Después de varias reuniones en las que se han barajado distintas posibilidades para llegar a un ahorro económico, la empresa pública de transportes Titsa ha aceptado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) suspensivo propuesto por el sindicato Intersindical Canaria (IC).
Esta medida -tal y como recoge la sugerencia- solo se aplicaría en lo que se conoce como personal en movimiento, esto es conductores y jefes de servicio. Así, en torno a 1.200 trabajadores de la compañía irían al paro durante unos 22 días al año, cobrando en este tiempo el subsidio de desempleo, con el consiguiente ahorro de la empresa, según ha podido saber este medio por diferentes fuentes sindicales presentes en la reunión celebrada ayer. A ello se unirían modificaciones en las jornadas laborales de los departamentos de talleres y administración (al no estar incluidos en el ERE).
Con esta medida, a la que aún le seguirán otra serie de acciones que se están negociando, la compañía podría ahorrar en torno a los 4,8 millones de euros. De esta manera se busca una alternativa al ERE extintivo presentado por la empresa en la Autoridad Laboral el pasado 10 de abril y que supondría el despido de un total de 117 trabajadores.
A pesar de que el ERE suspensivo esté prácticamente aprobado por la mesa de negociación, a falta de algunos flecos -ya que el plazo se vence el próximo jueves- todavía no hay un acuerdo unánime por parte de los tres sindicatos, ya que mientras IC y CC.OO le dan el visto bueno a esta acción, los miembros de UGT parecen no tener claro que ésta sea la decisión definitiva a tomar. Uno de los elementos en lo que tampoco hay consenso es en la unificación de los convenios colectivos de los sectores urbano e interurbano.
Pese a ello, se está trabajando en esta medida, puesto que la empresa ya ha denunciado estos documentos. Aún así, según indicaron, en el encuentro de ayer -que se prolongó durante unas cuatro horas- los representantes de Titsa se han comprometido a respetar las diferencias salariales en la unificación de ambas plantillas, entre otras cuestiones.
Con el fin de intentar evitar la ejecución de los 117 despidos, Titsa comenzó a negociar con los sindicatos diferentes alternativas, ya que el objetivo de la empresa es reducir en torno a 7,5 millones de euros por año, de los cuales 4,8 se deben corresponder a recortes en el ámbito de los trabajadores.
Por su parte, tanto los miembros de IC, como los de UGT presentaron sendas propuestas, aunque cada una de ellas en diferentes direcciones.
Así, mientras que el primer sindicato apuesta por el ERE temporal, entre otras cuestiones (que finalmente ha sido la elegida por la empresa), el segundo propone la reducción salarial y de jornada y la reordenación del departamento de administración. Esta última sugerencia ha sido descartada por la compañía al entender que “no cuadraban los números”.
A lo largo de los últimos años, la empresa ha venido arrastrando un déficit importante que, debido a la nueva normativa estatal de estabilidad presupuestaria, a partir de ahora este tipo de entidades no se podría permitir. Además, no solo se pone en peligro la continuidad de la propia Titsa, sino que al aprobarse el plan de ajuste del Cabildo, si la compañía de transporte no cumple con los recortes recogidos en el citado documento pone en peligro la situación financiera del resto de empresas públicas insulares y de la propia Corporación.
Por ello, junto a este reajuste en plantilla, que será el primer paso, la entidad prevé llevar a cabo una reordenación de líneas, con el fin de ahorrar 1,4 millones de kilómetros en recorridos al año y también un reajuste en las bonificaciones y en las tarifas a los usuarios.
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