Este acuerdo persigue, como objetivo principal, establecer un sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, y Turno de Oficio, que garantice ese derecho a todos aquellos ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar, informa el Ejecutivo regional en un comunicado..
En este sentido, la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad hará llegar a las autoridades policiales y judiciales oportunas las comunicaciones necesarias para que las personas que reciban de oficio asistencia letrada, si no les es reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sean debidamente informadas de su obligación de abonar los honorarios por la intervención de abogados y procuradores.
El nuevo sistema, dimanante del documento rubricado hoy y al que no se ha adherido el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, establece unos criterios homogéneos y una mejora en el control efectivo del gasto a los Colegios de Abogados de Canarias, garantizando que se apliquen los módulos de compensación de manera uniforme, añade la administración.
CRITERIOS
Estos criterios se establecen “de común acuerdo” entre el Gobierno y los Colegios de Abogados para facilitar la gestión de los recursos públicos.
Para ello, según el Ejecutivo regional, se determinan los turnos de guardia “necesarios que garanticen la eficacia y calidad, en la atención a los ciudadanos; y eficiencia, en la aplicación de los fondos públicos, en unos momentos en los que todas las administraciones deben racionalizar sus gastos para garantizar los servicios esenciales”.
Asimismo, la información sobre la gestión y tramitación de la Asistencia Jurídica Gratuita (AJG) será canalizada a través de una nueva herramienta informática que permita mejorar la gestión del procedimiento de reconocimiento de este derecho por parte de las Comisiones de AJG de Canarias.
Esta herramienta integrará las actuaciones que corresponden a los Colegios Profesionales en las diversas fases del procedimiento.
Por su parte, la Consejería regional de Presidencia, Justicia y Seguridad se compromete, a su vez, a impulsar que estas Comisiones tramiten con “la máxima diligencia y celeridad posible”, en los plazos legalmente establecidos, los expedientes que se remitan por los Colegios de Abogados.
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