Fenebus no ha tardado ni 24 horas en rechazar los dos informes presentados el pasado lunes por la Comisión Nacional de Competencia, atacando de nuevo al Protocolo que consensuaron el Ministerio de Fomento y las asociaciones empresariales e interlocutores sociales y a la prórroga de las concesiones autonómicas.
La Comisión Nacional de la Competencia ha vuelto a publicar ayer dos informes en los que ataca de nuevo tanto al Protocolo que consensuaron el Ministerio de Fomento y las asociaciones empresariales e interlocutores sociales, como a la decisión de la mayoría de las comunidades autónomas de prorrogar las concesiones de su competencia a través de las correspondientes leyes autonómicas de transportes.
En el primer caso, Competencia cita textualmente que, tras analizar las modificaciones que llevó a cabo Fomento para acallar las críticas que realizó con el primer informe publicado el 2 de septiembre de 2008, considera que “los nuevos pliegos de los concursos diseñados siguen siendo altamente insatisfactorios desde el punto de vista de la competencia”.
Además, asegura que “la evidencia obtenida a partir de los concursos celebrados permite constatar que el juego competitivo de los mismos es muy deficiente” y augura que “de no introducirse cambios drásticos” en los futuros concursos se elimina el carácter competitivo en el procedimiento de acceso a las concesiones y “se perpetua la renovación de las concesiones”.
Para Fenebus, este nuevo ataque de Competencia, "que debería ser más respetuosa con las decisiones que se han tomado de forma unánime entre Fomento y los interlocutores sociales afectados a través de sus legítimas representaciones asociativas, demuestra un total desconocimiento del transporte de viajeros por carretera.
La entidad debería tener en cuenta que los concursos actuales difieren radicalmente de los convocados a finales de los años '80 y principios de los '90, ya que en aquel momento la rentabilidad de las líneas estaba asegurada", indican en su newsletter semanal al respecto de los pliegos de condiciones de las concesiones estatales.
Ahora, continúan "lo más probable es que no exista demasiada concurrencia en los concursos porque la competencia de otros modos como el ferroviario con el AVE o las líneas aéreas low cost han reducido o hecho desaparecer la rentabilidad en muchos de los servicios que presta el transporte por carretera".
Acerca de las prórrogas autonómicas
Respecto a la prórroga de las concesiones que han firmado las comunidades autónomas, para Fenebus resulta curioso que todas las que han prorrogado sus concesiones lo han hecho de acuerdo con el Reglamento europeo 1370 sobre obligaciones de servicio público, que establece plazos de 10 años más un 50% en caso de mejoras significativas en el servicio.
De hecho, las autonomías han exigido a los operadores importantes inversiones para la mejora del servicio y la accesibilidad al transporte y han respetado íntegramente el texto comunitario. Las únicas excepciones han sido Cataluña y La Rioja, porque publicaron sus respectivas leyes de transportes antes de que el Reglamento viese la luz, y Canarias, Comunidad Autónoma a la que la norma comunitaria ofrece una excepcionalidad debido a su condición de región ultraperiférica".
En segundo lugar, todas las leyes publicadas por las comunidades autónomas han sido aprobadas y ratificadas por sus respectivos parlamentos que, además de soberanos, son territorialmente los competentes, por lo que podrían ser ellos, en última instancia, quienes denunciasen a la Comisión Nacional de la Competencia por estos informes que de alguna forma representan una intromisión en su soberanía.
A Fenebus cada día le preocupa más esta obsesión constante de la CNC contra las empresas privadas de transporte tanto urbano como interurbano de viajeros por carretera, "cuando no dice ni hace nada respecto a la actuación de empresas públicas como Renfe, a quien la Comisión Europea ha obligado recientemente a suspender las ayudas ilegales que recibía para compensar precios por debajo de costes, o las EMT de muchas ciudades españolas que continúan siendo públicas y actuando como auténticos monopolios y sin plazos prefijados en la prestación de los servicios".
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