La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha acusado este lunes al Gobierno de Rivero de no haber tomado "ninguna de las reformas estructurales necesarias" y de conservar una Administración "sobredimensionada" a costa de subir los impuestos, lo que coloca a las islas "al borde del precipicio".
La patronal de la provincia de Las Palmas ha hecho pública este lunes la carta que el pasado viernes remitió al presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero (CC), para expresarle el "estado de alarma y de enorme preocupación" que con que los empresarios del archipiélago han acogido la subida de impuestos en el archipiélago.
La CCE dice ser consciente de la grave situación en la que se encuentra la comunidad autónoma y subraya que comparte con el Gobierno regional que los recortes sufridos por Canarias en los Presupuestos
Generales del Estado son "desmedidos" y "vulneran la legalidad", pero también opina que el Ejecutivo canario ha optado por una salida "cortoplacista" y peligrosa: subir impuestos.
"Los empresarios asistimos con perplejidad a este espectáculo de improvisación que nos coloca al borde del precipicio y que no hace más que alimentar la situación de incertidumbre y pesimismo en la que, tristemente, llevamos ya cuatro años", aseguran.
La patronal de Las Palmas sostiene que, al subir el IGIC, el impuestos de carburantes y crear nuevas figuras impositivas, por ejemplo sobre las grandes superficies, se busca "un ingreso rápido" y se antepone "el mantenimiento de una Administración pública sobredimensionada por encima de las imprescindibles reformas", sin las cuales, será "inviable la competitividad" de Canarias.
Desde su punto de vista, las medidas aprobadas por el Gobierno canario "solo contribuyen a la involución económica y social" de las islas, por lo que merecen su rechazo "rotundo y unánime".
Los empresarios defienden que, en estos momentos, es preciso combinar de modo acertada "políticas de ajuste presupuestario y estímulo del crecimiento" y acometer "reformas estructurales que den sentido a los grandes sacrificios que están teniendo que hacer los ciudadanos y las empresas de Canarias".
Para ello, añade la organización que preside Sebastián Grisaleña, se necesita "un Gobierno que apueste por el bien común, que deje de un lado la exclusiva defensa de intereses propios y que asuma la imprescindible revisión de la Administración pública".
La CCE advierte de que esta mayor presión impositiva "arremete contra la línea de flotación de las empresas, con medidas que pueden suponer el golpe de gracia que remate definitivamente a nuestro maltrecho tejido productivo".
En cambio, continúa, "sigue sin asumirse la necesidad de afrontar cambios de calado sobre la estructura del sector público" y siguen "sin plantearse soluciones que apuesten por una mejorar de la eficiencia y la productividad de la Administración y sus trabajadores", algo para lo que cada vez "queda menos tiempo".
Subir los impuestos indirectos, como ha hecho el Gobierno canario, "no sólo no resuelve el problema" -opina la patronal de Las Palmas-, "sino que frena aún más el consumo y la inversión, genera inseguridad jurídica y acelera el proceso de destrucción de actividad económica y empleo en el que se encuentra inmersa la economía canaria".
A su juicio, la opción que ha tomado el Gobierno regional "no hará más que hurgar en la herida abierta por la crisis", ya que "agudizará la debilidad de la demanda interna y el consumo" y pondrá a la comunidad en una situación "de peligrosa deriva, que amenaza con conducirnos a un punto de no retorno".
La CCE está especialmente preocupada por el impacto de la subida del IGIC en el sector turístico, motor de la economía canaria, ya que se suma a otros incrementos de costes, como las tasas aeroportuarias.
La patronal cree que la mayor presión impositiva resta competitividad al sector turístico canario y le obliga a asumir el sobrecoste de la subida del IGIC, que no puede repercutir a clientes mayoristas con los que tiene firmados contratos a largo plazo.
Critica también de manera particular la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes superficies, un tributo "propio de otros tiempos" y que "viene a gravar una actividad que paga religiosamente sus impuestos".
"No se puede crear un estado de indefensión e inseguridad sobre aquellos que generamos empleo, creamos riqueza y somos el motor necesario para generar ingreso público", se quejan los empresarios.
