Si tuviéramos que resumir en una sola frase el eje medular que ha vertebrado la evolución de la humanidad, podríamos afirmar que éste ha sido "la lucha de las sociedades humanas por liberarse de la explotación y adquirir, a muy duras penas, la equidad en sus derechos", o, lo que es lo mismo, "la pugna de la humanidad por dejar de ser sometida y utilizada por los intereses de unos pocos".
La Revolución francesa marcó uno de los mayores hitos de la historia en esa evolución, convirtiéndo las ideas humanistas de la Ilustración en la palanca que impulsó el nacimiento de los derechos civiles (germen de las democracias), y que disipó en Occidente el oscurantismo feudal y las tiranías monárquicas y teológicas que habían dominado el mundo en los tiempos precedentes.
Los ideales de la Ilustración (razón, progreso, derechos naturales, igualdad y fraternidad entre los hombres…) fueron forjando sistemas sociales más justos que culminaron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, derechos que constituyen el ensamblaje universal que considera un ideal común la dignidad intrínseca e inalienable de todos los seres humanos. Y el derecho al trabajo (Art.16), así como el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre (Art.24) están recogidos por la Carta Magna como derechos fundamentales de cualquier ciudadano.
La propuesta tan debatida por el Gobierno de retrasar en dos años la edad de jubilación supone un retroceso en esa evolución de progreso que debería ser la tónica general de cualquier país democrático. Y es un retroceso que está generando muchas críticas en casi todos los sectores políticos y sociales, que no contemplan esta medida, ni de lejos, consecuente con la política social que dice defender el gobierno de Zapatero.
Los Estados son, en realidad, sistemas piramidales en los que las aportaciones de la inmensa mayoría de los ciudadanos son las que sustentan, con esfuerzo y, muchas veces, con precariedad, el funcionamiento de la maquinaria que supone un país. Y son esas aportaciones las que suministran la riqueza que va a seguir proporcionando lucro y beneficio a los sectores situados en la cima de la pirámide. Quizás no sea justo, pero es así.
Pero sobrepasa los límites de lo que no es justo, sino muy indignante, que sean las capas de esa base de la pirámide, es decir, los trabajadores, los que tengan que perder derechos básicos para seguir alimentando un sistema en el que, se ha demostrado, unos cuantos corruptos (los "liberales" o neocon) se han enriquecido de manera ilícita y abusiva, a la vez que han generado una crisis mundial que ha devastado la economía de una gran parte del planeta.
El gobierno Zapatero se ha equivocado con esta propuesta. Un gobierno progresista nunca debería de acudir a medidas que tomaría un gobierno neocón para salvar una situación gestada y alimentada por un neo-conservadurismo que ha ignorado los derechos más básicos de los ciudadanos.
El gobierno Zapatero debería tomar otro tipo de medidas económicas que no mermaran los derechos de los que trabajan duro muchos años de su vida; debería tomar medidas de recorte de las rentas más altas, debería gravar las grandes fortunas, debería frenar la especulación, debería controlar el gasto público, proteger a la pequeña empresa, limitar los abusos de la banca, y mantener con firmeza una política de apoyo a los derechos ciudadanos, porque eso es lo que la mayoría de sus votantes esperan.
El gobierno Zapatero se ha equivocado. Esperemos que rectifique, porque la alternativa es siniestra: otro Aznar sería lo peor que le pudiera pasar a España.
La Revolución francesa marcó uno de los mayores hitos de la historia en esa evolución, convirtiéndo las ideas humanistas de la Ilustración en la palanca que impulsó el nacimiento de los derechos civiles (germen de las democracias), y que disipó en Occidente el oscurantismo feudal y las tiranías monárquicas y teológicas que habían dominado el mundo en los tiempos precedentes.
Los ideales de la Ilustración (razón, progreso, derechos naturales, igualdad y fraternidad entre los hombres…) fueron forjando sistemas sociales más justos que culminaron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, derechos que constituyen el ensamblaje universal que considera un ideal común la dignidad intrínseca e inalienable de todos los seres humanos. Y el derecho al trabajo (Art.16), así como el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre (Art.24) están recogidos por la Carta Magna como derechos fundamentales de cualquier ciudadano.
La propuesta tan debatida por el Gobierno de retrasar en dos años la edad de jubilación supone un retroceso en esa evolución de progreso que debería ser la tónica general de cualquier país democrático. Y es un retroceso que está generando muchas críticas en casi todos los sectores políticos y sociales, que no contemplan esta medida, ni de lejos, consecuente con la política social que dice defender el gobierno de Zapatero.
Los Estados son, en realidad, sistemas piramidales en los que las aportaciones de la inmensa mayoría de los ciudadanos son las que sustentan, con esfuerzo y, muchas veces, con precariedad, el funcionamiento de la maquinaria que supone un país. Y son esas aportaciones las que suministran la riqueza que va a seguir proporcionando lucro y beneficio a los sectores situados en la cima de la pirámide. Quizás no sea justo, pero es así.
Pero sobrepasa los límites de lo que no es justo, sino muy indignante, que sean las capas de esa base de la pirámide, es decir, los trabajadores, los que tengan que perder derechos básicos para seguir alimentando un sistema en el que, se ha demostrado, unos cuantos corruptos (los "liberales" o neocon) se han enriquecido de manera ilícita y abusiva, a la vez que han generado una crisis mundial que ha devastado la economía de una gran parte del planeta.
El gobierno Zapatero se ha equivocado con esta propuesta. Un gobierno progresista nunca debería de acudir a medidas que tomaría un gobierno neocón para salvar una situación gestada y alimentada por un neo-conservadurismo que ha ignorado los derechos más básicos de los ciudadanos.
El gobierno Zapatero debería tomar otro tipo de medidas económicas que no mermaran los derechos de los que trabajan duro muchos años de su vida; debería tomar medidas de recorte de las rentas más altas, debería gravar las grandes fortunas, debería frenar la especulación, debería controlar el gasto público, proteger a la pequeña empresa, limitar los abusos de la banca, y mantener con firmeza una política de apoyo a los derechos ciudadanos, porque eso es lo que la mayoría de sus votantes esperan.
El gobierno Zapatero se ha equivocado. Esperemos que rectifique, porque la alternativa es siniestra: otro Aznar sería lo peor que le pudiera pasar a España.
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