Canarias debe reducir otros 250 millones de euros de su Presupuesto para 2011

Canarias tendrá que recortar el próximo año otros 250 millones (además de los 1.069 millones acordados con anterioridad, es decir, 1.319 millones) como consecuencia del acuerdo adoptado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para reducir en cuatro décimas el déficit en el que podrán incurrir en 2011 el conjunto de las regiones.

 Ese es al menos el cálculo que hizo el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, tras dar su "apoyo crítico" a una nueva revisión del plan de austeridad para hacer frente a la reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de reducirlo del 11,2% actual al 3% en 2013 y que para las Comunidades Autónomas supondrá que ya no podrán incurrir en el 1,7 del PIB su déficit, tal como se acordó en marzo, sino que sólo podrán hacerlo en el 1,3%.

Soria reconoció que ese nuevo ajuste de 250 millones habría que sumarlo teóricamente al de 1.069 millones que él ya ha avanzado para el próximo año respecto a los presupuestos en vigor. Pero confió en que finalmente el tijeretazo no supere la cantidad ya anunciada como consecuencia de los ingresos que Canarias espera recibir por la vía de la financiación autonómica.

El vicepresidente lo explicó así: "Esperamos que en cuanto al ajuste de los recursos del sistema de financiación autonómica haya un aumento, con lo cual se compense y no tengamos que ir a un ajuste mayor de los 1.069 previstos".

El también consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, ya auguró el pasado mes de abril que el recorte prespuestario para el próximo ejercicio será inevitable si se suman los 600 millones que está previsto que Canarias deje de recibir del sistema de financiación autonómica, los aproximadamente 340 a que estará obligado el Gobierno por la imposición a todas las administraciones del Estado de reducir el déficit público en proporción superior a 2010, y lo que representarán algunas liquidaciones favorables al Estado en ejercicios pasados, y que ahora toca devolver, por conceptos como el extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE

La policía insta a Interior a aclarar si puede retirar vehículos con la grúa

El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer de que los agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña siguen retirando de la vía pública los vehículos que infringen la normativa de Tráfico, tal y como se ha venido realizando hasta el momento. Sin embargo, ante las posibles interpretaciones de la nueva Ley se ha decidido encargar a los servicios jurídicos un análisis legal del asunto. También desde esta Concejalía que dirige Hilario Rodríguez se subraya que "es importante reseñar que no se ha registrado reclamación alguna a este respecto por parte de los usuarios que obliguen a modificar la actuación de los policías en estos casos".

Nueva legislación

El servicio de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aclara que además de impulsar este estudio legal sobre la modificación de la normativa estatal para retirar vehículos de las vías públicas, va a solicitar a la secretaría técnica del Ministerio del Interior que aclare el contenido del artículo 85 de la nueva Ley de Tráfico, que modifica los términos sobre las competencias en esta materia.

La nueva legislación de Tráfico, que está en vigor desde el pasado 25 de mayo, ha generado algunas dudas en varios municipios españoles sobre la interpretación de la misma a la hora de determinar quién posee la competencia para ordenar la retirada de un vehículo. Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha realizado ninguna recomendación oficial sobre la interpretación de este cambio de la normativa específica para este aspecto.

Las dudas surgen en el punto en el que el texto legal recoge que las competencias para proceder a la retirada de coches de las calles con grúa deben ser realizadas por la "autoridad competente". En algunos municipios de España se ha interpretado que esta atribución corresponde en exclusiva al alcalde. Por ello, en ciertas capitales españolas se ha optado por redactar un decreto a través del cual el primer edil delega estas competencias en la policía local, hasta ahora responsables de prestar este servicio. El problema ha surgido en la interpretación de este punto de la ley lo que ha dado lugar a que varios conductores hayan optado por presentar reclamaciones con el fin de que se les devuelva el dinero pagado por las tasas.

En el caso de Santa Cruz todavía no se ha presentado ninguna reclamación pero no se descarta que comiencen a ir llegando las primeras según se vaya dando a conocer el nuevo texto legal que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo.

Al Ayuntamiento de Santa Cruz, como al resto de corporaciones locales de todo el país, la polémica le ha cogido por sorpresa. Una vez que han tenido conocimiento de lo que ocurre en otros puntos del territorio nacional se ha optado por encargar un análisis jurídico sobre lo que podría ocurrir.

Hasta ahora tan sólo el Sindicato de los Trabajadores de las Administraciones Públicas de Canarias (STAP) ha alzado la voz de alarma en cuanto esta polémica puede traer consigo mayores dificultades a la hora de realizar sus labores.

Por ello, exige al Ayuntamiento que aclare el panorama legal en el que tienen que moverse con el fin de facilitarles al máximo posible su trabajo. El objetivo de la ley era todo el contrario; lo que se buscaba era mejorar la recaudación por esta vía.

Los empresarios piden al Congreso el conocimiento de los puntos que tiene cada uno de sus conductores

La seguridad y eficiencia en el transporte de viajeros por carretera’ fue el título de la jornada celebrada ayer en el INTA, organizada por Asintra en colaboración con la empresa de formación MS Esfor. Muchos fueron los contenidos interesantes, por lo que dividiremos en dos la información.

La jornada comenzó con la intervención de Emilio Olabarría, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Vial en el Congreso. Primero señaló que la Comisión no es legislativa, cosa que le gustaría que cambiase, y diferenció dos fases en su trayectoria, una primera, coincidente con la 1ª legislatura de Zapatero, más de carácter normativo, y una segunda más activa.

Olabarría señaló que trabajan en tres ámbitos de actuación: la necesaria reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para que incluya los accidentes in itinere y los accidentes en misión; la equiparación de las normas de seguridad vial entre las vías interurbanas y las olvidadas vías urbanas (que albergan el 40% de los accidentes); y su intención de convertir la seguridad vial en una asignatura curricular a todos los efectos desde la educación primaria.

El diputado ‘popular’ Federico Souvirón, integrante también de la Comisión en el Congreso, completó la intervención del presidente al añadir que "la política de seguridad vial, en los últimos años, ha sido una ‘orgía’ sancionadora.

Otros países consideran la seguridad vial como un derecho del ciudadano, que comporta una serie de obligaciones, pero aquí sólo vemos deberes por todos lados", destacando sobre todo la opción de pagar la mitad de la cuantía de las multas si se hace por adelantado, lo que es "aberrante", a su juicio, porque elimina la posibilidad de recurrir, en una medida que la población adopta para evitarse los complicados procesos burocráticos del recurso.

Del mismo modo, Souvirón recordó la importancia social del sector del transporte de viajeros por carretera, su eficiencia, ecología y seguridad, y solicitó a las Administraciones que "le atiendan en función de tal relevancia".

Peticiones sectoriales

A continuación, Rafael Barbadillo, secretario general de Asintra, solicitó a ambos diputados el estudio de soluciones relacionadas con dos preocupaciones de los empresarios sectoriales, como son la imposibilidad que tienen de obligar a sus conductores a realizar el test de alcoholemia, y de conocer el saldo de puntos de su plantilla, ya que son datos de carácter privado. Ante tal petición, Emilio Olabarría invitó a Asintra a comparecer en la Comisión del Congreso a exponer éstos y otros asuntos, asegurando que se cursará una petición oficial de comparecencia.

Nueva regulación para las radioemisoras que los transportistas utilizan a bordo de los vehículos

Según ha informado Fenadismer, el Ministerio de Industria aprobó el pasado mes de marzo la Orden ITC/751/2010 modificando el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana (denominado CB-27) como consecuencia de la evolución tecnológica y al compromiso de la Administración de reducir los trámites administrativos y facilitar el acceso al uso de esta banda de frecuencias.

Como consecuencia de dicha modificación, a partir de ahora se suprime la necesidad de disponer de autorización equipo a equipo, sustituyéndola por la autorización general que debe poseer cualquier usuario que pretenda usar este tipo de emisoras, utilizadas muy frecuentemente en el sector del transporte por carretera para comunicarse unos conductores con otros.

En base a la nueva regulación se elimina la limitación existente anteriormente de limitación por autorización, entendiéndose por tanto que quien disponga de autorización CB-27 podrá utilizar cualquier equipo que funcione en dicha banda y cumpla con la normativa vigente. Asimismo se elimina la anterior posibilidad de que los titulares de una autorización CB-27 puedan autorizar a terceras personas el uso de sus radioemisoras.

 Esto es, a partir de ahora el empresario titular de la empresa de transporte no podrá autorizar a sus conductores, sino que ellos mismos deberán obtener su propia autorización.

El alcalde avisa de que las tarifas de Guaguas no se suben que bien

El alcalde de la capital grancanaria, Jerónimo Saavedra, calificó ayer de "disparate" la propuesta planteada ayer por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria de subir el billete de Guaguas Municipales de 1,20 a 1,30 euros para unificarlo con la tarifa mínima que aplicarán Global y el resto de compañías interurbanas.

"Nosotros estamos haciendo políticas sociales", dijo Saavedra, que mantendrá la decisión de no subir el billete de Guaguas y recriminó a la Autoridad Única que "no quiera hacer política social en el transporte". El portavoz del gobierno municipal, Sebastián Franquis, acusó a Nueva Canarias, el partido que dirige el vicepresidente y consejero de Transportes en el Cabildo, Román Rodríguez, de plantear la subida y sostuvo que "el Ayuntamiento ha tomado la decisión de no subir las tarifas y la mantendremos hasta el final".

Por su parte, el gerente de la Autoridad Única del Transporte, Wenceslao Berriel, aclaró que "no se trata de una subida de tarifa sino del mínimo de percepción" para unificar el trayecto de las líneas urbanas a las interurbanas.

"La Autoridad Única no tiene atribuciones para subir las tarifas de Guaguas. Simplemente, se planteó esa posibilidad, para que el Ayuntamiento la aplicara cuando estimara conveniente. La revisión", añadió, "se ha aplicado para no descapitalizar el sistema, debido a la bajada de ingresos por la reducción de viajeros en 2009".

El Gobierno canario no subirá los impuestos, esperamos que no

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha asegurado que “respetan” la decisión adoptada en varias comunidades –entre ellas, Cataluña, Extremadura o Andalucía- de aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes, aunque al mismo tiempo ha explicado que “por lo pronto” esa opción no es contemplada en Canarias.

“En Canarias se ha seguido un ejercicio de austeridad”, indicó, que según los datos aportados durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno ha permitido una reducción del 25% en el gasto corriente desde 2008, lo que posibilita que por ahora no barajen subir los impuestos a corto plazo.

“El límite lo tenemos en que se puedan mantener los servicios públicos esenciales”, dijo Marrero, lo que por lo pronto estaría garantizado. “A día de hoy seguimos manteniendo ese compromiso”, enfatizó, aunque insistió en que quedan pendientes de la “evolución económica” para posibles cambios futuros.

Asimismo, Marrero explicó que la reducción de consejerías –con el fin de reducir el gasto- es una cuestión que podrá estudiarse “en el futuro”, ya que en la actualidad los esfuerzos de Economía y Hacienda están centrados en los recortes de las empresas públicas dependientes del Ejecutivo regional.

“Este mes se presentará el plan de austeridad [en las empresas públicas]”, afirmó, después de que los técnicos del Gobierno canario hayan evaluado en qué elementos vinculados a su funcionamiento o a sus costes se pueden efectuar ajustes.

Se permiten, de forma limitada, nuevos aplazamientos en las cuotas de la Seguridad Social

Ante la inminente finalización del plazo de diferimiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social —concedido en virtud de los Acuerdos entre el Gobierno y las asociaciones de transportes de junio de 2008— que obligaría a aquellas empresas que se hubieran acogido al mismo a abonar, a partir del mes en curso, los importes de las cuotas diferidas más el importe de las cuotas corrientes, las organizaciones miembros del Comité Nacional del Transporte han solicitado al director general de la Tesorería la adopción de medidas o mecanismos que permitan facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, tal como informa Fenadismer.

Ante las diferentes alternativas planteadas por las organizaciones del Sector, la Tesorería General de la Seguridad Social ha establecido una única fórmula de pago para las empresas que hubieran hecho uso del diferimiento.

A partir de la expiración del plazo de diferimiento inicialmente concedido, será obligatorio el pago del importe de la cuota diferida, la cual no llevará recargo ni intereses (tal y como se pactó en junio de 2008) más el pago de la cuota del mes corriente. Ante las dificultades económicas que atraviesa el sector, la Tesorería General admitirá el siguiente sistema de pago:

- La cuota diferida habrá de pagarse en los plazos concedidos en su día para el aplazamiento.

- Se permitirá solicitar un aplazamiento ordinario sobre la cuota corriente (esto es, la correspondiente al mes en curso o sucesivamente los meses siguientes) hasta un máximo de tres meses de aplazamiento, que deberá abonarse en un plazo máximo de 2 años aplicándose los correspondientes intereses.

- Esta posibilidad de aplazamiento ordinario se podrá hacer un máximo de tres veces, pudiendo ser de tres meses consecutivos, si bien será necesario solicitar los aplazamientos mes a mes.

- Excepcionalmente, en razón de problemas de liquidez realmente extraordinarios, se permitirá la solicitud de un Aplazamiento Ordinario de la cuota corriente correspondiente a cinco meses, a devolver con intereses en el mismo plazo de dos años.

- Si se desea solicitar el aplazamiento a cinco meses, será necesario aportar un certificado de la asociación profesional a la que pertenezca la empresa acreditativo de su honorabilidad empresarial.

- Las solicitudes de aplazamiento se efectuaran ante las Direcciones Provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social a través de un escrito invocando la situación económica del sector y los particulares problemas de liquidez de la empresa.

- Estas solicitudes de aplazamiento deberán realizarse antes de finalizar el año 2010.

En resumen, aquellas empresas que se acogieron al diferimiento de cuotas y ahora opten por un nuevo aplazamiento, tendrán que abonar en los plazos de aplazamiento inicialmente concedidos las cuotas cuyo aplazamiento estuviera ya vencido, y además las cuotas corrientes, más las venticuatroavas partes de las nuevas cuotas que se soliciten aplazar.