Estabilizamos a 5.000 trabajadores del sector", se congratuló el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de la Xunta, donde anunció que el texto "pactado" con el sector recoge también una bonificación del 7 por ciento en el importe de facturación del transporte escolar.
Según sus cálculos, la bonificación permitirá a las arcas públicas gallegas ahorrar 40 millones de euros en esta legislatura y un total de 110 en los próximos diez años. "Buscamos un equilibrio entre la estabilidad de los trabajadores y que las empresas se solidaricen con la situación de crisis que vive Galicia", argumentó y agregó que este "equilibrio" es "bueno" para los gallegos.
Así, los concesionarios de este tipo de transporte, en el plazo máximo de 6 millones desde la fecha de entrada en vigor de la ley, deberán presentar a la administración un cronograma de implantación de las actuaciones previstas en el plan de modernización, "adaptado" plenamente a él, y en el que se "concreten" tanto la metodología como las fases temporales previstas para la implantación de las "singulares" actuaciones de cada empresa.
No presentar dicho programa o su incumplimiento se tipificará como "infracción muy grave" de la normativa de transportes, dando lugar a sanciones que esta norma establece para este "incumplimiento", incluida --si es el caso-- la "caducidad" de la concesión.
TRANSPORTE "EFICAZ"
En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico explicó que el objetivo de la nueva normativa --que se remitirá al Parlamento para su tramitación-- es "garantizar" la movilidad de los ciudadanos y la "adecuada ordenación" del territorio a través de un sistema de transporte "eficaz y eficiente".
El Gobierno gallego articula esta ley para "adaptar" el sector económico del transporte por carretera a las "importantes novedades" que presentará, a corto plazo, la ordenación jurídica de la materia con la próxima introducción de modificaciones normativas procedentes del ámbito estatal y comunitario.
Así, la ley incluye un plan de modernización de las concesiones de transporte público con el que se introducen actuaciones respecto a las flotas de vehículos y a la "flexibilización" en la explotación, el sistema de tarifas o en materia sociolaboral.
Según sus cálculos, la bonificación permitirá a las arcas públicas gallegas ahorrar 40 millones de euros en esta legislatura y un total de 110 en los próximos diez años. "Buscamos un equilibrio entre la estabilidad de los trabajadores y que las empresas se solidaricen con la situación de crisis que vive Galicia", argumentó y agregó que este "equilibrio" es "bueno" para los gallegos.
Así, los concesionarios de este tipo de transporte, en el plazo máximo de 6 millones desde la fecha de entrada en vigor de la ley, deberán presentar a la administración un cronograma de implantación de las actuaciones previstas en el plan de modernización, "adaptado" plenamente a él, y en el que se "concreten" tanto la metodología como las fases temporales previstas para la implantación de las "singulares" actuaciones de cada empresa.
No presentar dicho programa o su incumplimiento se tipificará como "infracción muy grave" de la normativa de transportes, dando lugar a sanciones que esta norma establece para este "incumplimiento", incluida --si es el caso-- la "caducidad" de la concesión.
TRANSPORTE "EFICAZ"
En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico explicó que el objetivo de la nueva normativa --que se remitirá al Parlamento para su tramitación-- es "garantizar" la movilidad de los ciudadanos y la "adecuada ordenación" del territorio a través de un sistema de transporte "eficaz y eficiente".
El Gobierno gallego articula esta ley para "adaptar" el sector económico del transporte por carretera a las "importantes novedades" que presentará, a corto plazo, la ordenación jurídica de la materia con la próxima introducción de modificaciones normativas procedentes del ámbito estatal y comunitario.
Así, la ley incluye un plan de modernización de las concesiones de transporte público con el que se introducen actuaciones respecto a las flotas de vehículos y a la "flexibilización" en la explotación, el sistema de tarifas o en materia sociolaboral.
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