El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción pactada entre PSOE y CiU por la que se considera "prioritaria" la elaboración de un proyecto de Ley de Financiación Estatal del Transporte Público que regule la participación del Estado en dicha financiación.
Además, pide que se "prioricen" en los próximos años aquellas inversiones en infraestructuras "que más contribuyan a la competitividad", especialmente en los servicios de transporte colectivo, "minimizando" los efectos de la austeridad presupuestaria.
Financiación, la espada de Damocles
La moción, consecuencia del debate entre el ministro de Fomento, José Blanco, y el diputado de CiU Pere Macías, no insta al Ejecutivo a redactar la norma ni marca plazos para ello, pero sí le reclama que revise la aportación estatal a los contratos-programa con las autoridades metropolitanas del transporte con el objetivo de favorecer el uso del transporte público.
Si bien reconociendo que "aún no está claro el alcance que tendrá esta ley ", desde Atuc —Asociación de empresas gestoras de los transportes urbanos colectivos— celebran la noticia. "La financiación del transporte urbano es una espada de Damocles que pende sobre el Sector", reflexiona Fidel Angulo, secretario general de Atuc, recordando que España es el único país que no cuenta con una ley de financiación para el transporte urbano.
Por ello, pese a su falta de concreción, Angulo califica la moción de "avance". "En principio, lo que valoro muy positivamente es que los partidos políticos sean conscientes de que existe un problema, y que estén dispuestos a buscarle solución", explica. Eso sí, Angulo recuerda que una iniciativa semejante ya se había anunciado hace algunos años, en el PEI, también en este caso "sin hablar de fechas ni compromisos".
Para el secretario general de Atuc, uno de los principales problemas en el tema de la financiación es que, al estar las competencias transferidas a los ayuntamientos y comunidades autónomas, "no existe un órgano que aglutine el tema. Los transportistas no tenemos a quién planteárselo". Por ello, una ley resultaría fundamental para asegurar la viabilidad del transporte en el futuro. "La movilidad es un derecho imprescindible para cualquier ciudadano. Así como el tema de la salud, las pensiones o la educación no se cuestionan, éste tampoco debería. Es un derecho que hay que garantizar", agrega.
Por lo mismo, desde Atuc vienen realizando una labor permanente para impulsar y desarrollar una ley de financiación, incluyendo la elaboración de un estudio al respecto. El estudio, que será presentado a las administraciones a comienzos del otoño, cuando se celebre el Congreso de Atuc, analiza el tema del coste total del transporte urbano a nivel nacional, el de las vías de financiación y el de las administraciones que deben estar implicadas.
Es decir, busca aportar criterios a las administraciones, de modo que las aportaciones se relacionen con la eficiencia del transporte urbano y sean lo más justas posibles. "Una vez definidos estos criterios de reparto hay que ver cómo se reparten estos fondos entre los operadores y, por último, de dónde sale el dinero. Esa es la madre del cordero", finaliza Angulo.
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