El Gobierno facilitará nuevos aplazamientos para los 8.500 millones que reclaman a gobiernos locales y regionales. Los alcaldes encaran un recorte del 9% y deben devolver 1.500 millones.
Los 8.000 ayuntamientos españoles reciben una de cal y una de arena. El Gobierno les regala en los Presupuestos un catastrazo y mayor capacidad de endeudamiento. Al mismo tiempo, plasma en el texto legal un serio recorte de los márgenes de actuación municipales. E incluso les reclama 1.500 millones por los ajustes de las entregas a cuenta de 2008, cuando los Presupuestos se hacían de espalda a la crisis.
El Gobierno es consciente de la imposibilidad de cobrar estas cantidades y ha dado un plazo de cuatro años a partir de 2011 para subsanar estas cantidades. Desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ya han hecho llegar al Ejecutivo que necesitan dos años de demora más. A fin de cuentas, el endeudamiento de los ayuntamientos alcanza ya los 32.000 millones.
Se encuentran así en una vorágine muy similar a las comunidades autónomas, que tienen que aportar 7.000 millones por estos ajustes. Se les ha propuesta fraccionar el pago durante cuatro años y han solicitado un quinto. La vicepresidenta Salgado, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se mostró conforme si la petición se incluía en el trámite de las enmiendas .
De momento, el Gobierno se ha quitado de su déficit, en criterio de devengo, esos 8.500 millones de ayuntamientos y autonomías (ver EXPANSIÓN del jueves pasado). A partir de 2010, los gobernantes locales tendrán que empezar a gestionar esa deuda, aunque tendrá complicado cobrar los importes de regiones de notable peso político, como es el caso de Cataluña.
En el caso de los ayuntamientos, las caídas en los ingresos públicos han provocado que tanto la cesión de tributos por parte del Estado, como el Fondo Complementario que reciben las localidades de más de 75.000 habitantes, se haya contraído en torno al 9%. Con estos recortes, los consistorios españoles encaran un año muy complejo. La FEMP sigue reclamando que el Fondo de Inversión Local, con 5.000 millones presuntamente destinados a inversiones sostenibles, se dediquen a pagar gastos corrientes en un 60%.
El Fondo Complementario de Financiación se sitúa en 7.831 millones de euros cuando hace doce meses ascendía a a 9.113,88 millones. Tal como constatan los Presupuestos, en estas cantidades se incluyen las entrega a cuenta del año 2010, así como el 95% de las compensaciones previstas. La FEMP también reclama elevar este porcentaje al 98%, según el escrito remitido a Economía.
Los ayuntamientos recaudan directamente un 50% de sus ingresos. En estas tasas también se produce una mella por la crisis, pese a la carrera a la que se han lanzado muchos consistorios para crear nuevos tributos o engordar los existentes.
El secretario de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, afirmó ayer que el Gobierno central es “sensible” con la situación de los ayuntamientos y aseguró que trabaja para que la Ley de Haciendas Locales esté vigente en 2011. Hasta que este texto no sea aprobado no se podrá abordar un nuevo modelo de financiación local, para corregir los gastos que asumen los ayuntamientos que no les corresponden. Este nuevo modelo debería haberse suscrito de forma paralela al de las autonomías.
Zarrías volvió a alabar las beneficios de los Fondos de Inversión Local y, a pesar de que nació sólo para 2009, anunció la posibilidad de “seguir con estas medidas de excepcionalidad” incluso en 2011.
Los 8.000 ayuntamientos españoles reciben una de cal y una de arena. El Gobierno les regala en los Presupuestos un catastrazo y mayor capacidad de endeudamiento. Al mismo tiempo, plasma en el texto legal un serio recorte de los márgenes de actuación municipales. E incluso les reclama 1.500 millones por los ajustes de las entregas a cuenta de 2008, cuando los Presupuestos se hacían de espalda a la crisis.
El Gobierno es consciente de la imposibilidad de cobrar estas cantidades y ha dado un plazo de cuatro años a partir de 2011 para subsanar estas cantidades. Desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ya han hecho llegar al Ejecutivo que necesitan dos años de demora más. A fin de cuentas, el endeudamiento de los ayuntamientos alcanza ya los 32.000 millones.
Se encuentran así en una vorágine muy similar a las comunidades autónomas, que tienen que aportar 7.000 millones por estos ajustes. Se les ha propuesta fraccionar el pago durante cuatro años y han solicitado un quinto. La vicepresidenta Salgado, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se mostró conforme si la petición se incluía en el trámite de las enmiendas .
De momento, el Gobierno se ha quitado de su déficit, en criterio de devengo, esos 8.500 millones de ayuntamientos y autonomías (ver EXPANSIÓN del jueves pasado). A partir de 2010, los gobernantes locales tendrán que empezar a gestionar esa deuda, aunque tendrá complicado cobrar los importes de regiones de notable peso político, como es el caso de Cataluña.
En el caso de los ayuntamientos, las caídas en los ingresos públicos han provocado que tanto la cesión de tributos por parte del Estado, como el Fondo Complementario que reciben las localidades de más de 75.000 habitantes, se haya contraído en torno al 9%. Con estos recortes, los consistorios españoles encaran un año muy complejo. La FEMP sigue reclamando que el Fondo de Inversión Local, con 5.000 millones presuntamente destinados a inversiones sostenibles, se dediquen a pagar gastos corrientes en un 60%.
El Fondo Complementario de Financiación se sitúa en 7.831 millones de euros cuando hace doce meses ascendía a a 9.113,88 millones. Tal como constatan los Presupuestos, en estas cantidades se incluyen las entrega a cuenta del año 2010, así como el 95% de las compensaciones previstas. La FEMP también reclama elevar este porcentaje al 98%, según el escrito remitido a Economía.
Los ayuntamientos recaudan directamente un 50% de sus ingresos. En estas tasas también se produce una mella por la crisis, pese a la carrera a la que se han lanzado muchos consistorios para crear nuevos tributos o engordar los existentes.
El secretario de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, afirmó ayer que el Gobierno central es “sensible” con la situación de los ayuntamientos y aseguró que trabaja para que la Ley de Haciendas Locales esté vigente en 2011. Hasta que este texto no sea aprobado no se podrá abordar un nuevo modelo de financiación local, para corregir los gastos que asumen los ayuntamientos que no les corresponden. Este nuevo modelo debería haberse suscrito de forma paralela al de las autonomías.
Zarrías volvió a alabar las beneficios de los Fondos de Inversión Local y, a pesar de que nació sólo para 2009, anunció la posibilidad de “seguir con estas medidas de excepcionalidad” incluso en 2011.
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