Los pactos de concertación social firmados durante esta semana, certifican la inutilidad del Gobierno para remontar los alarmantes indicadores sociales de Canarias.
Mediante la denominada actualización del Pacto Social por la Economía y el Empleo y el Pacto por la Sostenibilidad de los Servicios Públicos, hechos públicos durante la presente semana, el Gobierno realiza una desesperada pirueta electoral por la que, tras conseguir la complicidad de la representación empresarial y los sindicatos CCOO y UGT, pretende desesperadamente enmascarar su fracaso en materia económica y en las políticas de protección social para intentar mejorar sus maltrechas expectativas electorales del próximo mes de mayo.
En dicho objetivo, el Gobierno saca de su chistera unas falsas expectativas de mejora económica a todas luces inexistentes y ya desmentidas de antemano por el mantenimiento en Canarias de unos tenebrosos indicadores sociales de desempleo, exclusión social y caída en la prestación de los servicios públicos, precisamente agravados como consecuencia del sonoro y reiterado fracaso de todas las medidas anunciadas durante los cuatro últimos años por el Ejecutivo de Paulino Rivero con el teórico objetivo de invertir la actual situación de economía de guerra existente en el Archipiélago. Tal es así que Canarias, con el 30% de la población activa en desempleo, además mueven anualmente unos 3900 millones de euros en fraude laboral dentro del alto nivel de economía sumergida existente en el Archipiélago
Tanto en el contenido del Pacto por la Economía (versión 2), como en el acuerdo por la Sostenibilidad del sector público, vuelven a reiterarse similares e inconexas declaraciones de principios sin especificarse directrices ni origen de las partidas económicas para el logro de los objetivos, convirtiéndose ambos documentos en un nuevo canto al sol y la creación de unas falsas expectativas de mejora socioeconómicas que identifican a este caricato de gobierno como de alta peligrosidad social.
Por otro lado, sorprende la nula referencia a cualquier acción o estrategia conjunta de los firmantes para dar cumplimiento al contenido del “Plan Canarias” subscrito en el 2009 entre el Presidente del Gobierno canario y su homónimo español, por el que el Estado se comprometía a invertir en Canarias unos 25 mil millones de euros en un periodo de diez años con el objetivo de abordar el drama social existente en el Archipiélago
EL GOBIERNO APARTA ILEGALMENTE A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MOLESTAS.
Añadidamente, el Pacto por la Sostenibilidad de los Servicios Públicos que esta misma semana firman Coalición Canaria y a los sindicatos CC.OO y UGT, independientemente de su inoperatividad, no tendrá ninguna viabilidad legal al haber sido apartada de su negociación a Intersindical Canaria como sindicato mayoritario en las administraciones públicas de Canarias.
El Gobierno y los sindicatos firmantes, al no estar de acuerdos con la propuesta hecha en su momento por Intersindical Canaria para el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y al negarse a la aceptación de crédito horario sindical a cambio de nuevos recortes laborales, suspende las reuniones de la Mesa General de Empleados Públicos (ámbito legal para discutir las materias firmadas) y monta una negociación paralela y alternativa en la Mesa Concertación Social, en la que no está presente Intersindical Canaria.
Tras librarse de presencias incómodas, los firmantes establecen unas líneas de actuación en los servicios públicos que, además, no tendrán ninguna traducción en mejorar los actuales indicadores de listas de espera sanitarias, fracaso escolar, recorte de plantillas y derechos laborales, todo ello dentro de la actual campaña del gobierno para el desguace de los servicios públicos.
Intersindical Canaria advierte que llevará este acuerdo a los tribunales
Secretariado Confederal Nacional
Intersindical Canaria
Canarias 28 de abril de 2011
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