Las rentas mínimas de inserción, el dinero que perciben las familias en dificultades para sus necesidades esenciales, alcanzan niveles de protección muy diferentes según comunidades autónomas, al no existir una regulación estatal. De esas distancias da idea la distribución ya cerrada del año 2008. Sobre un presupuesto total de 442 millones de euros, que creció un 24,7% con respecto al ejercicio anterior, correspondieron al País Vasco 189 millones, el 35,2% de esa cuantía, porcentaje muy superior al que representan los hogares vascos con problemas económicos graves respecto del total. La dotación sufrió drásticos recortes ese año en la Comunidad Valenciana, que la redujo nada menos que en un 46%, o Canarias.
La cantidad media de 370 euros mensuales abonados por hogar esconde diferencias que oscilan entre los 300 euros que percibe una familia necesitada de Murcia y los 616 euros al mes que obtiene en el País Vasco. A medio camino, los hogares con problemas económicos acuciantes obtienen 414 euros al mes en Cantabria, 413 en Asturias, 400 en Cataluña, 388 en Castilla y León, Extremadura y Galicia, y 374 en la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, las autonomías más protectoras extienden una red más tupida. En el total nacional, los perceptores de rentas mínimas de inserción fueron 114.157 en 2008, un 11,8% más que en el año anterior, y los beneficiarios (titulares más dependientes) ascendieron a 236.870, con un avance del 21%.
El número de titulares equivale a 2,47 por cada 1.000 habitantes en promedio estatal. Pero esa cifra escala hasta el 18,41 en el País Vasco, 6,08 en Asturias y 5,06 en Navarra. A continuación, sólo Andalucía, con 2,23 y Galicia, con 2,08, superan el rango de 2 protegidos por cada 1.000 residentes. En la Comunidad Valenciana y Extremadura el beneficio apenas llega a 1 persona; en Castilla-La Mancha a 0,2 personas por cada 1.000 y a 0,26 individuos en Murcia.
Para salir del paro
Las rentas de inserción y similares cobran protagonismo desde el momento en que el Gobierno diseñó una ayuda de 420 euros al mes para parados que dejaron de percibir la prestación por desempleo a partir del pasado 1 de agosto. José Luis Rodríguez Zapatero se declaró abierto a extender esa medida a aquellos que vieron agotada su cobertura en fecha anterior, pero remitió a las comunidades autónomas como agentes que deben atender a las carencias sociales distintas del desempleo generado por la crisis. Evocó que las ayudas para impedir que una familia caiga en la exclusión social o la pobreza son una cuestión distinta, competencia de las comunidades autónomas.
Un peldaño por debajo de las rentas mínimas de inserción (RMI) sólo están las ayudas de Cáritas y otras organizaciones no gubernamentales. Y un escalón más arriba se sitúan las rentas activas de inserción (RAI), que pueden obtener colectivos muy concretos: personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o doméstica, emigrantes retornados o parados mayores de 45 años y con escasas posibilidades de recolocación. Las RAI se insertan en el marco de las políticas activas de empleo, cuentan con regulación estatal y tienen como objetivo incrementar las oportunidades de retorno a la actividad de colectivos con dificultades añadidas.
El Gobierno concibió la ayuda de 420 euros mensuales con una filosofía parecida. Su idea inicial era vincular ese importe a una etapa de fuerte paro coyuntural, generado por la crisis económica, que obligaría a permanecer inactivo más tiempo del habitual a un colectivo de personas que, por fuerza, se recolocarán antes o después.
La cantidad media de 370 euros mensuales abonados por hogar esconde diferencias que oscilan entre los 300 euros que percibe una familia necesitada de Murcia y los 616 euros al mes que obtiene en el País Vasco. A medio camino, los hogares con problemas económicos acuciantes obtienen 414 euros al mes en Cantabria, 413 en Asturias, 400 en Cataluña, 388 en Castilla y León, Extremadura y Galicia, y 374 en la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, las autonomías más protectoras extienden una red más tupida. En el total nacional, los perceptores de rentas mínimas de inserción fueron 114.157 en 2008, un 11,8% más que en el año anterior, y los beneficiarios (titulares más dependientes) ascendieron a 236.870, con un avance del 21%.
El número de titulares equivale a 2,47 por cada 1.000 habitantes en promedio estatal. Pero esa cifra escala hasta el 18,41 en el País Vasco, 6,08 en Asturias y 5,06 en Navarra. A continuación, sólo Andalucía, con 2,23 y Galicia, con 2,08, superan el rango de 2 protegidos por cada 1.000 residentes. En la Comunidad Valenciana y Extremadura el beneficio apenas llega a 1 persona; en Castilla-La Mancha a 0,2 personas por cada 1.000 y a 0,26 individuos en Murcia.
Para salir del paro
Las rentas de inserción y similares cobran protagonismo desde el momento en que el Gobierno diseñó una ayuda de 420 euros al mes para parados que dejaron de percibir la prestación por desempleo a partir del pasado 1 de agosto. José Luis Rodríguez Zapatero se declaró abierto a extender esa medida a aquellos que vieron agotada su cobertura en fecha anterior, pero remitió a las comunidades autónomas como agentes que deben atender a las carencias sociales distintas del desempleo generado por la crisis. Evocó que las ayudas para impedir que una familia caiga en la exclusión social o la pobreza son una cuestión distinta, competencia de las comunidades autónomas.
Un peldaño por debajo de las rentas mínimas de inserción (RMI) sólo están las ayudas de Cáritas y otras organizaciones no gubernamentales. Y un escalón más arriba se sitúan las rentas activas de inserción (RAI), que pueden obtener colectivos muy concretos: personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o doméstica, emigrantes retornados o parados mayores de 45 años y con escasas posibilidades de recolocación. Las RAI se insertan en el marco de las políticas activas de empleo, cuentan con regulación estatal y tienen como objetivo incrementar las oportunidades de retorno a la actividad de colectivos con dificultades añadidas.
El Gobierno concibió la ayuda de 420 euros mensuales con una filosofía parecida. Su idea inicial era vincular ese importe a una etapa de fuerte paro coyuntural, generado por la crisis económica, que obligaría a permanecer inactivo más tiempo del habitual a un colectivo de personas que, por fuerza, se recolocarán antes o después.
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