Canarias debe reducir otros 250 millones de euros de su Presupuesto para 2011

Canarias tendrá que recortar el próximo año otros 250 millones (además de los 1.069 millones acordados con anterioridad, es decir, 1.319 millones) como consecuencia del acuerdo adoptado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para reducir en cuatro décimas el déficit en el que podrán incurrir en 2011 el conjunto de las regiones.

 Ese es al menos el cálculo que hizo el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, tras dar su "apoyo crítico" a una nueva revisión del plan de austeridad para hacer frente a la reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de reducirlo del 11,2% actual al 3% en 2013 y que para las Comunidades Autónomas supondrá que ya no podrán incurrir en el 1,7 del PIB su déficit, tal como se acordó en marzo, sino que sólo podrán hacerlo en el 1,3%.

Soria reconoció que ese nuevo ajuste de 250 millones habría que sumarlo teóricamente al de 1.069 millones que él ya ha avanzado para el próximo año respecto a los presupuestos en vigor. Pero confió en que finalmente el tijeretazo no supere la cantidad ya anunciada como consecuencia de los ingresos que Canarias espera recibir por la vía de la financiación autonómica.

El vicepresidente lo explicó así: "Esperamos que en cuanto al ajuste de los recursos del sistema de financiación autonómica haya un aumento, con lo cual se compense y no tengamos que ir a un ajuste mayor de los 1.069 previstos".

El también consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, ya auguró el pasado mes de abril que el recorte prespuestario para el próximo ejercicio será inevitable si se suman los 600 millones que está previsto que Canarias deje de recibir del sistema de financiación autonómica, los aproximadamente 340 a que estará obligado el Gobierno por la imposición a todas las administraciones del Estado de reducir el déficit público en proporción superior a 2010, y lo que representarán algunas liquidaciones favorables al Estado en ejercicios pasados, y que ahora toca devolver, por conceptos como el extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTE

La policía insta a Interior a aclarar si puede retirar vehículos con la grúa

El Ayuntamiento de Santa Cruz informó ayer de que los agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña siguen retirando de la vía pública los vehículos que infringen la normativa de Tráfico, tal y como se ha venido realizando hasta el momento. Sin embargo, ante las posibles interpretaciones de la nueva Ley se ha decidido encargar a los servicios jurídicos un análisis legal del asunto. También desde esta Concejalía que dirige Hilario Rodríguez se subraya que "es importante reseñar que no se ha registrado reclamación alguna a este respecto por parte de los usuarios que obliguen a modificar la actuación de los policías en estos casos".

Nueva legislación

El servicio de Seguridad Ciudadana y Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aclara que además de impulsar este estudio legal sobre la modificación de la normativa estatal para retirar vehículos de las vías públicas, va a solicitar a la secretaría técnica del Ministerio del Interior que aclare el contenido del artículo 85 de la nueva Ley de Tráfico, que modifica los términos sobre las competencias en esta materia.

La nueva legislación de Tráfico, que está en vigor desde el pasado 25 de mayo, ha generado algunas dudas en varios municipios españoles sobre la interpretación de la misma a la hora de determinar quién posee la competencia para ordenar la retirada de un vehículo. Hasta ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha realizado ninguna recomendación oficial sobre la interpretación de este cambio de la normativa específica para este aspecto.

Las dudas surgen en el punto en el que el texto legal recoge que las competencias para proceder a la retirada de coches de las calles con grúa deben ser realizadas por la "autoridad competente". En algunos municipios de España se ha interpretado que esta atribución corresponde en exclusiva al alcalde. Por ello, en ciertas capitales españolas se ha optado por redactar un decreto a través del cual el primer edil delega estas competencias en la policía local, hasta ahora responsables de prestar este servicio. El problema ha surgido en la interpretación de este punto de la ley lo que ha dado lugar a que varios conductores hayan optado por presentar reclamaciones con el fin de que se les devuelva el dinero pagado por las tasas.

En el caso de Santa Cruz todavía no se ha presentado ninguna reclamación pero no se descarta que comiencen a ir llegando las primeras según se vaya dando a conocer el nuevo texto legal que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo.

Al Ayuntamiento de Santa Cruz, como al resto de corporaciones locales de todo el país, la polémica le ha cogido por sorpresa. Una vez que han tenido conocimiento de lo que ocurre en otros puntos del territorio nacional se ha optado por encargar un análisis jurídico sobre lo que podría ocurrir.

Hasta ahora tan sólo el Sindicato de los Trabajadores de las Administraciones Públicas de Canarias (STAP) ha alzado la voz de alarma en cuanto esta polémica puede traer consigo mayores dificultades a la hora de realizar sus labores.

Por ello, exige al Ayuntamiento que aclare el panorama legal en el que tienen que moverse con el fin de facilitarles al máximo posible su trabajo. El objetivo de la ley era todo el contrario; lo que se buscaba era mejorar la recaudación por esta vía.

Los empresarios piden al Congreso el conocimiento de los puntos que tiene cada uno de sus conductores

La seguridad y eficiencia en el transporte de viajeros por carretera’ fue el título de la jornada celebrada ayer en el INTA, organizada por Asintra en colaboración con la empresa de formación MS Esfor. Muchos fueron los contenidos interesantes, por lo que dividiremos en dos la información.

La jornada comenzó con la intervención de Emilio Olabarría, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Vial en el Congreso. Primero señaló que la Comisión no es legislativa, cosa que le gustaría que cambiase, y diferenció dos fases en su trayectoria, una primera, coincidente con la 1ª legislatura de Zapatero, más de carácter normativo, y una segunda más activa.

Olabarría señaló que trabajan en tres ámbitos de actuación: la necesaria reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para que incluya los accidentes in itinere y los accidentes en misión; la equiparación de las normas de seguridad vial entre las vías interurbanas y las olvidadas vías urbanas (que albergan el 40% de los accidentes); y su intención de convertir la seguridad vial en una asignatura curricular a todos los efectos desde la educación primaria.

El diputado ‘popular’ Federico Souvirón, integrante también de la Comisión en el Congreso, completó la intervención del presidente al añadir que "la política de seguridad vial, en los últimos años, ha sido una ‘orgía’ sancionadora.

Otros países consideran la seguridad vial como un derecho del ciudadano, que comporta una serie de obligaciones, pero aquí sólo vemos deberes por todos lados", destacando sobre todo la opción de pagar la mitad de la cuantía de las multas si se hace por adelantado, lo que es "aberrante", a su juicio, porque elimina la posibilidad de recurrir, en una medida que la población adopta para evitarse los complicados procesos burocráticos del recurso.

Del mismo modo, Souvirón recordó la importancia social del sector del transporte de viajeros por carretera, su eficiencia, ecología y seguridad, y solicitó a las Administraciones que "le atiendan en función de tal relevancia".

Peticiones sectoriales

A continuación, Rafael Barbadillo, secretario general de Asintra, solicitó a ambos diputados el estudio de soluciones relacionadas con dos preocupaciones de los empresarios sectoriales, como son la imposibilidad que tienen de obligar a sus conductores a realizar el test de alcoholemia, y de conocer el saldo de puntos de su plantilla, ya que son datos de carácter privado. Ante tal petición, Emilio Olabarría invitó a Asintra a comparecer en la Comisión del Congreso a exponer éstos y otros asuntos, asegurando que se cursará una petición oficial de comparecencia.

Nueva regulación para las radioemisoras que los transportistas utilizan a bordo de los vehículos

Según ha informado Fenadismer, el Ministerio de Industria aprobó el pasado mes de marzo la Orden ITC/751/2010 modificando el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana (denominado CB-27) como consecuencia de la evolución tecnológica y al compromiso de la Administración de reducir los trámites administrativos y facilitar el acceso al uso de esta banda de frecuencias.

Como consecuencia de dicha modificación, a partir de ahora se suprime la necesidad de disponer de autorización equipo a equipo, sustituyéndola por la autorización general que debe poseer cualquier usuario que pretenda usar este tipo de emisoras, utilizadas muy frecuentemente en el sector del transporte por carretera para comunicarse unos conductores con otros.

En base a la nueva regulación se elimina la limitación existente anteriormente de limitación por autorización, entendiéndose por tanto que quien disponga de autorización CB-27 podrá utilizar cualquier equipo que funcione en dicha banda y cumpla con la normativa vigente. Asimismo se elimina la anterior posibilidad de que los titulares de una autorización CB-27 puedan autorizar a terceras personas el uso de sus radioemisoras.

 Esto es, a partir de ahora el empresario titular de la empresa de transporte no podrá autorizar a sus conductores, sino que ellos mismos deberán obtener su propia autorización.

El alcalde avisa de que las tarifas de Guaguas no se suben que bien

El alcalde de la capital grancanaria, Jerónimo Saavedra, calificó ayer de "disparate" la propuesta planteada ayer por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria de subir el billete de Guaguas Municipales de 1,20 a 1,30 euros para unificarlo con la tarifa mínima que aplicarán Global y el resto de compañías interurbanas.

"Nosotros estamos haciendo políticas sociales", dijo Saavedra, que mantendrá la decisión de no subir el billete de Guaguas y recriminó a la Autoridad Única que "no quiera hacer política social en el transporte". El portavoz del gobierno municipal, Sebastián Franquis, acusó a Nueva Canarias, el partido que dirige el vicepresidente y consejero de Transportes en el Cabildo, Román Rodríguez, de plantear la subida y sostuvo que "el Ayuntamiento ha tomado la decisión de no subir las tarifas y la mantendremos hasta el final".

Por su parte, el gerente de la Autoridad Única del Transporte, Wenceslao Berriel, aclaró que "no se trata de una subida de tarifa sino del mínimo de percepción" para unificar el trayecto de las líneas urbanas a las interurbanas.

"La Autoridad Única no tiene atribuciones para subir las tarifas de Guaguas. Simplemente, se planteó esa posibilidad, para que el Ayuntamiento la aplicara cuando estimara conveniente. La revisión", añadió, "se ha aplicado para no descapitalizar el sistema, debido a la bajada de ingresos por la reducción de viajeros en 2009".

El Gobierno canario no subirá los impuestos, esperamos que no

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha asegurado que “respetan” la decisión adoptada en varias comunidades –entre ellas, Cataluña, Extremadura o Andalucía- de aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes, aunque al mismo tiempo ha explicado que “por lo pronto” esa opción no es contemplada en Canarias.

“En Canarias se ha seguido un ejercicio de austeridad”, indicó, que según los datos aportados durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno ha permitido una reducción del 25% en el gasto corriente desde 2008, lo que posibilita que por ahora no barajen subir los impuestos a corto plazo.

“El límite lo tenemos en que se puedan mantener los servicios públicos esenciales”, dijo Marrero, lo que por lo pronto estaría garantizado. “A día de hoy seguimos manteniendo ese compromiso”, enfatizó, aunque insistió en que quedan pendientes de la “evolución económica” para posibles cambios futuros.

Asimismo, Marrero explicó que la reducción de consejerías –con el fin de reducir el gasto- es una cuestión que podrá estudiarse “en el futuro”, ya que en la actualidad los esfuerzos de Economía y Hacienda están centrados en los recortes de las empresas públicas dependientes del Ejecutivo regional.

“Este mes se presentará el plan de austeridad [en las empresas públicas]”, afirmó, después de que los técnicos del Gobierno canario hayan evaluado en qué elementos vinculados a su funcionamiento o a sus costes se pueden efectuar ajustes.

Se permiten, de forma limitada, nuevos aplazamientos en las cuotas de la Seguridad Social

Ante la inminente finalización del plazo de diferimiento del pago de las cuotas de la Seguridad Social —concedido en virtud de los Acuerdos entre el Gobierno y las asociaciones de transportes de junio de 2008— que obligaría a aquellas empresas que se hubieran acogido al mismo a abonar, a partir del mes en curso, los importes de las cuotas diferidas más el importe de las cuotas corrientes, las organizaciones miembros del Comité Nacional del Transporte han solicitado al director general de la Tesorería la adopción de medidas o mecanismos que permitan facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, tal como informa Fenadismer.

Ante las diferentes alternativas planteadas por las organizaciones del Sector, la Tesorería General de la Seguridad Social ha establecido una única fórmula de pago para las empresas que hubieran hecho uso del diferimiento.

A partir de la expiración del plazo de diferimiento inicialmente concedido, será obligatorio el pago del importe de la cuota diferida, la cual no llevará recargo ni intereses (tal y como se pactó en junio de 2008) más el pago de la cuota del mes corriente. Ante las dificultades económicas que atraviesa el sector, la Tesorería General admitirá el siguiente sistema de pago:

- La cuota diferida habrá de pagarse en los plazos concedidos en su día para el aplazamiento.

- Se permitirá solicitar un aplazamiento ordinario sobre la cuota corriente (esto es, la correspondiente al mes en curso o sucesivamente los meses siguientes) hasta un máximo de tres meses de aplazamiento, que deberá abonarse en un plazo máximo de 2 años aplicándose los correspondientes intereses.

- Esta posibilidad de aplazamiento ordinario se podrá hacer un máximo de tres veces, pudiendo ser de tres meses consecutivos, si bien será necesario solicitar los aplazamientos mes a mes.

- Excepcionalmente, en razón de problemas de liquidez realmente extraordinarios, se permitirá la solicitud de un Aplazamiento Ordinario de la cuota corriente correspondiente a cinco meses, a devolver con intereses en el mismo plazo de dos años.

- Si se desea solicitar el aplazamiento a cinco meses, será necesario aportar un certificado de la asociación profesional a la que pertenezca la empresa acreditativo de su honorabilidad empresarial.

- Las solicitudes de aplazamiento se efectuaran ante las Direcciones Provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social a través de un escrito invocando la situación económica del sector y los particulares problemas de liquidez de la empresa.

- Estas solicitudes de aplazamiento deberán realizarse antes de finalizar el año 2010.

En resumen, aquellas empresas que se acogieron al diferimiento de cuotas y ahora opten por un nuevo aplazamiento, tendrán que abonar en los plazos de aplazamiento inicialmente concedidos las cuotas cuyo aplazamiento estuviera ya vencido, y además las cuotas corrientes, más las venticuatroavas partes de las nuevas cuotas que se soliciten aplazar.

Los derechos de los viajeros en autobús y autocar deben ser similares a los de los que viajan en avión

Los viajeros del autobús, autocar y barco deben disponer de unos derechos similares a los que contiene la Carta de la UE sobre los derechos de los pasajeros del avión, una reglas más rígidas respaldadas por la Comisión de Transportes hace unos días, según informa Asintra en su último Semanal Digital.

Los aspectos en los que se deben equiparar los derechos de los viajeros versan sobre la compensación por retrasos y cancelaciones, la indemnización en caso de accidente y la asistencia a pasajeros con movilidad recudida. Las reglas propuestas deberán someterse a votación por el Parlamento en julio, siempre según Asintra.

Los miembros del Parlamento Europeo (MEPs) han reforzado dos reglamentos que habían sido sensiblemente suavizados, en alcance y efecto, por el Consejo. Las principales demandas de la Comisión de Transportes son:

Indemnización en caso de retraso o cancelación: Las compañías de transporte en autobús y autocar tendrían que reembolsar el precio del billete o proporcionar un transporte alternativo a los pasajeros cuyo viaje se retrase en su salida más de dos horas.

Los pasajeros tendrían una remuneración adicional del 50% del precio del billete si no se ofreció ningún transporte alternativo. Para los retrasos de más de dos horas en la llegada (si están causados por negligencia del conductor o por una avería técnica del vehículo) los pasajeros tendrían derecho a una remuneración que ascienda a la mitad del precio del billete, además del reembolso completo del billete.

Los pasajeros del autobús, autocar y barco cuyo viaje se retrase más de una hora tendrán derecho a aperitivos, bebidas, a comidas y a información regular sobre la evolución de la situación.

Responsabilidad por lesión y muerte

Si un pasajero sufriera lesiones o muriese como resultado de un accidente de autobús o autocar, la compañía de transporte estaría obligada a pagar, en el plazo de 15 días, un adelanto de la compensación "proporcional a los daños sufridos". Los pasajeros lesionados recibirían inmediatamente los primeros auxilios, acomodo, alimento, ropa, transporte, y, en caso de fallecimiento, los costes funerarios.

Para proteger a las pequeñas compañías de transporte por carretera, los MEPs se aseguraron de que la regulación no requeriría pagar a las compañías si el accidente fuese causado por circunstancias más allá de su control. Los anticipos solamente tendrían que ser realizados si "a primera vista hay evidencia de que la causa del accidente es atribuible a la compañía".

Los derechos de los discapacitados o personas con movilidad reducida: No se podrá denegar la venta de billetes y el embarque a las personas con movilidad reducida en un autobús o autocar a menos que se ponga en peligro su seguridad. Los MEPs votaron para asegurar que la discapacidad de un pasajero no se puede utilizar como razón para denegarle el acceso al vehículo.

Los operadores de autobús y autocar tendrían que facilitar a su personal una formación específica que les permita asistir correctamente a los pasajeros discapacitados. Si la compañía no pudiera ofrecer tal ayuda (por ejemplo, si hubiera solamente un miembro de equipo), el pasajero discapacitado tendría derecho a ser acompañado, gratuitamente, por alguien capaz de proporcionarle la ayuda requerida.

Las rutas urbanas y suburbanas, eximidas: Los MEPs convinieron que los Estados miembros deben poder excluir los servicios de autobuses urbanos y suburbanos del ámbito del reglamento, a condición de que ofrezcan un nivel comparable a los derechos de los pasajeros.

Pero los MEPs insistieron en incluir los servicios regionales, a menos que éstos se integren ya con otros servicios urbanos o suburbanos que aseguren un mayor nivel de los derechos de los pasajeros. Las negociaciones sobre el ámbito de aplicación de los reglamentos continuarán durante las próximas semanas con los representantes del Consejo, pero los MEPs esperan llegar a un acuerdo en la votación plenaria de julio.

El Gobierno de Canarias establece servicios mínimos con motivo de la huelga

El Gobierno de Canarias ha aprobado las órdenes por las que se establecen los servicios mínimos con motivo de la huelga general de empleados públicos que afecta al personal funcionario, laboral y estatutario de la administración de la Comunidad Autónoma, convocada por diversas centrales sindicales para mañana desde las 08.00 horas hasta las 08.00 horas del miércoles.

El decreto firmado por el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, y las órdenes aprobadas por las diferentes consejerías alegan, así, al uso del derecho de huelga por parte de los trabajadores que reconoce el artículo 28.2 de la Constitución Española, entre otros, según la información del Boletín Oficial de Canarias recogida por Europa Press.

De este modo, el Ejecutivo considera la necesidad de garantizar cautelarmente la prestación de servicios considerados “esenciales”, dentro del conjunto de las funciones que son competencia de los diferentes departamentos en el contexto de la administración autonómica.

Tras ser oído el Comité de Huelga en la fijación de los servicios mínimos propuestos por las áreas del Ejecutivo regional, se determinan los servicios mínimos a cumplir en cada caso y el personal que deberá atender los mismos durante la huelga.

Gobierno canario y Colegios de Abogados firman un acuerdo de colaboración a fin de “mejorar” la gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita

Este acuerdo persigue, como objetivo principal, establecer un sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, y Turno de Oficio, que garantice ese derecho a todos aquellos ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar, informa el Ejecutivo regional en un comunicado..

En este sentido, la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad hará llegar a las autoridades policiales y judiciales oportunas las comunicaciones necesarias para que las personas que reciban de oficio asistencia letrada, si no les es reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sean debidamente informadas de su obligación de abonar los honorarios por la intervención de abogados y procuradores.

El nuevo sistema, dimanante del documento rubricado hoy y al que no se ha adherido el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, establece unos criterios homogéneos y una mejora en el control efectivo del gasto a los Colegios de Abogados de Canarias, garantizando que se apliquen los módulos de compensación de manera uniforme, añade la administración.

CRITERIOS

Estos criterios se establecen “de común acuerdo” entre el Gobierno y los Colegios de Abogados para facilitar la gestión de los recursos públicos.

Para ello, según el Ejecutivo regional, se determinan los turnos de guardia “necesarios que garanticen la eficacia y calidad, en la atención a los ciudadanos; y eficiencia, en la aplicación de los fondos públicos, en unos momentos en los que todas las administraciones deben racionalizar sus gastos para garantizar los servicios esenciales”.

Asimismo, la información sobre la gestión y tramitación de la Asistencia Jurídica Gratuita (AJG) será canalizada a través de una nueva herramienta informática que permita mejorar la gestión del procedimiento de reconocimiento de este derecho por parte de las Comisiones de AJG de Canarias.

Esta herramienta integrará las actuaciones que corresponden a los Colegios Profesionales en las diversas fases del procedimiento.

Por su parte, la Consejería regional de Presidencia, Justicia y Seguridad se compromete, a su vez, a impulsar que estas Comisiones tramiten con “la máxima diligencia y celeridad posible”, en los plazos legalmente establecidos, los expedientes que se remitan por los Colegios de Abogados.

Que noticia rara un Restaurante de Australia multa a los clientes que no se lo comen todo

La dueña de un restaurante australiano, cansada de ver los restos de comida que dejaban sus clientes, les ordenó que coman todo lo que había en sus platos o paguen una multa y no vuelvan más. Seguir leyendo el arículo

La chef Yukako Ichikawa introdujo un descuento de un 30 por ciento para quienes ordenen en Wafu, un restaurante en el suburbio Surry Hills de Sídney que se describe a sí mismo como "cocina japonesa libre de culpa".

"Para contribuir a un futuro sustentable pedimos un poco más a nuestros clientes que otros restaurantes", señala en una lista de las políticas de su restaurante que está colgada en la puerta del sitio, con lugar para 30 comensales.

El listado incluye terminar todos los platos que son orgánicos y libres de gluten, lácteos, azúcar, huevos. La chef y sus empleados les dicen a las personas que no terminan sus porciones que la próxima vez elijan otro restaurante.

"Terminar nuestra comida requiere que todo lo que sea comestible sea ingerido, excepto rodajas de limón, gari (jengibre que se sirve con sushi) y wasabi", señala el menú.

"Por favor, también nótese que los vegetales y las ensaladas de acompañamiento NO son decorativas, son parte de la comida también", agregó.

La estricta política de Wafu ha sido bien recibida por algunos pero criticada por ser muy autoritaria por otros. Ichikawa ha continuado con su política sin inmutarse.

"No sólo estamos comprometidos con servir comidas que nutran y respeten el cuerpo sino dedicados activamente a la noción de prevención del gasto y a tomar seriamente nuestra responsabilidad con el medio ambiente y la sustentabilidad para el futuro", señala un comunicado en su sitio de internet.

Las ventas crecen el 57% en la región y el 44% en España

Mayo ha sido el duodécimo mes consecutivo donde las ventas de turismos crecieron en la región y, además, las matriculaciones en Extremadura superaron porcentualmente al mercado nacional. El mes pasado las ventas aumentaron un 57,7% en la región mientras que en España se registraba un incremento del 43,5%, es decir, Extremadura 8,5 puntos por encima de la media.

Por provincias en Badajoz se registró una subida del 53,8% al matricularse 1.004 turismos frente a los 656 de mayo de 2009, que fue el peor mes de los últimos 20 años. Mientras, en la provincia de Cáceres el incremento fue del 66,5%, al matricular 568 coches, cuando en mayo de 2009 fueron 341.

Desglosados los siete segmentos del mercado, en Badajoz tuvieron signos positivos tres, además de los turismos, los camiones y furgonetas, un 16,5%, las motocicletas un 8,8%, los ciclomotores un 32% y los cuatriciclos un 50%; mientras que sólo se anotaron retrocesos en las ventas los autobuses, un -50%, y los tractores industriales, un -22,2%.

En la provincia de Cáceres seis segmentos crecieron y uno bajó, pero téngase en cuenta que se está comparando con mayo de 2009, el peor mes. Así, además de los turismos crecieron los camiones y furgonetas un 27,5%, los autobuses un 200%, las motocicletas un 25%, los tractores industriales el 800% y los cuatriciclos un 50%; en tanto que el retroceso estuvo en los ciclomotores con un -36%.

Sumados todos los segmentos el total de matriculaciones en la provincia de Badajoz aumentó un 41,1% y en Cáceres el 57,8%, mientras que en el total de España el incremento fue del 40%.

En el acumulado del año 2010 las matriculaciones de turismos en España llevan un crecimiento del 43,5% y superior en Extremadura, del 49,2%, correspondiendo el 47,5% a Badajoz y el 55,3% a la provincia de Cáceres.

En cuanto al tipo de combustible, la compra de turismos diésel en mayo se situó en el 68% y los gasolinas en el 32%, estando la media del año en un 69/31.

Los modelos preferidos por la clientela española, el líder del pasado año, el Renault Mégane, que sigue con el primer puesto por quinto mes consecutivo, aunque el Seat Ibiza fue el más vendido en mayo. Gana un puesto el Nissan Qashaqi, a costa del Opel Corsa, y el VW Golf gana dos rebasando al 308 y al Astra. Peugeot y Opel son las dos únicas marcas que tienen dos modelos entre los diez más vendidos. En los todoterrenos el Ford Kuga, que acabó de líder en 2009, lo mantiene en 2010 mes tras mes.

El pasado dia se firmo este acuerdo con Global distribuirá en sus guaguas la guía comercial del Valle de Jinámar que editará Desarrollo Local

La Dirección de Gobierno de Desarrollo Local, Pymes, Comercio e Industria del Ayuntamiento de Telde, que dirige la socialista Mª Jesús Hernández Afonso, y el presidente de Global S.A.L., Antonio Benítez Morales, han firmado un acuerdo de colaboración para distribuir la próxima guía comercial del Valle de Jinámar que difundirá la Institución municipal.

La directora de Gobierno y el presidente de la compañía de transportes acordaron utilizar las guaguas de la empresa Global como plataforma de distribución de las guías comerciales de Jinámar que serán editadas próximamente, con finalidad de dar a conocer a los usuarios del transporte público la oferta comercial del Valle.

Esta publicación se pretende que favorezca la dinamización económica del sector en esta importante zona de la ciudad de Telde. Estas guías, de las que se editarán 8.000 ejemplares, serán distribuidas igualmente entre los propios comerciantes y vecinos del barrio.

La playa teldense de Melenara lucirá un año más la bandera azul

La bandera azul ondeará otro año más en Melenara al ser una de las 37 playas canarias que han sido seleccionadas con este galardón por la Fundación Educación Ambiental, responsable de las distinciones.

Canarias ha obtenido 37 banderas azules en 2010 -34 de playas y tres de puertos- lo que supone dos más que en 2009, y es la sexta mayor cantidad por comunidades autónomas, según informó la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, miembro de la Fundación de Educación Ambiental (FEE), y responsable de las distinciones. De las 34 banderas, ocho galardones corresponden a Gran Canaria, en concreto para las playas de La Laja (Las Palmas de Gran Canaria), Melenara (Telde), El Inglés, San Agustín, Maspalomas, Meloneras (San Bartolomé de Tirajana), Amadores y Mogán (Mogán).

En cuanto a kilómetros de playa con bandera azul, el archipiélago canario se sitúa en sexto lugar con 10,8 kilómetros, tras Andalucía(119 km), Comunidad Valenciana (91,6 km), Cataluña (84,3 km), Galicia (35,7 km) y Baleares (22,7 km) y por delante de Murcia (7,9 km).

La Bandera Azul es una ecoetiqueta selectiva concedida por la FEE, que en Canarias está gestionada por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.

Este programa internacional premia los esfuerzos de ayuntamientos y de gestores de puertos deportivos por cumplir las elevadas exigencias que comporta la Bandera Azul y que supone una garantía de calidad ambiental, cuidado del entorno, accesibilidad y servicios y un nivel de calidad del agua modélico.

PLAYAS Y PUERTOS POR ISLAS

De las 34 banderas azules para las playas de las islas, ocho galardones corresponden a Gran Canaria, en concreto para las playas de La Laja (Las Palmas de Gran Canaria), Melenara (Telde), El Inglés, San Agustín, Maspalomas, Meloneras (San Bartolomé de Tirajana), Amadores y Mogán (Mogán).

Además de que han sido premiadas otras cinco playas en Lanzarote: Matagorda, Los Pocillos, Grande (Blanca), Pila la Barrilla, en el municipio de Tías, y Playa Blanca, en Yaiza. Al igual que siete banderas azules para la costa de Fuerteventura, en concreto para Gran Tarajal (Tuineje), Costa Calma, El Matorral, Butihondo (Pájara), Grandes Playas, La Concha (La Oliva) y Blanca en Puerto del Rosario.

La isla de Tenerife se lleva 10 galardones para las playas del Médano, Leocadio Machado, La Tejita (Granadilla de Abona), Las Vistas, El Camisón (Arona), Troya I-II (Américas I-II) en el municipio de Adeje. Además de la playa de La Arena (Santiago del Teide), El Socorro (Los Realejos), Complejo Playa Jardín (Puerto de la Cruz), y La Arena (Mesa del Mar) en la localidad de Tacoronte.

A ello se suman cuatro banderas azules para las playas de La Palma de Bajamar (Breña Alta), Los Cancajos (Breña Baja), Puerto Naos y Charco Verde (Los Llanos de Aridane).

En cuanto a los puertos, dos de los galardones han sido para el Puerto Deportivo de Puerto de Mogán y el Club de Yates Pasito Blanco, en San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, así como una bandera azul a las instalaciones de Puerto Calero, en Yaiza (Lanzarote).

Asimismo, se ha otorgado la bandera azul en Canarias en la categoría de Distinciones Temáticas al municipio de Arona, en la isla de Tenerife por su información y educación ambiental. Igualmente, han sido reconocidos como Centros Bandera Azul: el Centro de Interpretación Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, y el Aula de Naturaleza de Pájara.

UN TOTAL DE 605 PLAYAS PREMIADAS EN ESPAÑA

En total, España ha obtenido 605 'banderas azules' (493 en playas y 78 de puertos deportivos) en 2010, manteniéndose a la cabeza de los 33 países participantes del hemisferio norte, lo que significa que una de cada seis banderas del total de las 3.511 concedidas en la región ondearán en España.

De esta forma, España recibe 34 banderas más (28 de playas y 6 de puertos) que en 2009, un aumento similar al que se produjo el año pasado --cuando se compensó la pérdida sufrida en 2008--, lo que constituye "un dato muy satisfactorio" que "una cifra récord que supera todos los registros".

Por comunidades autónomas, Galicia lidera la lista, con 132 banderas azules (122 de playas y diez de puertos); seguida de la Comunidad Valenciana, con 108 banderas (96+12), Cataluña, con 104 banderas (85+19); y Baleares, con 94 banderas (72+22).

Concretamente, Galicia, que después del 'Prestige' hizo de la crisis una oportunidad, acapara casi la cuarta parte del total de las banderas azules concedidas a las playas españolas (521), convirtiéndose en la región europea con más distintivos.

Pese a ello, desde la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDAC), asociación española sin ánimo de lucro miembro de la Fundación de Educación Ambiental (FEE), y responsable de las distinciones, se señaló que, "aún sin quitar mérito", hay que tener en cuenta que Galicia dispone de 750 playas, cerca del 25% de las existentes en España.

Andalucía aparece en quinto lugar de la clasificación, con 79 banderas (66 de playas y 13 de puertos); seguida de Canarias, con 37 distintivos (34+3) y Murcia, que ha recibido 17 banderas (15+2).

CORNISA CANTÁBRICA, BALEARES Y CANARIAS AUMENTAN.

Ante este resultado, el presidente de la AEDAC, José R. Sánchez, aseguró que el elevado número de banderas concedidas implica que "en un 16% de las playas españolas se ha producido un esfuerzo por mejorar en diversos aspectos, y lo han conseguido", aunque puntualizó que este dato "no es un diagnóstico sobre el estado del litoral español".

Así, explicó que dicha mejoría no se reparte de forma regular, con una "mejora sustancial" en la Cornisa Cantábrica (+22 banderas), incluyendo Asturias (+8), Galicia (+8), Cantabria (+5) y País Vasco (+1), que sufrieron descensos en 2009 por "condiciones de lluvia y tormentas desfavorables".

Además, "buena parte de la mejoría" se ha centrado en Baleares (+9) y Canarias (+2), con un "salto cualitativo" favorecido por "un sensible incremento en la colaboración institucional".

Asismimo, se produjeron pequeños descensos en Andalucía (-4) y Cataluña (-4), aunque dada la gran cantidad de banderas con las que cuentan el dato "es algo anecdótico", y en muchos casos se debió a la disminución de candidaturas por el efecto de las tormentas.

La clasificación de banderas azules en playas la encabeza también Galicia (122), seguida de la Comunidad Valenciana (96), Cataluña (85), Baleares (72), Andalucía (66), Canarias (34) y Murcia (15). Cotabilizando sólo los puertos, encabeza la lista Baleares (22) y Cataluña (19), seguidos de Andalucía y Comunidad Valenciana, con 13 y 12, respectivamente.

Hay que destacar que la media de longitud de las playas del litoral andaluz es tres veces superior a la media nacional y se sitúa en los 1.800 metros cuadrados, frente al promedio de 650 metros cuadrados.

DISTINCIONES TEMÁTICAS.

Por otro lado, el jurado internacional concedió las banderas azules en reconocimiento a los servicios de Salvamento, Socorrismo y Primeros Auxilios a los municipios de Cangas de Morrazo (Pontevedra), Cartagena (Murcia) y Sagunto (Valencia), mientras que otorgó los distintivos temáticos a la Información y educación ambiental a Arona (Tenerife), Palma de Mallorca (Mallorca) y al puerto deportivo de Cala Bona (Mallorca).

Finalmente, las banderas azules a la Accesibilidad y atención a personas con necesidades especiales fueron para Ferreries (Baleares) y Gandía (Valencia), una menos que el año pasado, ya que el resto de candidatos "no alcanzaba el mínimo exigible".

La Bandera Azul es un distintivo internacional que premia el cumplimiento de unos estándares establecidos tales como la accesibilidad, la calidad de las aguas, la información ambiental dirigida a los usuarios o el respeto a la legislación.

Desde la AEDAC se instó a los municipios a que sigan colaborando en la campaña, ya que el turismo de 'sol y playa' puede servir para atraer a viajeros que posteriormente "conozcan los muchos otros atractivos de los que dispone el país".

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