Cuatro años después del estallido de la crisis la situación de las comunidades de vecinos comienza a ser insostenible. Los impagos, que siempre han existido pero en cuotas que rondaban entre un 4% y un 6%, comenzaron a crecer en 2007 hasta situarse un año después en el 8%.
En 2009 aumentaron hasta el 12% y ya, a fecha de hoy, llegan de media en Canarias al 22%. Un porcentaje de morosidad que hace «inviable» el día a día de muchas comunidades que se han visto obligadas a recortar algunos servicios para mantener lo mínimo de agua, luz y limpieza.
Así lo señala José Luis Moyano, que es gerente para Gran Canaria y Fuerteventura de LDC, empresa nacional especializada y líder en la administración de comunidades.
Según explica, al «moroso profesional» que ha existido siempre se ha unido con la crisis el deudor «por obligación», que ha dejado de pagar las cuotas impedido por su situación económica. «La comunidad es una de las primeras cosas que deja de pagar una persona porque la cuantía no es muy elevada y nunca piensa que puede tener consecuencias», señala Moyano, quien a continuación agrega, que «esto es un gran error».
Según explica, la mayoría de los impagos de una comunidad de vecinos acaba con el pago de la deuda por parte del moroso; sin embargo, en muchos casos los administradores tienen que recurrir al proceso monitorio y la deuda se salda vía ejecutiva en los juzgados, con el embargo de algún bien que puede llegar a ser la vivienda del deudor.
«Hace unos días se ha adjudicado un local por procedimiento monitorio de un deudor. No se presentó cuando se le requirió y al final se señalaron bienes y se ha subastado. La deuda era tan sólo de 16.000 euros y el local está valorado en 75.000 euros», explica Moyano, quien señala que el moroso intentó primero vender el local sin éxito «porque ahora nadie quiere ladrillo y es imposible vender». «No puede vender y tampoco pagar porque no tiene trabajo ni dinero. Al final sólo queda ejecutar», explica Moyano.
Según manifiesta, los administradores tienen «especial sensibilidad» con aquellos morosos que no pagan sus cuotas porque atraviesan una situación complicada puntual. «Cuando se trata de un deudor que tiene cara vas a por él pero cuando ves que se trata de una familia con dificultades económicas y que todos sus miembros están en el paro se buscan vías para poder cobrar la deuda aunque sea fraccionada», señala.
Moyano apunta que los administradores recurren a la vía ejecutiva cuando la deuda acumulada ronda los 8.000 euros. El paso se da antes, sin embargo, en aquellas comunidades que tienen una cuota baja. «En esos casos se actúa a partir de entre 1.000 y 2.000 euros», señala Moyano, quien asegura que los administradores se han vuelto «más agresivos» con la crisis. «Antes éramos más permisivos pero ahora no podemos porque si lo hacemos la comunidad se viene abajo», concluye.
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