La integración de las dos escalas de oficiales existentes en las Fuerzas Armadas es el punto más polémico de la Ley de la Carrera Militar. Para equipararse a los de la escala superior, los de la media deben realizar un curso de adaptación que muchos califican ya de «inútil» y «pérdida de tiempo». El Ministerio de Defensa otorgó una partida de 48 millones de euros para realizar cuatro cursos de adaptación de seis meses cada uno, el primero de los cuales se está desarrollando ahora.
La mayor parte del dinero presupuestado va a las compensaciones en dietas y residencia eventual de los alumnos y profesores. Visto el elevado coste que supone para las arcas debilitadas del Ministerio, éste se ha planteado reducir la fase presencial de los cursos venideros, lo que supondrá que los siguientes concurrentes y docentes cobrarán menos dietas que los actuales.
El curso que se está desarrollando actualmente consta de una fase presencial de 22 semanas. Según la propuesta elevada por el Ejército de Tierra al departamento que dirige Carme Chacón, esta fase quedaría reducida a 14 semanas, el mínimo contemplado en la Orden Ministerial que regulaba el curso. Por contra, se amplía la fase que los concurrentes deben realizar desde sus casas a 21 semanas. Esta medida conlleva la variación de los planes de estudio ya diseñados y reduce el coste total en aproximadamente diez millones de euros.
Al excesivo coste del curso se unen las quejas de los concurrentes al mismo, que desde un principio ha suscitado todo tipo de críticas. En primer lugar porque no tiene ninguna validez académica; en segundo término porque nadie se ha preocupado en convalidar las licenciaturas que tienen muchos oficiales, que ahora se tienen que examinar de asignaturas que ya estudiaron durante su carrera civil.
Entre quejas de abusos de autoridad por parte del profesorado, autoconcesión de potestad sancionadora, falta de transparencia en los criterios de evaluación y un largo etcétera, lo que más preocupa a los oficiales que están realizando la adaptación es su futuro profesional. En ninguna de las normas que establecen o desarrollan el curso se especifica qué pasará con los oficiales que lo superen con éxito. Nadie, según fuentes militares consultadas por este diario, sabe si una vez que estén integrados con los de la escala superior podrán mantener su puesto actual o tendrán que optar a uno acorde con su nueva condición, dado que, en la mayoría de los casos, el lugar en el que servían hasta ahora estaba reservado para la escala media. Debido a esta incertidumbre, muchos de los actuales alumnos están planteándose suspender el curso en las últimas semanas para repetirlo en la siguiente convocatoria, algo a lo que tienen derecho, a la espera de que para entonces se haya aclarado este punto.
La mayor parte del dinero presupuestado va a las compensaciones en dietas y residencia eventual de los alumnos y profesores. Visto el elevado coste que supone para las arcas debilitadas del Ministerio, éste se ha planteado reducir la fase presencial de los cursos venideros, lo que supondrá que los siguientes concurrentes y docentes cobrarán menos dietas que los actuales.
El curso que se está desarrollando actualmente consta de una fase presencial de 22 semanas. Según la propuesta elevada por el Ejército de Tierra al departamento que dirige Carme Chacón, esta fase quedaría reducida a 14 semanas, el mínimo contemplado en la Orden Ministerial que regulaba el curso. Por contra, se amplía la fase que los concurrentes deben realizar desde sus casas a 21 semanas. Esta medida conlleva la variación de los planes de estudio ya diseñados y reduce el coste total en aproximadamente diez millones de euros.
Al excesivo coste del curso se unen las quejas de los concurrentes al mismo, que desde un principio ha suscitado todo tipo de críticas. En primer lugar porque no tiene ninguna validez académica; en segundo término porque nadie se ha preocupado en convalidar las licenciaturas que tienen muchos oficiales, que ahora se tienen que examinar de asignaturas que ya estudiaron durante su carrera civil.
Entre quejas de abusos de autoridad por parte del profesorado, autoconcesión de potestad sancionadora, falta de transparencia en los criterios de evaluación y un largo etcétera, lo que más preocupa a los oficiales que están realizando la adaptación es su futuro profesional. En ninguna de las normas que establecen o desarrollan el curso se especifica qué pasará con los oficiales que lo superen con éxito. Nadie, según fuentes militares consultadas por este diario, sabe si una vez que estén integrados con los de la escala superior podrán mantener su puesto actual o tendrán que optar a uno acorde con su nueva condición, dado que, en la mayoría de los casos, el lugar en el que servían hasta ahora estaba reservado para la escala media. Debido a esta incertidumbre, muchos de los actuales alumnos están planteándose suspender el curso en las últimas semanas para repetirlo en la siguiente convocatoria, algo a lo que tienen derecho, a la espera de que para entonces se haya aclarado este punto.
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