España ha tenido que devolver a las arcas de la Unión Europea (UE) más de mil millones de euros en el periodo comprendido entre 1996 y 2006, por las correcciones financieras impuestas por las autoridades comunitarias, debido a los incumplimientos de la normativa o a la falta de controles en el gasto agrario. Las mayores partidas corresponden a la multa del lino, que ascendió a 130 millones de euros. En el sector del olivar también ha habido que devolver sumas importantes durante una serie de años comprendidos en ese periodo, por los errores del llamado Sistema de Información Geográfica, reconvertido después en el Sigpac.
Evolución
De acuerdo con los datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la corrección financiera correspondiente al ejercicio presupuestario 1996 del Feoga Garantía fue de 93 millones de euros; al año siguiente bajó hasta 69,2 millones. A partir de ese momento comenzó un repunte, ya que en 1998 ascendió a 84,7 millones y a 113,5 en el ejercicio siguiente. Las multas más importantes se produjeron en 2000, con 142,9 millones, y en 2001, con 144,7. En 2002 el organismo comunitario en cuestión reclamó 112,9 millones de euros, subiendo a 115,9 en 2003. A continuación se acentúan las caídas, con 91,5 millones en 2004; 37,8 millones en 2005 y 7,3 millones de euros en 2006. Este descenso tan brusco se debe a la entrada en vigor del Sigpac, instrumento a través del que se ejerce un mayor control en el reparto de las ayudas comunitarias.
España fue durante el último ejercicio del que hay datos el segundo Estado miembro que recibió más dinero de los fondos agrarios de la UE, superando con creces los 7.000 millones de euros. Por delante figura Francia, la primera potencia agraria de la UE, y, por detrás, Alemania e Italia. Precisamente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tiene previsto estudiar esta semana un documento elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura en el que se pone de manifiesto la necesidad de apoyar la PAC como forma para garantizar el retorno de ese dinero a nuestro país, una vez que ya han comenzado a descender las cantidades que llegan por el Fondo de Cohesión y los otros Fondos Estructurales.
Evolución
De acuerdo con los datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la corrección financiera correspondiente al ejercicio presupuestario 1996 del Feoga Garantía fue de 93 millones de euros; al año siguiente bajó hasta 69,2 millones. A partir de ese momento comenzó un repunte, ya que en 1998 ascendió a 84,7 millones y a 113,5 en el ejercicio siguiente. Las multas más importantes se produjeron en 2000, con 142,9 millones, y en 2001, con 144,7. En 2002 el organismo comunitario en cuestión reclamó 112,9 millones de euros, subiendo a 115,9 en 2003. A continuación se acentúan las caídas, con 91,5 millones en 2004; 37,8 millones en 2005 y 7,3 millones de euros en 2006. Este descenso tan brusco se debe a la entrada en vigor del Sigpac, instrumento a través del que se ejerce un mayor control en el reparto de las ayudas comunitarias.
España fue durante el último ejercicio del que hay datos el segundo Estado miembro que recibió más dinero de los fondos agrarios de la UE, superando con creces los 7.000 millones de euros. Por delante figura Francia, la primera potencia agraria de la UE, y, por detrás, Alemania e Italia. Precisamente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos tiene previsto estudiar esta semana un documento elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura en el que se pone de manifiesto la necesidad de apoyar la PAC como forma para garantizar el retorno de ese dinero a nuestro país, una vez que ya han comenzado a descender las cantidades que llegan por el Fondo de Cohesión y los otros Fondos Estructurales.
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