Titsa asegura que sus profesionales tienen garantizado su puesto y derechos laborales

Transportes Interurbanos de Tenerife ha salido al paso de las declaraciones públicas realizadas por el secretario general de UGT en materia de Transportes, Juan Carlos Linares, sobre la existencia de una persecución a los trabajadores. Titsa lo niega y declara sin fundamento cualquier cambio en su política sancionadora.

De la misma forma, rechaza que se haya producido alguna vulneración de los derechos de los representantes, ni de los propios trabajadores del servicio, ya que "la empresa siempre ha mostrado una actitud dialogante y de búsqueda del consenso, prueba de ello son las más de 50 reuniones convocadas y mantenidas con los representantes sociales, en lo que a la negociación del convenio colectivo se refiere", sostiene en un comunicado.

Desde la compañía recuerdan que, igualmente, y a pesar de la situación de crisis actual, tanto el Cabildo de Tenerife, propietario de la empresa, como la dirección de la compañía, han garantizado en reiteradas ocasiones el mantenimiento y respeto de la plantilla, por lo que "sus trabajadores se encuentran en una situación de absoluta tranquilidad laboral".

La compañía solicita asimismo "responsabilidad, una actitud constructiva, predisposición al diálogo y fundamentalmente coherencia en los planteamientos de los representantes de los trabajadores para afrontar la situación actual de crisis generalizada, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de transporte público actual".

En este sentido, Titsa ha querido dar un mensaje de tranquilidad a los usuarios del transporte público, ya que la política desarrollada hasta el momento por la empresa persigue mejorar la calidad de sus servicios.

Fomento insiste en el uso del tacógrafo en las islas menores de Baleares porque ‘mejora la seguridad’

En respuesta a una carta enviada a Fomento por el diputado del PP por Balears, el ibicenco Enrique Fajarnés, en la que se solicitaba el estudio de la no obligatoriedad del tacógrafo para las islas menores del archipiélago, el Ministerio ha respondido que "no se encuentran motivos que desaconsejen la utilización del tacógrafo en el transporte por carretera en Ibiza". La respuesta de la Secretaría General de Transport se ha realizado a través del mismo canal, por carta.

Según ha publicado el Diario de Ibiza, Fomento ha transmitido al diputado una serie de consideraciones, como la sugerencia de los expertos en materia de transporte, seguridad vial y de prevención de riesgos laborales, que postulan la extensión del uso del tacógrafo en los vehículos de transporte profesional en cualquier circunstancia.

Además, el Gobierno ha apuntado que la utilización del tacógrafo en Ibiza va a suponer "un mayor control de los tiempos de conducción y descanso, al ser medidos por un aparato fiable, con lo que se mejora la seguridad y se garantizan los derechos de los trabajadores", puesto que el empleo de este instrumento "avala el cumplimiento de la normativa laboral y permite también a los empresarios un mejor control del tiempo empleado por sus conductores". "En consecuencia, una organización más eficaz de su actividad", ha argumentado Fomento.

Por otra parte, el Ministerio ha recordado que las obligaciones de tiempo y descanso en conducción son iguales para todos y que hasta el 1 de enero de este año la única diferencia consistía en que los profesionales que circulaban por islas que no superaban los 1.500 metros no estaban obligados a utilizar el tacógrafo, si bien debían hacer un registro manual.

Fajarnés ha respondido lamentando la "poca sensibilidad" del Gobierno y añadiendo que "la seguridad está ante todo pero la legislación anterior también tenía medidas para preservarla".

Hay que dar ejemplo señor mio, juzgan a un jefe policial por conducir ebrio

El jefe de la Ertzaintza detenido por conducir ebrio en Irun (Guipúzcoa) dijo ayer que cuando fue interceptado estaba «perfectamente» y en condiciones de manejar un coche, a pesar de que los agentes que lo arrestaron han desvelado que tuvieron que cruzarse con su vehículo para obligarle a parar. El procesado y los dos erzainas que lo detuvieron han declarado ayer en el juicio celebrado en San Sebastián contra este mando policial

El Gódigo Penal se endurece contra terroristas, pederastas y corruptos

La reforma del Código Penal va ya camino del Senado sin incluir la propuesta de la cadena perpetua revisable, después de que el Congreso la aprobara sin consenso. Los socialistas contaron con el apoyo de CiU, ERC, Coalición Canaria y UPN, mientras que PP, IU-ICV, BNG y UPyD optaron por abstenerse. Por su parte los diputados del PNV y NaBai votaron en contra. En total, 180 diputados votaron a favor, 7 en contra y 146 se abstuvieron.

El portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, no ocultó su disgusto por la abstención del mayor partido de la oposición, ya que los socialistas y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, habían puesto mucho interés en ir de la mano del PP en esta reforma. Dos enmiendas completas y 29 transaccionales tienen la firma del PP. Su portavoz, Federico Trillo, argumentó que “hay demasiadas sombras e inquietudes”. Para el PSOE, es una muestra de “deslealtad”. “España no se merece una oposición como ustedes”, espetó el socialista Julio Villarrubia al popular Federico Trillo.

El argumento fundamental del PP para no apoyar la reforma se basa en la no inclusión de la llamada cadena perpetua revisable. El endurecimiento en los delitos de terrorismo y de abusos sexuales no fueron suficientes para el PP, tales como la libertad vigilada durante diez años, después de cumplir las penas. También se establece la imprescriptibilidad de esos delitos. Precisamente este endurecimiento es el que ha llevado al PNV y a NaBai a votar en contra de la reforma del Código Penal.

El castigo por corrupción política, tras el escándalo del Gürtel o la trama balear, también se endurece. Aumentan las penas para los cargos públicos o funcionarios que cometan cohecho. Ahora serán penados con cárcel en lugar de solo multa e inhabilitación. También se tipifica como delito el soborno entre particulares y se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a excepción de Estado, administraciones públicas, partidos políticos y sindicatos. El fin es que no se utilice como arma política.

El acuerdo del PSOE con CiU para castigar con pena de prisión durante los fines de semana a los reincidentes en hurtos por valor inferior a 400 euros fue el punto más polémico y criticado por otros grupos, singularmente por Emilio Olabarria, del PNV.

Pero no solo hay endurecimiento. También se han aligerado algunas penas. Por ejemplo, se suprimen las penas de prisión para los manteros, cuando el beneficio sea inferior a 400 euros.

TÉCNICAMENTE BUENA

El profesor de Derecho Penal de la Universidade de A Coruña, Antonio Suárez Mira, calificó la reforma de “técnicamente buena”. “Denota una gran preocupación por las víctimas. El derecho penal siempre se ha fijado más en el trato del penado, pero ahora aumenta la protección de éstas”, aseguró.

Suárez Mira destacó la tipificación de nuevos delitos, la adaptación del código a los compromisos internacionales y el endurecimiento de las penas para delitos graves. “Por primera vez se castiga el acoso laboral e inmobiliario, los transplantes ilegales, se tipifica de forma específica la trata de personas y se refuerza la protección penal a las mujeres, castigando expresamente a quienes atenten contra la libertadsexual de una persona”, defendió.

Por el contrario, Amnistía Internacional expresó ayer su profunda decepción ante un texto que “deliberadamente olvida la incororación expresa del delito de desaparición forzada”.

Fomento adapta a la legislación española la normativa europea que regula los 12 días en el internacional

La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento ha adoptado la Resolución de Coordinación 3/2010 mediante la que adapta la legislación española a la nueva redacción del artículo 8 del Reglamento europeo 1073/2009 con el que se reintroduce la excepcionalidad de los 12 días para el transporte internacional discrecional de viajeros.

Esta modificación, según informa Fenebus, que comenzará a aplicarse a partir del 4 de junio de este año, incluye que los procedimientos sancionadores sobre los que no se haya recibido resolución antes de la firma de esta disposición legal deberán sobreseerse si los descansos realizados por el conductor se ajustan a los dispuesto en el nuevo apartado 6 bis del citado artículo 8. Además, no se iniciarán nuevos procedimientos cuando el conductor se haya ajustado a la nueva norma. Transporte Terrestre asegura que aplicará la retroactividad de la norma más favorable para el conductor y las empresas.

El Reglamento 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo establece las normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y modifica el Reglamento 561/2006. En concreto, la norma incluyó un apartado 6 bis nuevo que reza literalmente:

"No obstante lo dispuesto en el apartado 6, un conductor que efectúe un único servicio discrecional de transporte internacional de pasajeros tal como se define en el Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado de los servicios de autocares y autobuses, podrá posponer el período de descanso semanal hasta 12 períodos consecutivos de 24 horas siguientes a un período de descanso semanal regular previo, siempre que:

a) el servicio incluya 24 horas consecutivas como mínimo en un Estado miembro o en un tercer país al que se aplique el presente Reglamento distinto de aquel en que se ha iniciado el servicio;

b) tras la aplicación de la excepción, el conductor se tome:

I) dos períodos de descanso semanal regular, o

II) un período de descanso semanal regular y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas; no obstante, la reducción se compensará con un período equivalente de descanso ininterrumpido antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana del período de excepción;

c) a partir del 1 de enero de 2014, el vehículo esté equipado con aparatos de control de conformidad con los requisitos del anexo I B del Reglamento (CEE) no 3821/85, y

d) a partir del 1 de enero de 2014 y de tener lugar la conducción que durante el período comprendido entre las 22:00 y las 6:00 horas, el vehículo cuente con varios conductores o se reduzca a tres horas el período de conducción a que hace referencia el artículo 7.

Vigilancia

La Comisión vigilará de cerca el recurso a esta excepción, con el fin de garantizar que se preserve en condiciones muy estrictas la seguridad vial, en particular comprobando que el tiempo acumulado total de conducción durante el período cubierto por la excepción no sea excesivo. A más tardar el 4 de diciembre de 2012, la Comisión elaborará un informe en el que se evalúen las consecuencias de la excepción en materia de seguridad vial, así como los aspectos sociales. Si lo considera oportuno, la Comisión propondrá modificar en este sentido el presente Reglamento".

Hoy acude a la Convocatoria JUEVES 29 DE ABRIL

POR LA FISCALIA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

-CONVOCATORIA-

Días pasados un grupo muy representativo de abogados laboralistas De Las Palmas, al que se adhirieron centenares de representantes de trabajadores de numerosas empresas -más de doscientas-, hicieron pública una Carta Obrera donde expresaban reivindicaciones mínimas, urgentes y necesarias de los asalariados.

Entre dichas reclamaciones se encontraba la de crear una FISCALIA especializada para la persecución de los atropellos que se multiplican contra los derechos fundamentales de los trabajadores: tratos vejatorios, humillaciones, jornadas extenuantes, impagos de salarios, despidos aberrantes… abusos de toda naturaleza que configuran nuevas formas de esclavitud y que, como tales merecen sus autores ser clasificados como delincuentes y en consecuencia ser perseguidos penalmente. En realidad es en el mundo laboral donde más sufren los derechos básicos de las personas.

La posibilidad de la creación de esa Fiscalía especializada es real y su logro representaría una conquista trascendental para reforzar la protección de los trabajadores frente a acosadores y déspotas que se promocionan y enriquecen a costa de pisotear los más primarios derechos que merece el respeto a la dignidad de los asalariados.

El próximo jueves día 29 de abril a las 12 de la mañana, en el Palacio de Justicia se hará entrega formal al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de esta petición de Fiscalía Especializada en la defensa de los derechos inalienables de los trabajadores y en la persecución de sus violadores.

El Movimiento de la Carta obrera te invita para que con tu presencia respaldes la iniciativa. Invitamos a todos, y muy especialmente a los que sean victimas, o lo hayan sido, de acosos morales y tratos vejatorios, de cesión ilegal de mano de obra, de despidos objetivos fraudulentos, de tratos discriminatorios, de violencia moral y física…

Jueves 29. Plaza de san Agustín, VEGUETA, a las 12 h.

La empresa DISA ocupa de forma ilegal desde 1988 terrenos portuarios de domino público en el muelle de Salinetas

La compañía distribuidora de carburantes DISA ocupa ilegalmente desde 1988 terrenos de dominio público en la zona de servicios del Puerto de Salinetas, en el municipio de Telde.

Así consta en una resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, fechada el 21 de diciembre de 2006 y ratificada el 1 de marzo siguiente, que fija la ocupación ilegal por parte de DISA en 3.040 metros cuadrados, y desde esa fecha requiere a la entidad mercantil para que "cese en su actuación de ocupación ilegal", según publica el periódico digital Canariasahora.com.

La resolución portuaria viene también avalada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 5 de junio de 2009, que confirma ajustadas a Derecho las resoluciones de Puertos contra DISA.

La ilegalidad de estas dos décadas radica en una obra realizada por DISA en Salinetas, donde construyó hace 22 años una caseta de bombas de 1.700 metros cuadrados y unas tuberías aéreas de 1.340 metros cuadrados, sobre una superficie total de 3.040 metros cuadrados, sin la preceptiva autorización de la por entonces Junta de Obras del Puerto, para poder desarrollar su negocio de distribución de carburantes, por medio de conducciones para la descarga de combustible y asfalto al muelle teldense.

DISA llevó a cabo la obra sin someterse a las consideraciones de la Junta del Puerto, que el 2 de abril de 1991 fijó las condiciones de la misma para poder otorgar una nueva concesión conjunta de dos anteriores que databan de 1956 y 1967 y legalizar de facto la obra ya ejecutada. La propia mercantil rechazó en 1991 esas condiciones, que anulaban las concesiones originales de 1956 y 1967 y creaban una nueva, por lo que el rechazo de DISA motivó que nunca hubiera una concesión administrativa formal de Puertos a la actividad de la empresa en la zona de servicios de Salinetas.

Durante 15 años, nada se movió entre DISA y Puertos. Hasta que hace ahora cuatro años, durante la etapa de Emilio Mayoral en la presidencia de Puertos, la Autoridad Portuaria puso en conocimiento de DISA la ilegalidad sobre la que desarrolla su actividad. Entre mayo y septiembre de 2006 se insta a DISA a regularizar su situación mediante la solicitud de la concesión administrativa que nunca ha tenido desde hace 22 años, y ante la inactividad de la compañía, Puertos decide iniciar un expediente de recuperación de la posesión que aprueba su Consejo el 21 de diciembre de 2006.

La resolución del Consejo de Administración de Puertos de Las Palmas de diciembre de 2006 señala que desde al menos 1989 están construidas estas obras en Salinetas sin autorización expresa y sin título administrativo para ocupar esa superficie de dominio público portuario, y que hasta la fecha se sigue ocupando sin título y sin abonar las tasas correspondientes a la Autoridad Portuaria.

El máximo órgano de Puertos había incluído en el Orden del Día de su última reunión, celebrada el lunes 19 de abril, tanto resolver la solicitud presentada ahora por DISA para obtener la concesión de dominio público de esos terrenos, como la ejecución forzosa para recuperar el dominio portuario, al carecer la empresa de título administrativo habilitante, como había acordado el Consejo en diciembre de 2006 y ratificado el TSJC en julio de 2009.

Sin embargo, a última hora la Autoridad Portuaria decidió la retirada de estos dos puntos, según explicaron fuentes oficiales del Puerto, por haber presentado DISA la documentación solicitada por Puertos a la empresa desde hace cuatro años, cuando en la etapa de Emilio Mayoral en la presidencia se abrió el litigio entre la distribuidora y Puertos.