Un equipo interdisciplinar coordinado por investigadores de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y del Servicio Canario de Salud ha valorado el impacto económico de las enfermedades mentales en España y ha estimado también su coste social.
Según el estudio, a pesar de los recursos sanitarios invertidos en paliar los efectos de estas enfermedades, los cuidados informales y las pérdidas laborales suponen una fuerte carga para la sociedad.
Las enfermedades mentales afectan a un gran número de personas, influyen en su calidad de vida y suponen elevados costes socioeconómicos.
“En España, el cáncer, las enfermedades del sistema circulatorio, y las enfermedades mentales son los tres grandes grupos a los que más recursos sanitarios destina el Sistema Nacional de Salud”, apunta a SINC Juan Oliva, autor principal del estudio e investigador de la UCLM.
Según el estudio, que ha publicado recientemente el European Journal of Health Economics, las enfermedades mentales son la segunda causa de baja temporal y permanente en el trabajo, después de las enfermedades osteomusculares.
Además, las enfermedades mentales son la cuarta causa de cuidados informales (prestados por personas que no son profesionales, en general familiares), después de los accidentes cerebrovasculares, las demencias y las enfermedades osteomusculares.
El objetivo del estudio fue estimar el impacto socioeconómico de este tipo de enfermedades en España a partir de los datos de 2002, año del que se disponen más fuentes registradas. Las últimas cifras, que publica el Ministerio de Sanidad en su web, corresponden al año 2006, pero no desagregan las partidas por grupos de enfermedad.
Además de utilizar las unidades de valoración habituales, como el número de muertes prematuras por enfermedades mentales, el número de hospitalizaciones, de consultas médicas y bajas laborales, el equipo incorporó al estudio otro indicador: los costes no médicos directos, es decir, los que asumen aquellas personas pertenecientes al entorno afectivo de personas cuya autonomía se ha visto limitada por padecer una enfermedad mental.
A pesar de que hoy los gobiernos autonómicos y central destinen recursos económicos y humanos a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales (visibles en las cifras del gasto sanitario estimado), “el coste social oculto (pérdidas laborales y costes de cuidados informales) supone una carga social aún mayor”, apunta Oliva.
Otras cifras y porcentajes
En 2002, el coste total de las enfermedades mentales en España se estimó a la baja en 7.019 millones de euros, de los cuales los costes médicos directos representan el 39,6% y suponen, al menos, un 7,3% del total del gasto sanitario público en España para ese año.
Según la investigación, los costes directos ocasionados por enfermedades mentales representan el 57,3% del total del coste estimado; el 42,7% restante representa la pérdida de la productividad del trabajo.
En referencia a los costes médicos directos, los gastos más significativos son las hospitalizaciones (19,1% del coste total estimado) y los medicamentos (15,6% del coste total estimado).
En conjunto, los costes totales representaron en 2002 cerca del 1% del producto interior bruto (PIB) de la población española.
Según el estudio, a pesar de los recursos sanitarios invertidos en paliar los efectos de estas enfermedades, los cuidados informales y las pérdidas laborales suponen una fuerte carga para la sociedad.
Las enfermedades mentales afectan a un gran número de personas, influyen en su calidad de vida y suponen elevados costes socioeconómicos.
“En España, el cáncer, las enfermedades del sistema circulatorio, y las enfermedades mentales son los tres grandes grupos a los que más recursos sanitarios destina el Sistema Nacional de Salud”, apunta a SINC Juan Oliva, autor principal del estudio e investigador de la UCLM.
Según el estudio, que ha publicado recientemente el European Journal of Health Economics, las enfermedades mentales son la segunda causa de baja temporal y permanente en el trabajo, después de las enfermedades osteomusculares.
Además, las enfermedades mentales son la cuarta causa de cuidados informales (prestados por personas que no son profesionales, en general familiares), después de los accidentes cerebrovasculares, las demencias y las enfermedades osteomusculares.
El objetivo del estudio fue estimar el impacto socioeconómico de este tipo de enfermedades en España a partir de los datos de 2002, año del que se disponen más fuentes registradas. Las últimas cifras, que publica el Ministerio de Sanidad en su web, corresponden al año 2006, pero no desagregan las partidas por grupos de enfermedad.
Además de utilizar las unidades de valoración habituales, como el número de muertes prematuras por enfermedades mentales, el número de hospitalizaciones, de consultas médicas y bajas laborales, el equipo incorporó al estudio otro indicador: los costes no médicos directos, es decir, los que asumen aquellas personas pertenecientes al entorno afectivo de personas cuya autonomía se ha visto limitada por padecer una enfermedad mental.
A pesar de que hoy los gobiernos autonómicos y central destinen recursos económicos y humanos a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales (visibles en las cifras del gasto sanitario estimado), “el coste social oculto (pérdidas laborales y costes de cuidados informales) supone una carga social aún mayor”, apunta Oliva.
Otras cifras y porcentajes
En 2002, el coste total de las enfermedades mentales en España se estimó a la baja en 7.019 millones de euros, de los cuales los costes médicos directos representan el 39,6% y suponen, al menos, un 7,3% del total del gasto sanitario público en España para ese año.
Según la investigación, los costes directos ocasionados por enfermedades mentales representan el 57,3% del total del coste estimado; el 42,7% restante representa la pérdida de la productividad del trabajo.
En referencia a los costes médicos directos, los gastos más significativos son las hospitalizaciones (19,1% del coste total estimado) y los medicamentos (15,6% del coste total estimado).
En conjunto, los costes totales representaron en 2002 cerca del 1% del producto interior bruto (PIB) de la población española.
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