el exterior de la sede del Parlamento decenas de manifestantes convocados por los sindicatos protestaban contra los recortes soplando silbatos y bocinas que se oían en el salón de plenos.

El PP renunció a presentar enmiendas parciales al proyecto de ley después de que la semana pasada se rechazara su enmienda a la totalidad contra el presupuesto, mientras que Román Rodríguez, de Nueva Canarias, portavoz del grupo Mixto, denunció que con este recorte del 2 por ciento del PIB canario el Gobierno regional insiste en "una política fracasada" que empeorará la recesión económica, generará desempleo  y perjudicará a los ciudadanos, con riesgo para la cohesión social.

El diputado del PP Jorge Rodríguez manifestó que el recorte es "un atropello" a los ciudadanos, empresarios, autónomos y funcionarios para obtener rápidamente de ellos recursos, sin considerar los efectos sobre la economía canaria, que sufrirá retrocesos en la actividad económica y en el empleo como consecuencias de estas medidas.

Rodríguez dijo que cada Comunidad Autónoma decide cómo ajustarse al objetivo de déficit y el Gobierno canario ha optado por convertir al archipiélago en la segunda comunidad en pago de impuestos, por detrás de Cataluña, en lugar de acometer "la inevitable reforma de una administración sobredimensionada e ineficiente".

No se entiende que sea el propio Gobierno de Canarias el que vulnere el modelo diferencial del Régimen Económico y Fiscal (REF), ni que se incorporen impuestos de dudosa legalidad bajo la fórmula medioambiental cuya única finalidad es recaudatoria ni que se eleve el IGIC en perjuicio directo del sector turístico, argumentó el representante del PP.

El diputado de CC José Miguel Barragán dijo que tiene que haber "un cambio de discurso en Europa" para incidir en la dinamización de la economía, pero subrayó que mientras tanto Canarias, con un margen de maniobra muy pequeño, no tiene otro remedio que ajustar 800 millones de euros, algo que no gusta a ningún gobernante.

Estas medidas de urgencia son "dolorosas y difíciles", pero obedecen un ejercicio de lealtad institucional para que España cumpla el objetivo de déficit, porque "si cae España no se salva ninguna Comunidad Autónoma", dijo Barragán.

El diputado del PSOE Emilio Mayoral justificó el apoyo de los socialistas al recorte "por responsabilidad, porque es lo que toca hacer, porque nos lo exigen y porque no podemos hacer otra cosa".

No obstante, afirmó que la ley es equilibrada en cuanto al esfuerzo fiscal que se pide para la administración, los empleados públicos, los empresarios y los ciudadanos.

En el debate de las enmiendas parciales, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, acusó al Gobierno canario de tomar el camino fácil de recortar salarios públicos de forma lineal cuando hay otros caminos, con mejoras en organización, gestión y control de gastos innecesarios y, en todo caso, con una reducción de salarios pactada y progresiva, porque no es lo mismo un sueldo de 60.000 euros que uno de 20.000.

El representante de Nueva Canarias se preguntó qué hará el Gobierno canario con los salarios públicos cuando el ejecutivo central aplique la reducción adicional que le ha pedido el FMI, y advirtió de que la reducción de la capacidad adquisitiva de los funcionarios y la desaparición de 3.000 empleos públicos por el despido de trabajadores temporales deprimirá aún más la economía canaria, de manera que la decisión no sólo es injusta sino contraproducente.

El representante de Coalición Canaria José Miguel Ruano afirmó que este proyecto de ley es "un ejercicio de responsabilidad" para cumplir el plan de estabilidad pactado en el consejo de política fiscal y financiera.
"No son decisiones fáciles, pero hay que tomarlas porque la consecuencia de no adoptarlas e incumplir los objetivos de déficit serían mucho peores", dijo Ruano.

José Miguel Ruano explicó que la reducción salarial garantiza el empleo público y el pago de las nóminas "mes a mes" para hacer viables la sanidad, la educación y la asistencia social, que son los objetivos del Gobierno.

Canarias ya ha ahorrado desde 2008 un total de 2.300 millones de euros, y ahora se trata de aplicar "una política de Estado que nos permita sobrevivir a todos", apuntó.

En cuanto a las subidas de impuestos, Román Rodríguez defendió que el ajuste debe aplicarse con subidas en los impuestos directos, en particular en el tramo superior del IRPF y en el impuesto de patrimonio, algo que "ha hecho ya media España" mientras en Canarias se aplica la fórmula más conservadora e injusta de incrementar los impuestos indirectos.

"Esto lo ha hecho un contable, no hay estrategia política ni análisis económico", dijo Román Rodríguez.
El diputado del PSOE Emilio Mayoral dijo que "en la filosofía" podría estar de acuerdo respecto a que sería preferible subir impuestos directos y no los indirectos, pero argumentó que eso no soluciona la necesidad de generar los ingresos de 250 millones de euros que calcula obtener el Gobierno de Canarias.

Román Rodríguez también se refirió a los "impuestos ambientales", denominación que incluye en esta ley una nueva tasa a las grandes superficies comerciales, pero denunció que no se trata de un impuesto verde, sino de una medida que tiene exclusivamente fines recaudatorios, lo que "bordea la legalidad".

El diputado de CC José Miguel Barragán afirmó que el impuesto a las grandes superficies es legal, al igual que el nuevo impuesto al transporte de energía eléctrica, y defendió que son impuestos verdes porque gravan equipamientos que pueden tener perjuicios para el medio ambiente.

El nuevo impuesto a entidades financieras por los depósitos bancarios no fue cuestionado por Román Rodríguez, aunque advirtió del riesgo de que se repercuta sobre los clientes, que se reduzca la disponibilidad de crédito y que se propicie la deslocalización de los ahorros.

miércoles, 18 de abril de 2012

Canarias denuncia que el Gobierno ha recortado el 43% de las prestaciones sociales básicas

La consejera de Bienestar Social Social del Gobierno de Canarias, Inés Nieves, ha denunciado este miércoles que el Gobierno ha recortado en la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el 43 por ciento de las prestaciones sociales y ha avisado de que este recorte produce un "descalabro enorme" a las comunidades autónomas.

"Un recorte de este tipo en mitad del año hace que haya que reconducir las políticas sociales en la comunidades. Nosotros en Canarias ya teníamos los convenios firmados con los 88 ayuntamientos que lograban mantener toda la red social ya que hemos recortado en otras cosas dándole prioridad a las prestaciones sociales básicas y ala reducción de la parte estatal nos produce un descalabro enorme", ha recalcado para advertir de que este hecho podía suponer el cierre de algunas residencias de mayores o "la pérdida de empleo de algunos profesionales de lo social".

Nieves, que se ha pronunciado así tras participar en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha insistido en la preocupación del ejecutivo autonómico por este recorte y ha advertido de que, debido a esto, tendrán que hacer medidas "muchísimo más duras" que si hubieran tenido esta información a principios de año. NIÑOS EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS

Por otra parte, según ha proseguido, durante la reunión se ha abordado también la atención de los menores extranjeros no acompañados, una cuestión que "afecta particularmente a Canarias y que no está incluida en los PGE a pesar de que, según ha comentado, desde hace unos años se había "conseguido" que el Estado aportara una partida económica para solventar los gastos de mantenimiento.

En este sentido, la consejera canaria ha asegurado que ha contado con el apoyo de la ministra ya que se ha comprometido a trabajar con el resto de ministerios para que estas ayudas se plasmen finalmente en los presupuestos.