Ayer por la tarde tuvo lugar un encuentro previo a la movilización de transporte prevista para este jueves 12 entre los representantes de la Mesa de Transporte de Canarias —en la que está integrada Astracan— con el presidente canario, Paulino Rivero, y José Miguel Pérez, vicepresidente del gobierno.
En dicha reunión, aún no celebrada al cierre de esta edición, se trasladó a los representantes canarios el objetivo de la protesta, que ha sido expresar el malestar del sector por lo que considera "un acoso por parte de las administraciones públicas que están poniendo en peligro la subsistencia de las empresas en momentos de crisis tan aguda como la actual".
El acuerdo, según explican desde Astracan, ha sido adoptado tanto por las organizaciones insulares o sectoriales de toda Canarias.
Principales asuntos que se reivindican
- Tacógrafo: El sector del transporte exige la publicación inmediata de la normativa que elimina la exigencia de uso del tacógrafo en las islas. Como argumento, se esgrime el que ningún estado europeo tenga implantado el tacógrafo en sus islas, con la salvedad de España desde el año 2010.
Además, tras su implantación el Gobierno del Estado y los Gobiernos de Canarias y de Baleares "reconocían que no se habían conseguido los efectos beneficiosos que persigue el tacógrafo, como es el aumento de la seguridad y la limitación de las horas de conducción", ya que por la configuración de las islas "los recorridos son tan cortos que no se justifica una inversión cuantiosa en un sistema que no aporta nada al transporte insular".
Desde las asociaciones se confía en un proyecto de RD, confeccionado en la anterior legislatura, por el que se volvía a eliminar el uso del tacógrafo en las islas, estando en la actualidad terminado y a la espera de su publicación y entrada en vigor.
Asimismo, Astracan ha expresado su malestar por "una tramitación masiva de expedientes sancionadores contra conductores y empresarios por errores administrativos en el uso del tacógrafo que en nada afectan a la seguridad vial ni a los derechos de los trabajadores, pero que suponen entre 1.500 y 6.000 euros por expediente sancionador", por no hablar del "sobrecoste derivado de el mantenimiento técnico y gestión administrativa" del tacógrafo.
- Combustible: El sector protesta por los altos precios del combustible y rechaza tanto la eliminación del combustible profesional como el aumento de impuestos sobre el gasoil en Canarias. En el año 2008 el Gobierno de Canarias acordó con el sector del transporte la implantación del llamado combustible profesional, consistente en la devolución del 30% del impuesto sobre el gasóleo a las empresas dedicadas al transporte público en todas sus modalidades.
Sin embargo, en los últimos meses ha trascendido que el Gobierno de Canarias estaba valorando no solo la eliminación del combustible profesional para los transportistas sino también el aumento de la carga impositiva sobre los carburantes. Para los transportistas semejante panorama es, en estos momentos, "absolutamente inviable".
- Formación: Se considera "uno de los mayores retos del sector", por tres motivos:
a) La competitividad en el mercado internacional requiere de formación continua de los trabajadores.
b) La evolución tecnológica exige adaptación a los nuevos métodos de explotación.
c) La normativa europea ha impuesto en los últimos tres años mayores exigencias de titulaciones para el ejercicio del transporte que en los 30 años anteriores.
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