El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer de que los agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña siguen retirando de la vía pública los vehículos que infringen la normativa de Tráfico, tal y como se ha venido realizando hasta el momento. Sin embargo, ante las posibles interpretaciones de la nueva Ley se ha decidido encargar a los servicios jurídicos un análisis legal del asunto. También desde esta Concejalía que dirige Hilario Rodríguez se subraya que "es importante reseñar que no se ha registrado reclamación alguna a este respecto por parte de los usuarios que obliguen a modificar la actuación de los policías en estos casos".
Nueva legislación
El servicio de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aclara que además de impulsar este estudio legal sobre la modificación de la normativa estatal para retirar vehículos de las vías públicas, va a solicitar a la secretaría técnica del Ministerio del Interior que aclare el contenido del artículo 85 de la nueva Ley de Tráfico, que modifica los términos sobre las competencias en esta materia.
La nueva legislación de Tráfico, que está en vigor desde el pasado 25 de mayo, ha generado algunas dudas en varios municipios españoles sobre la interpretación de la misma a la hora de determinar quién posee la competencia para ordenar la retirada de un vehículo. Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha realizado ninguna recomendación oficial sobre la interpretación de este cambio de la normativa específica para este aspecto.
Las dudas surgen en el punto en el que el texto legal recoge que las competencias para proceder a la retirada de coches de las calles con grúa deben ser realizadas por la "autoridad competente". En algunos municipios de España se ha interpretado que esta atribución corresponde en exclusiva al alcalde. Por ello, en ciertas capitales españolas se ha optado por redactar un decreto a través del cual el primer edil delega estas competencias en la policía local, hasta ahora responsables de prestar este servicio. El problema ha surgido en la interpretación de este punto de la ley lo que ha dado lugar a que varios conductores hayan optado por presentar reclamaciones con el fin de que se les devuelva el dinero pagado por las tasas.
En el caso de Santa Cruz todavía no se ha presentado ninguna reclamación pero no se descarta que comiencen a ir llegando las primeras según se vaya dando a conocer el nuevo texto legal que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo.
Al Ayuntamiento de Santa Cruz, como al resto de corporaciones locales de todo el país, la polémica le ha cogido por sorpresa. Una vez que han tenido conocimiento de lo que ocurre en otros puntos del territorio nacional se ha optado por encargar un análisis jurídico sobre lo que podría ocurrir.
Hasta ahora tan sólo el Sindicato de los Trabajadores de las Administraciones Públicas de Canarias (STAP) ha alzado la voz de alarma en cuanto esta polémica puede traer consigo mayores dificultades a la hora de realizar sus labores.
Por ello, exige al Ayuntamiento que aclare el panorama legal en el que tienen que moverse con el fin de facilitarles al máximo posible su trabajo. El objetivo de la ley era todo el contrario; lo que se buscaba era mejorar la recaudación por esta vía.
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