El Ayuntamiento de Burgos debe pagar cerca de cinco millones de euros de indemnización por mantener abierta una gasolinera en base a licencias que han sido anuladas por sentencia firme. La gasolinera se abrió por licencias municipales hace ya más de 20 años. La sentencia firme que obliga al cierre, se dictó en 1997.
Cada año la indemnización que debe pagar el Ayuntamiento se incrementa en 300.000 euros. Curiosamente el que debe ejecutar el cierre es el alcalde de la ciudad que es también el presidente de la sociedad propietaria de la gasolinera, aunque está arrendada a particulares.
El asunto ha llegado a tal punto que el Tribunal Supremo estudia en este momento ya un suplicatorio para que el Alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, que es aforado al ser diputado del Congreso, responda ante la denuncia por prevaricación formulada por la Asociación de estaciones de servicio de Burgos.
En este momento el equipo de gobierno tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitiría reducir la distancia mínima entre estaciones de servicio y legalizaría la instalación, algo que ya se intentó y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2001.
Cada año la indemnización que debe pagar el Ayuntamiento se incrementa en 300.000 euros. Curiosamente el que debe ejecutar el cierre es el alcalde de la ciudad que es también el presidente de la sociedad propietaria de la gasolinera, aunque está arrendada a particulares.
El asunto ha llegado a tal punto que el Tribunal Supremo estudia en este momento ya un suplicatorio para que el Alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, que es aforado al ser diputado del Congreso, responda ante la denuncia por prevaricación formulada por la Asociación de estaciones de servicio de Burgos.
En este momento el equipo de gobierno tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitiría reducir la distancia mínima entre estaciones de servicio y legalizaría la instalación, algo que ya se intentó y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2001.
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