El Ejecutivo regional dio ayer un paso más en la iniciativa de primar a las empresas que contraten a parados residentes en Canarias. El Consejo de Gobierno aprobó una instrucción para que todas las consejerías establezcan en los pliegos de condiciones para la contratación de obras y servicios una baremación que favorezca en la puntuación a las empresas que contraten a personas en riesgo de exclusión social. A partir de ahora será una comisión multilateral de representantes de las consejerías de Hacienda, Presidencia y aquella que promueva el contrato la encargada de definir y homologar las condiciones de su aplicación.
El presidente Rivero insistió en que este tipo de medidas, pese a que el PSOE y el PP siempre se oponen a ellas, están amparadas por la doctrina del Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas, que autorizan a aplicarlas en áreas de especiales dificultades, como es el caso de Canarias. Rivero admitió que se trata de medidas que se aplican mientras duren las especiales dificultades por las que atraviesa la situación económica en Canarias y reconoció que mientras gobernó con el PP se encontró con obstáculos para poner en marcha la iniciativa.
Por otro lado, Rivero recordó a los empresarios que la gran mayoría de las iniciativas adoptadas por el Ejecutivo favorecen a las empresas, por lo que no entiende las quejas de los empresas sobre la escasez de medidas favorables a las sociedades isleñas. Según Rivero, el Ejecutivo "establece el marco" y deben ser los empresarios los que "arrimen el hombro" para ayudar a conseguir el objetivo de reducir las tasas de paro. "No hay razones ahora para estar en la incertidumbre", reprochó Rivero a los empresarios del sector turístico, ya que los indicadores económicos son favorables y el año 2010 acabó con el mayor crecimiento del Producto Interior Bruto después de Navarra.
Para Rivero, "debemos dar servicios de calidad y para ello debemos contar con plantillas dimensionadas al incremento de la demanda turística que se ha producido desde finales del pasado año".
Turismo
Además, el Gobierno canario aprobó ayer la primera reforma integral de una zona turística obsoleta. Puerto del Carmen, en Lanzarote, será el primer núcleo en el que se aplicará un plan de modernización y mejora en el que se incluye una inversión pública de 60 millones de euros, se derribarán o rehabilitarán hasta siete establecimientos alojativos y se construirán nuevos equipamientos para incrementar la oferta de ocio y esparcimiento. A Puerto del Carmen le seguirán Morro Jable, Corralejo, Costa Teguise, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Los Cristianos y Puerto Naos.
El presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, destacó que estos planes son posibles como consecuencia de la aplicación del artículo 15 de la Ley de Medidas Urgentes, norma aprobada en 2009, a través de la cual se consiguen dos objetivos: la mejora de la competitividad turística y generar actividad en la construcción para la rehabilitación de hoteles y apartamentos sin consumir más suelo. Siete establecimientos alojativos han decidido acogerse a este plan con el fin de derribar sus instalaciones para construir equipamientos o bien reformarlas y aumentar de categoría.
Para ello, este plan les permite a los promotores obtener licencia sin estar a expensas de lo que se disponga en el planeamiento municipal o insular.
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