Los tres grupos con representación en el Parlamento de Canarias, es decir, PSC-PSOE, CC y PP acordaron ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Economía Sostenible, ya que la Cámara regional no fue consultada como es preceptivo según establece el Estatuto de Autonomía cuando una norma modifica el Régimen Económico y Fiscal (REF), según ha informado el portavoz Francisco Hernández Spínola.
El portavoz del PSC-PSOE señaló que confía en que el recurso prospere ya que es "una flagrante la violación, al no haber sometido a informe esa ley". Aclaró que las discrepancias no son contra el contenido, sino que se trata de "un problema formal". La decisión se aprobará en el pleno que se inicia hoy.
"No se ha respetado el Estatuto de Autonomía", expuso el diputado quien insistió en que "cualquier modificación del REF debe ser informada al Parlamento de Canarias". Detalló en este sentido que "algunas disposiciones" de la norma afectan al REF. Hernández Spínola insistió en que la posición de los tres grupos parlamentarios es la de la "defensa" del fuero de competencias de la Cámara, "que son irrenunciables". "El Parlamento interpondrá el recurso de inconstitucionalidad que creemos prosperará", recalcó.
El socialista además quiso dejar claro que cuando el Gobierno de España presentó el proyecto no había aspectos que modificasen al REF, pero que en la tramitación del texto "sí se aprobaron enmiendas que dieron lugar a estas disposiciones finales que afecta al REF" y apuntó que están vinculadas con la rehabilitación turística.
"Hay unanimidad", aseguró el portavoz del grupo parlamentario socialista quien insistió en que "se debió paralizar" la ley de Economía Sostenible y remitir a Canarias antes de aprobarla de forma definitiva.
Por último, Hernández Spínola quiso aclarar que las materias reguladas en estas disposiciones y que tienen que ver con la rehabilitación de la planta alojativa "mejoran" la actual situación, ya que prevén "incentivos para la economía canaria". Por ello determinó que no se trata de un "desacuerdo por el contenido sino que es un problema formal".
La ley de Economía Sostenible tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible.
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