La Comisión Europea adoptó el pasado 13 de abril su propuesta de modificación de directiva de la fiscalidad de la energía, que propone gravar un 8% más el gasóleo que la gasolina, eliminar las exenciones para los biocombustibles y acabar con el gasóleo profesional, según ha informado Fenebús en su boletín.
Las nuevas normas tienen por objeto reestructurar la forma en que se gravan los productos energéticos para eliminar los desequilibrios actuales y tener en cuenta tanto las emisiones de CO2 como el contenido de energía. La propuesta contiene distintas medidas que afectarán a los carburantes para vehículos y a los combustibles para calefacción.
Así, la propuesta sugiere distinguir entre CO2 e impuestos de consumo en el combustible para así avanzar con los objetivos climáticos de la estrategia Europa 2020. Esto obligaría a los Estados miembro a establecer los tipos mínimos de los impuestos de CO2 a 20 euros por tonelada de combustible usada para fines de transporte o calefacción a partir de 2013.
El impuesto se conectaría a la inflación —medida cada tres años— y obligaría a los Estados miembro a establecer la neutralidad fiscal en los combustibles para 2023, asegurando el aumento de impuestos en los combustibles de alto consumo energético (como el diésel y el carbón). De este modo, un litro de diésel se gravaría un 8% más que un litro de gasolina.
Además, la propuesta pretende suprimir las diferencias de tratamiento fiscal que se dan en algunos Estados miembro entre gasóleo de uso profesional y no profesional. También contempla acabar progresivamente con las reducciones y exenciones para biocombustibles, gas natural y GLP como carburantes.
La Directiva entraría en vigor a partir de 2013 aunque se prevé un largo periodo de transición para su adaptación. La propuesta se ha transmitido ya a Consejo y Parlamento Europeo. Se trata de un asunto de competencia exclusiva del Consejo (los 27) y que deberá aprobarse por unanimidad. En este sentido, Reino Unido ya ha afirmado que es bastante probable que bloquee la propuesta.
Por su parte, el Parlamento Europeo tiene un papel consultivo en este tema. El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) y el de los Verdes emitieron sendos comunicados en el que recibieron con agrado la propuesta, aunque los Verdes consideran que hay que reforzarla. Sin embargo, la portavoz de la Comisión de Transportes del grupo de los Conservadores y Reformistas (CRE), Jacqueline Foster (Reino Unido), criticó la propuesta. Foster aludió a la difícil situación económica mundial y al incremento del precio en los productos finales como argumentos para rechazarla.
Rechazo del Sector
La propuesta ha despertado críticas por parte de numerosos representantes de la industria, entre ellos del sector transportes. La Unión Internacional de la Carretera (IRU) emitió un comunicado en el que califica a la propuesta de fracaso porque castigará al empleo y a la economía y no conseguirá mantener el correcto funcionamiento del mercado interno, ni hacer un uso más eficiente de la energía y tampoco ayudará a promover las fuentes de energía más limpias. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) criticó a la Comisión Europea por una propuesta que "sólo perjudicará a los consumidores".
En esa misma línea, la Asociación de Transporte de Mercancías por Carretera de Gran Bretaña también criticó la propuesta. Consideran que no es el momento dado el alto precio del combustible y que incrementará el precio de los productos finales. La Asociación de Automóviles de Reino Unido (AA) también calificó la propuesta de "locura".
Además, la Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA) criticó la idea de imponer una tasa europea de carbono dada la situación económica actual y los costos de la demanda pico de energía. Por su parte, la Confederación de Industrias Europea (BusinessEurope) envió una carta al Comisario Europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta. En ella reconocen la importancia de los objetivos europeos de reducción de emisiones de CO2, pero invitan a analizar cuidadosamente su consecución a través de la fiscalidad.
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