La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, ha anunciado este lunes que en el archipiélago no se aplicará el Real Decreto Ley 25/2012 por el que se regula la participación forzosa de los desempleados en la reparación de daños tras los incendios hasta que no se hayan adoptado las medidas de desarrollo. "Mientras tanto, continuaremos a la espera de que dicho desarrollo se produzca", ha subrayado en un comunicado.
Ramos ha explicado que el Gobierno de Canarias valora negativamente estas últimas medidas adoptadas por el Gobierno central. A su juicio, esta medida tiene un evidente carácter sancionador. "Castiga a los desempleados por su condición y recuerda la doctrina de la remisión de penas", ha precisado.
En esta línea, la consejera regional de Empleo indica que "el Gobierno de Rajoy insiste en considerar a los desempleados como culpables de su situación de paro, despilfarradores de prestaciones y gasto público, castigándoles a realizar trabajos forzosos en compensación por las prestaciones que reciben".
"El Gobierno de Canarias desea hacer hincapié en que las prestaciones y subsidios que se abonan a los desempleados son resultado de sus cotizaciones mientras han estado trabajando. No es un acto de beneficencia, es un derecho subjetivo que emana de las leyes reguladoras del sistema de Seguridad Social", ha recordado Ramos.
EVITAR LA CREACIÓN DE EMPLEO
En segundo lugar, la consejera de Empleo plantea que "estas políticas contribuyen a contraer las expectativas de creación de empleo, por lo que vienen a enfrentar los intereses de quienes buscan empleo y quienes perciben prestaciones".
"Las posibilidades de generar empleo con planes y programas para recuperar la masa forestal, limpiar escombros de los montes, reparar viviendas y senderos afectados colisiona con esta medida que parece encaminada a evitar la creación de nuevos puestos de trabajo", ha expuesto.
En tercer lugar, Margarita Ramos argumenta que estas medidas anunciadas no incorporan regulación alguna sobre las condiciones de trabajo de los desempleados que realicen labores de colaboración social.
"Hay una remisión a un Decreto de 1982, es decir, una norma de hace nada más y nada menos que 30 años, para regular un supuesto verdaderamente extraordinario como es éste en un momento en que nuestro país casi alcanza el 25 por ciento de tasa de paro", ha precisado.
En su opinión, se necesita ordenación jurídica sobre la jornada de trabajo, los períodos de descanso, medidas de seguridad, prevención de riesgos laborales y aseguramiento sobre accidentes de trabajo.
DERECHOS Y DEBERES
"¿Quién se hace responsable del cumplimiento de deberes sobre seguridad y salud de estos desempleados?, ¿quién asume la responsabilidad de accidentes de trabajo?", se ha preguntado Ramos, que advierte también de que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) exige la protección de todos los trabajadores, sean de la nacionalidad que sean y del grado de cualificación de que se trate, en materia de accidentes de trabajo y para ello exige contrato de trabajo.
"Es lo que niega el Gobierno de Rajoy a estas personas, un contrato de trabajo para prestar trabajo de forma libre y asalariada, exigiendo a cambio prestaciones de Seguridad Social contraprestaciones de trabajo obligado", ha indicado.
Según señala la consejera, para evitar la contravención de los convenios de la OIT, el Gobierno de Rajoy tendrá que dar una "regulación completamente diferente" a esta figura.
La consejera también ha anunciado que el Gobierno canario pedirá al Ministerio de Empleo que se establezca un régimen que aclare la existencia o no de relación de trabajo, la responsabilidad en materia de seguridad y salud de los desempleados, la responsabilidad por accidentes de trabajo y, sobre todo, la garantía de que las personas desempleadas involucradas en una iniciativa como la que se ha presentado reúnen las capacidades, aptitudes y formación profesional adecuada.
"El Gobierno de Canarias rechaza que esta medida se haya introducido de forma generalizada", ha concluido la consejera.
"CASTIGO" POR HABER PERDIDO EL EMPLEO
La consejera se pregunta también si cree el Gobierno de Rajoy que quienes están en paro son sólo peones de la construcción. "¿Ignora, acaso, que las listas del desempleo están repletas de enfermeros, doctoras, ingenieros, profesores o arquitectas que buscan desesperadamente empleo?, ¿terminarán siendo enviados a trabajos de colaboración social en castigo por haber sido despedidos, por haber perdido su trabajo, por haber sufrido las consecuencias de ERE y concursos en las empresas en que trabajaban?", se ha preguntado.
Ramos alerta de que los parados no tendrán tiempo para "buscar activamente empleo", que es lo que también se les exigen desde el primer momento en que se inscriben como demandantes de prestaciones y subsidios o como beneficiarios del plan 'Prepara'.
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