En España se realizan alrededor de 4.000 pruebas de paternidad al año y en un 15-20% de los casos más o menos se confirma que el padre analizado no es el padre biológico, por lo que se podría aplicar perfectamente el dicho popular de: "Los hijos de mis hijas mis nietos son; los hijos de mis hijos, lo son o no lo son".
Son mayoritariamente los hombres los que piden estas pruebas, en gran parte de los casos para evitar el pago de manutención, pero ahora cada vez más las mujeres empiezan a unirse a esta moda, llegando a realizarse a partir de líquido amniótico. "Quieren tener seguridad absoluta de quién es el padre biológico y exigir sus obligaciones". Francisco Villanueva, director comercial de Laboratorios González Santiago, señala que el incremento de la demanda se produce también, en parte, por la reducción de los precios de las pruebas.
Además, el aumento de separaciones y divorcios, junto con los problemas inherentes a herencias e inmigración hacen que el número de pruebas de paternidad crezca cada vez más. Normalmente, las más solicitadas son la privadas o informativas, también llamadas anónimas, en las que no se comprueba la identidad de las personas que se toman las muestras, sino que se limita a establecer la relación de parentesco entre dos muestras A y B. En este caso, explica Villanueva, los resultados no podrán usarse en un juicio, aunque sí son suficientes para sacar de dudas al interesado.
En las pruebas con validez judicial, el procedimiento cambia. En primer lugar, explica Villanueva, para que una paternidad tenga valor probatorio es imprescindible que las personas solicitantes sean adecuadamente identificadas. Se hace fotografía de comparecencia, se toman huellas dactilares y se asegura la "cadena de custodia", documento cumplimentado y firmado por todas las personas bajo cuya responsabilidad hayan estado las muestras. Si hay un menor, hay que comprobar que la parte solicitante tiene su custodia.
Los jueces, sin embargo, se decantan por hacer estas pruebas vía Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses porque, en un principio, "se trata de un organismo neutral y no ha sido propuesto por ninguna de las partes implicadas en el proceso", afirma José Antonio Cuellas, director del Instituto en Tenerife.
Para que la prueba tenga validez judicial suele ir al laboratorio el secretario judicial que da fe de que las personas que se van a realizar el test son las que acredita su documentación y, considerando que estos documentos podrían estar falsificados (hubo un caso en el que se presentó una hermana, para que la prueba saliera negativa) además se toman fotografías y huellas dactilares "para tener ciertas garantías". En otros casos, explica, las pruebas vienen directamente custodiadas del juzgado.
Son mayoritariamente los hombres los que piden estas pruebas, en gran parte de los casos para evitar el pago de manutención, pero ahora cada vez más las mujeres empiezan a unirse a esta moda, llegando a realizarse a partir de líquido amniótico. "Quieren tener seguridad absoluta de quién es el padre biológico y exigir sus obligaciones". Francisco Villanueva, director comercial de Laboratorios González Santiago, señala que el incremento de la demanda se produce también, en parte, por la reducción de los precios de las pruebas.
Además, el aumento de separaciones y divorcios, junto con los problemas inherentes a herencias e inmigración hacen que el número de pruebas de paternidad crezca cada vez más. Normalmente, las más solicitadas son la privadas o informativas, también llamadas anónimas, en las que no se comprueba la identidad de las personas que se toman las muestras, sino que se limita a establecer la relación de parentesco entre dos muestras A y B. En este caso, explica Villanueva, los resultados no podrán usarse en un juicio, aunque sí son suficientes para sacar de dudas al interesado.
En las pruebas con validez judicial, el procedimiento cambia. En primer lugar, explica Villanueva, para que una paternidad tenga valor probatorio es imprescindible que las personas solicitantes sean adecuadamente identificadas. Se hace fotografía de comparecencia, se toman huellas dactilares y se asegura la "cadena de custodia", documento cumplimentado y firmado por todas las personas bajo cuya responsabilidad hayan estado las muestras. Si hay un menor, hay que comprobar que la parte solicitante tiene su custodia.
Los jueces, sin embargo, se decantan por hacer estas pruebas vía Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses porque, en un principio, "se trata de un organismo neutral y no ha sido propuesto por ninguna de las partes implicadas en el proceso", afirma José Antonio Cuellas, director del Instituto en Tenerife.
Para que la prueba tenga validez judicial suele ir al laboratorio el secretario judicial que da fe de que las personas que se van a realizar el test son las que acredita su documentación y, considerando que estos documentos podrían estar falsificados (hubo un caso en el que se presentó una hermana, para que la prueba saliera negativa) además se toman fotografías y huellas dactilares "para tener ciertas garantías". En otros casos, explica, las pruebas vienen directamente custodiadas del juzgado.
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