El Gobierno de Canarias acordó ayer destinar 30,1 millones de euros a la prestación de servicios para personas mayores dependientes. La finalidad es dotar, junto con una cuantía similar que deben aportar los siete cabildos, el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (Sicad) del que se benefician, según apuntó ayer el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, unas 30.000 personas en todo el Archipiélago. El acuerdo del Consejo de Gobierno llega, sin embargo, con tres meses de retraso.
Desde el Cabildo de Gran Canaria se denuncia, además, que pese a que la decisión del Gobierno conlleva la firma de convenios de colaboración con las corporaciones insulares -responsables de la gestión de los centros sociosanitarios en donde se ofrecen las prestaciones a los dependientes-, esta "se ha tomado de forma unilateral". El responsable de Política Sociosanitaria de Gran Canaria, Pedro Quevedo, asegura que "llevamos más de un año pidiendo que se reúna la comisión de seguimiento de la dependencia y ha sido imposible".
"Han aplicado", señala Quevedo, "la política de hechos consumados". Una afirmación rotundamente desmentida por Marrero. Este señaló que, precisamente, el retraso en la aprobación del gasto, cuando los convenios tienen vigencia desde el 1 de enero pasado, responde a la necesidad "no solo de poner de acuerdo a las siete administraciones insulares sino a dos departamentos distintos del propio Ejecutivo", en referencia a que las aportaciones para los servicios sociosanitarios se reparten entre las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad. Desde su punto de vista no debe buscarse más intención que esa al hecho de que el Ejecutivo no aprobara antes este gasto.
El viceconsejero portavoz insistió en que la finalidad de estos convenios es integrar el Sicad en la Ley de atención a las personas en situación de dependencia, en lo que se refiere a la prestación de servicios sociosanitarios de centros de día, de noche o de atención a personas mayores dependientes. Una red, subrayó, que estaba en funcionamiento de forma óptima por parte de los cabildos antes de la aprobación de la norma estatal y que no debe ser confundida "pese a que muchos se empeñen en hacerlo".
Marrero insistió en que con la integración del Sicad en la ley "Canarias seguirá aplicando las buenas prácticas adquiridas en estos años, en el marco de los planes socioasanitarios, y en el que a través de los 54 centros para personas mayores dependientes se ofrece no solo atención social sino también de carácter sanitario. De ahí la incorporación del Servicio Canario de Salud al sistema", apuntó.
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