El Ministerio de Economía y Haciendo ha publicado en su página web el texto definitivo del anteproyecto de ley de Economía Sostenible y, como novedad, señala que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá interrumpir la prestación de un servicio de una página web que "pretenda causar un daño patrimonial".
En el texto, al que tuvo acceso 'Portaltic.es', también se especifica que el 'bloqueo' de webs se producirá contra los prestadores "con ánimo de lucro directo o indirecto". Tal y como anunció la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la ejecución de las resoluciones de esta comisión requerirá de una autorización judicial previa.
Para el abogado experto en la Red David Bravo, la inclusión del término 'daño patrimonial' supone una "ampliación del espectro" de los usuarios que podrían verse afectados por esta medida, puesto que incluye a aquellos que no tengan ánimo de lucro. "Ahora será la comisión la que decida sobre la intención de las personas. ¿Cómo se valora eso?", preguntó.
En declaraciones a 'Portaltic.es', Bravo también criticó la inclusión de las palabras 'directo e indirecto', un cambio a su entender "innecesario". "Eso ya era posible antes. Según esto, un mero blog con publicidad puede verse afectado por poner un simple enlace a Youtube", explicó el abogado.
En cuanto al resto del documento, no se incluye ninguna novedad respecto a lo anunciado por González-Sinde. A día de hoy, falta por conocer la composición de la sección segunda de la comisión, que estudiará la interrupción de la prestación del servicio y que la ministra anunció que "reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en internet y en las diferentes materias".
En un artículo del pasado mes de diciembre, el periodista Ignacio Escolar adelantaba que Cultura planteó un esquema en su reunión con los 'blogueros' que incluía a dos representantes de este organismo, dos de las entidades de gestión y otros dos nombrados por las operadoras de telecomunicaciones. No obstante, matizaba que la composición "aun no parecía estar muy clara.
En el texto, al que tuvo acceso 'Portaltic.es', también se especifica que el 'bloqueo' de webs se producirá contra los prestadores "con ánimo de lucro directo o indirecto". Tal y como anunció la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la ejecución de las resoluciones de esta comisión requerirá de una autorización judicial previa.
Para el abogado experto en la Red David Bravo, la inclusión del término 'daño patrimonial' supone una "ampliación del espectro" de los usuarios que podrían verse afectados por esta medida, puesto que incluye a aquellos que no tengan ánimo de lucro. "Ahora será la comisión la que decida sobre la intención de las personas. ¿Cómo se valora eso?", preguntó.
En declaraciones a 'Portaltic.es', Bravo también criticó la inclusión de las palabras 'directo e indirecto', un cambio a su entender "innecesario". "Eso ya era posible antes. Según esto, un mero blog con publicidad puede verse afectado por poner un simple enlace a Youtube", explicó el abogado.
En cuanto al resto del documento, no se incluye ninguna novedad respecto a lo anunciado por González-Sinde. A día de hoy, falta por conocer la composición de la sección segunda de la comisión, que estudiará la interrupción de la prestación del servicio y que la ministra anunció que "reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en internet y en las diferentes materias".
En un artículo del pasado mes de diciembre, el periodista Ignacio Escolar adelantaba que Cultura planteó un esquema en su reunión con los 'blogueros' que incluía a dos representantes de este organismo, dos de las entidades de gestión y otros dos nombrados por las operadoras de telecomunicaciones. No obstante, matizaba que la composición "aun no parecía estar muy clara.
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