El gasto farmacéutico descendió en junio un 9,17 por ciento en Canarias

El gasto farmacéutico descendió en junio un 9,17 por ciento en Canarias en relación al mismo mes de 2009, según los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas, que colocaron al archipiélago donde el descenso fue mayor.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 1.022.368.899 euros en el pasado mes de junio, lo que supone un 2,67 por ciento menos que en junio del año anterior y sitúa sitúa el crecimiento interanual en el 4,03 por ciento.

Por comunidades autónomas, Canarias ha sido en donde más se ha reducido el gasto con un 9,17 por ciento menos que en junio del mes anterior. En cambio, Melilla ha tenido el mayor aumento con un 12,34 por ciento más.

El gasto medio por receta ha descendido en todas las comunidades, siendo Canarias la que registra una bajada mayor (-10,34 por ciento) y Melilla el menos descenso (0,93 por ciento).

Respecto a las recetas facturadas, la Comunidad Valenciana es la única donde el número ha descendido respecto al año pasado con un 0,13 por ciento menos, Melilla es la que más ha incrementado su número con un 13,40 por ciento más.

Según ha explicado el Ministerio, este descenso refleja que “empiezan a surtir efecto las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el gasto público en materia farmacéutica”. El pasado 1 de junio entraron en vigor las deducciones del 7,5 por ciento (el 4 por ciento en el caso de los medicamentos huérfanos) aplicadas a los medicamentos que se han dispensado con cargo a fondos públicos no siendo genéricos ni estando afectados por el sistema de precios de referencia.

En lo referente al gasto medio por receta, el dato del pasado mes de junio se sitúa en un -6,19 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que coloca el crecimiento interanual del gasto medio en un -0,70 por ciento.

Por lo que respecta al número de recetas facturadas en junio (80.736.255), el número ha crecido un 3,75 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa el aumento interanual en el 4,76 por ciento.

Asimismo, el ministerio ha mostrado su agradecimiento a todas las Comunidades Autónomas y a los profesionales sanitarios su esfuerzo en la promoción del uso racional de los medicamentos, ya que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad financiera del SNS.

Igualmente, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha negado que se estén produciendo retrasos a la hora de hacer pública esta información ya que “están utilizando las mismas herramientas y sistemas de medición de siempre”. Además, ha recordado que “si hay algo que les ha caracterizado es la transparencia, sobre todo cuando los datos son tan buenos”.

El Gobierno adapta a la legislación comunitaria la nueva reglamentación del transporte terrestre

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 16 de julio un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), con el objetivo de adaptarlo a lo establecido por la norma legal conocida como Ley Ómnibus (Ley 25/2009), sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

No se modifica la regulación actual para vehículos con conductor, y se suprime el requisito de autorización para arrendar vehículos sin conductor, aunque manteniendo la regulación de esa actividad y el uso de los vehículos arrendados.

En el proceso de elaboración del Real Decreto aprobado por el Gobierno, el Ministerio de Fomento ha tenido en cuenta las posiciones expresadas tanto en el Comité Nacional del Transporte por Carretera como en Consejo Nacional de Transportes Terrestres, así como a las respectivas Direcciones de Transportes de todas las Comunidades Autónomas.

La práctica totalidad de las modificaciones que se introducen en el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) mediante la norma aprobada, son de carácter técnico y paralelas a las que han afectado a la propia Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por el artículo 21 de la citada Ley Ómnibus.

Por lo que se refiere al arrendamiento de vehículos con conductor, se mantienen sin modificación alguna los requisitos exigidos actualmente para el ejercicio de la actividad.

La principal novedad normativa afecta a la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor, para la que se suprime la exigencia de autorización, si bien se mantiene y sigue vigente la regulación relativa al ejercicio de la actividad y al uso de vehículos arrendados.

Autorizaciones

Por último, el Real Decreto suprime las referencias a las autorizaciones de los centros logísticos y de transporte y la regulación de los centros de información y distribución de cargas, en línea con las modificaciones ya aprobadas en la LOTT.

Tráfico pone en marcha una nueva campaña de control del uso del cinturón de seguridad en autobuses

Durante toda esta semana, y coincidiendo con la campaña que lleva a cabo la Organización Internacional de Policías de Tráfico (Tispol) simultáneamente en más de 25 países europeos, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlará más de 4.000 autobuses y inspeccionando al vehículo y sus conductores.

Los agentes verificarán sobre todo el uso correcto del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención en aquellos autobuses que vayan provistos de dicho elemento. Desde octubre de 2007 no se matricula ningún autocar que no vaya provisto de este dispositivo de seguridad.

Los estudios disponibles demuestran que los ocupantes de autocares que utilizan el cinturón de seguridad en el momento del accidente tienen una probabilidad significativamente menor de sufrir lesiones graves o mortales. El uso del cinturón es especialmente importante durante los vuelcos, que constituyen el tipo de accidente de autocar más severo.

El conductor y los usuarios de este medio de transporte están obligados a llevar el cinturón correctamente abrochado si el vehículo los tiene disponibles, tanto si se circula por vías urbanas como por interurbanas. No llevar abrochado el cinturón de seguridad es una infracción grave que lleva aparejada una sanción de 200 euros. La responsabilidad económica de dicha denuncia es del ocupante del autocar.

Además del cinturón de seguridad, los agentes verificarán las condiciones técnicas del vehículo y comprobarán que la documentación que debe tener dicho vehículo sea la correcta para la prestación del servicio a que se destina. Además, se comprobará el tacógrafo, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor en referencia a su permiso para conducir o los tiempos de conducción y descanso. Igualmente se les realizarán controles de alcoholemia para comprobar que cumplen la normativa vigente.

También serán objeto de vigilancia y control las infracciones que puedan cometer estos vehículos en operación, como excesos de velocidad, invasión del carril ajeno o no mantener la distancia de seguridad.

Transporte seguro

A pesar de que la accidentalidad de los autobuses se registra sobre todo en zona urbana, es en carretera donde se producen la mayoría de los fallecidos ocupantes de estos vehículos. En 2009, de las 1.903 víctimas mortales (datos provisionales a 24 horas) que se produjeron en las carreteras españolas, 18 de ellas iban en autobús, lo que supone menos de un 1% del total. En lo que llevamos de año, se han producido nueve accidentes mortales en los que ha estado implicado algún autobús y 11 personas (datos provisionales a 24 horas) han fallecido como consecuencia de dichos accidentes, una de las cuales era ocupante de autobús.

Quien lo entiende Industria autoriza el uso del móvil durante el vuelo

Los pasajeros abonados a compañías de telefonía móvil que hayan suscrito un acuerdo con el operador prestador de comunicaciones a bordo de aviones MCA (Mobile Communication on Aircraft) pueden disponer de servicios de telefonía en vuelo, según la nueva Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

De esta forma, la nueva normativa permite disfrutar este servicio de comunicaciones durante los vuelos a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el suelo utilizando los terminales de cada abonado y con las mismas prestaciones que ofrecen las redes terrestres con tecnología de segunda generación GSM.

Asimismo, con el fin de incrementar los niveles de seguridad, garantía y control para la prestación de este servicio, en un entorno "sensible" como es el del tráfico aéreo, la Orden aprobada introduce la "cautela de exigencia de identificación" de los operadores, señaló Industria.

La Orden Ministerial, que regula tanto los aspectos técnicos como las condiciones que deben cumplir los operadores que deseen prestar este servicio, recoge que, para la prestación en aeronaves en vuelo, el servicio MCA requiere la definición de unas condiciones técnicas de funcionamiento armonizadas que aseguren su continuidad transfronteriza establecidas por la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha establecido, además, una serie de recomendaciones a los estados miembros destinadas a armonizar la normativa reguladora de la prestación del servicio MCA, dejando a la voluntad de éstos la exigencia o no de una concesión administrativa.

En concreto, en el caso de prestación en aeronaves bajo bandera española, se exige una concesión. Si se trata de aviones bajo bandera extranjera, la identificación se exige mediante notificación a la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones ya que, de acuerdo con la legislación internacional sobre aviación civil, el espacio de la aeronave se considera bajo jurisdicción del país en el que se encuentra matriculada.

Canarias recibe un 16,08% más de pasajeros extranjeros en junio

Según los países de procedencia, los noruegos visitaron Canarias un 58,39 por ciento más que el pasado año en el mes de junio, mientras los franceses y los belgas también aumentaron sus visitas a las Islas, con un ascenso del 46,59 por ciento y 46,01 por ciento, respectivamente.

Por islas, la que ha registrado un mayor ascenso ha sido Fuerteventura, que creció durante el mes de junio un 30,04 por ciento en el número de pasajeros foráneos. Le siguen Lanzarote, con un aumento del 17,40 por ciento; Gran Canaria, con un 17,18 por ciento; Tenerife, con un 8,60 por ciento; y La Palma con un 3,73 por ciento más.

15% MÁS DE PLAZAS AÉREAS

En cuanto a la reserva de plazas aéreas, el archipiélago cuenta con un 15 por ciento más de plazas aéreas que el verano pasado, tanto para la Península como para el resto de Europa.

El aeropuerto de Fuerteventura es el que experimenta un ascenso superior, con un 31 por ciento; seguido de Lanzarote, con un 17 por ciento; Gran Canaria, con un 13 por ciento; y Tenerife Sur, con un 12 por ciento; Tenerife Norte, con un 4 por ciento. La Palma, por su parte, es la isla que aún cuenta con números negativos, con un 2 por ciento menos de reservas de plazas.

No obstante, para el Ejecutivo autonómico "es significativo" el incremento del número de plazas aéreas para la isla de La Palma en nuevos mercados como Bélgica y Suiza, con un 3 por ciento más para la temporada estival.

Asimismo, el mercado británico se ha visto reforzado en la Isla Bonita con un incremento del 20% en la reserva de asientos de avión. "Ambos datos han mejorado sustancialmente las perspectivas estivales para La Palma", destacó la consejera de Turismo, Rita Martín.

Martín calificó de "excelente noticia" la diversificación de la oferta hacia otros mercados que complementan a los ya consolidados como Reino Unido y Alemania y que" amplían el abanico para atraer a potenciales turistas a Canarias".

Canarias debe reducir otros 250 millones de euros de su Presupuesto para 2011

Canarias tendrá que recortar el próximo año otros 250 millones (además de los 1.069 millones acordados con anterioridad, es decir, 1.319 millones) como consecuencia del acuerdo adoptado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para reducir en cuatro décimas el déficit en el que podrán incurrir en 2011 el conjunto de las regiones.

 Ese es al menos el cálculo que hizo el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, tras dar su "apoyo crítico" a una nueva revisión del plan de austeridad para hacer frente a la reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de reducirlo del 11,2% actual al 3% en 2013 y que para las Comunidades Autónomas supondrá que ya no podrán incurrir en el 1,7 del PIB su déficit, tal como se acordó en marzo, sino que sólo podrán hacerlo en el 1,3%.

Soria reconoció que ese nuevo ajuste de 250 millones habría que sumarlo teóricamente al de 1.069 millones que él ya ha avanzado para el próximo año respecto a los presupuestos en vigor. Pero confió en que finalmente el tijeretazo no supere la cantidad ya anunciada como consecuencia de los ingresos que Canarias espera recibir por la vía de la financiación autonómica.

El vicepresidente lo explicó así: "Esperamos que en cuanto al ajuste de los recursos del sistema de financiación autonómica haya un aumento, con lo cual se compense y no tengamos que ir a un ajuste mayor de los 1.069 previstos".

El también consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, ya auguró el pasado mes de abril que el recorte prespuestario para el próximo ejercicio será inevitable si se suman los 600 millones que está previsto que Canarias deje de recibir del sistema de financiación autonómica, los aproximadamente 340 a que estará obligado el Gobierno por la imposición a todas las administraciones del Estado de reducir el déficit público en proporción superior a 2010, y lo que representarán algunas liquidaciones favorables al Estado en ejercicios pasados, y que ahora toca devolver, por conceptos como el extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE

La policía insta a Interior a aclarar si puede retirar vehículos con la grúa

El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer de que los agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña siguen retirando de la vía pública los vehículos que infringen la normativa de Tráfico, tal y como se ha venido realizando hasta el momento. Sin embargo, ante las posibles interpretaciones de la nueva Ley se ha decidido encargar a los servicios jurídicos un análisis legal del asunto. También desde esta Concejalía que dirige Hilario Rodríguez se subraya que "es importante reseñar que no se ha registrado reclamación alguna a este respecto por parte de los usuarios que obliguen a modificar la actuación de los policías en estos casos".

Nueva legislación

El servicio de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aclara que además de impulsar este estudio legal sobre la modificación de la normativa estatal para retirar vehículos de las vías públicas, va a solicitar a la secretaría técnica del Ministerio del Interior que aclare el contenido del artículo 85 de la nueva Ley de Tráfico, que modifica los términos sobre las competencias en esta materia.

La nueva legislación de Tráfico, que está en vigor desde el pasado 25 de mayo, ha generado algunas dudas en varios municipios españoles sobre la interpretación de la misma a la hora de determinar quién posee la competencia para ordenar la retirada de un vehículo. Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha realizado ninguna recomendación oficial sobre la interpretación de este cambio de la normativa específica para este aspecto.

Las dudas surgen en el punto en el que el texto legal recoge que las competencias para proceder a la retirada de coches de las calles con grúa deben ser realizadas por la "autoridad competente". En algunos municipios de España se ha interpretado que esta atribución corresponde en exclusiva al alcalde. Por ello, en ciertas capitales españolas se ha optado por redactar un decreto a través del cual el primer edil delega estas competencias en la policía local, hasta ahora responsables de prestar este servicio. El problema ha surgido en la interpretación de este punto de la ley lo que ha dado lugar a que varios conductores hayan optado por presentar reclamaciones con el fin de que se les devuelva el dinero pagado por las tasas.

En el caso de Santa Cruz todavía no se ha presentado ninguna reclamación pero no se descarta que comiencen a ir llegando las primeras según se vaya dando a conocer el nuevo texto legal que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo.

Al Ayuntamiento de Santa Cruz, como al resto de corporaciones locales de todo el país, la polémica le ha cogido por sorpresa. Una vez que han tenido conocimiento de lo que ocurre en otros puntos del territorio nacional se ha optado por encargar un análisis jurídico sobre lo que podría ocurrir.

Hasta ahora tan sólo el Sindicato de los Trabajadores de las Administraciones Públicas de Canarias (STAP) ha alzado la voz de alarma en cuanto esta polémica puede traer consigo mayores dificultades a la hora de realizar sus labores.

Por ello, exige al Ayuntamiento que aclare el panorama legal en el que tienen que moverse con el fin de facilitarles al máximo posible su trabajo. El objetivo de la ley era todo el contrario; lo que se buscaba era mejorar la recaudación por esta vía.