La voracidad de las eléctricas no tiene límites. Bueno, de las eléctricas, de las telefónicas, de la banca.... Son la punta de lanza de un sistema ultraliberal que ha arrinconado a los poderes democráticos hasta lo inimaginable, en la mayoría de los casos con cómplices enquistados en la administración y en la política que, a modo de caballos de Troya, van minando lo público y favoreciendo y engordando a unos sectores que van, a su vez, adquiriendo enormes cotas de poder, de control de las instituciones y los partidos políticos más allá de lo admisible en un Estado de Derecho.
Con la llegada del PP de José María Aznar al poder, se puso en marcha la privatización de las más importantes empresas públicas, que pasaron a manos de personajes de la vida empresarial sin que se arbitraran los mecanismos necesarios que permitieran la liberalización y, por tanto, la libre competencia, esa libertad de mercado que tanto veneran pero que sólo practican a nivel teórico, como vestimenta de una ideología que es pura y simple especulación.
Ya he escrito en distintas ocasiones cómo esta política de privatizaciones fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas sin que sucediera absolutamente nada, pese al quebranto producido al ordenamiento jurídico y al interés general de los españoles.
He comentado también en otros textos cómo sus tentáculos llegan hasta lo más hondo de las entrañas del poder político poniendo y quitando ministros a su antojo, como han reconocido algunos de ellos; el último Joan Clos.
Durante el pasado año las ganancias de las eléctricas españolas superaron los trece mil millones de euros (¡más de dos billones de pesetas!) y la media del salario anual de cada uno de sus más altos directivos se situó en torno a los 3,5 millones de euros (unos seiscientos millones de pesetas). Pues bien, estos pobres de dios no dejaron de presionar en el 2008 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que se subieran las tarifas eléctricas y con ello cubrir un supuesto déficit de 6000 millones de euros, fruto en su mayor parte, según ellos, de las primas establecidas por el Gobierno para las renovables.
Tanto fue el cántaro a la fuente que, allá por el mes de julio, el ejecutivo acordó una subida de un 11% para la mayoría de los usuarios; sin embargo, lo que todo el mundo interpretó como un signo de debilidad del Gobierno, no los calmó. Todo lo contrario.
A pesar de que la Comisión Europea ha advertido con importantes sanciones a nuestro país por "permitir el abuso de las empresas" al aplicar precios "altísimos", las eléctricas, apoyadas en la Comisión Nacional de la Energía, un órgano aparentemente independiente, vigilante del equilibrio entre los suministradores y los usuarios, lanzó el órdago de demandar para este 2009 una nueva subida del 31% de las tarifas.
Como siempre, el susto, la presión hasta el límite, para propiciar la queja de los consumidores y la posterior intervención "benevolente" del ministro Sebastián que dice que de eso nada que, en plena crisis económica, las tarifas "sólo" subirán en el próximo verano un 3,5%, aunque pretendan edulcorar la subida con un bono social, en principio previsto para cuatro millones de hogares -si bien Zapatero ha exigido que sea para seis- algo que, por otra parte, jamás terminará de cumplirse ya que emplearán múltiples artimañas que dificultarán su aplicación.
No cabe la menor duda de que, así lo han reconocido desde todos los sectores implicados, en breve plazo de tiempo (3 años) terminaremos pagando el 31% demandado. Ya han conseguido casi un 15% en apenas medio año, a pesar de sus múltiples ganancias y a pesar de que en el año 1999 se les inyectara, para percibir en diez años, 1,3 billones de pesetas para hacer frente a la competencia del libre mercado europeo, a los que se han sumado los activos obtenidos por la venta de acciones a Estados y empresas extranjeras.
Para colmo, y aprovechando las debilidades de nuestros gestores públicos, han conseguido del Gobierno que se dicte un decreto ley en el que se les reconocen 20.287 millones de euros de deuda y que la CNE pueda lanzar emisiones de deuda al mercado, a las que acudirán fundamentalmente los bancos.
Pero son insaciables. No les basta con todo esto y en el pasado mes de enero, aprovechando la actualización de las tarifas y el nuevo método de facturación mensual, han pegado un pelotazo de lo lindo que está provocando miles y miles de denuncias por parte de las asociaciones de consumidores y los usuarios del servicio, pero que les permitirá un "negociete" extra de varios miles de millones de euros, lo que no les ha hecho vacilar por otra parte a la hora de hacer llegar a la opinión pública de que la culpa es del ministerio de Industria y su nuevo sistema de lectura de contadores y facturación. Los pobres se equivocaron, y los kilovatios consumidos se acumularon en el mes de la tarifa más cara, claro que pudo haber sido al contrario y perder mucho dinero. Pero no fue así. Casualidad.
Por cierto, comunidades como Andalucía, Extremadura, Baleares, Madrid, Galicia, Valencia y otras han iniciado una investigación formal de estas irregularidades ¿ustedes han oído decir algo al Gobierno de Canarias?
También la Unión Europea ha vuelto a anunciar, a través de Meglena Kuneva, Comisaria de Consumo, que en los próximos 12 meses someterá a un "análisis de mercado profundo" a los suministradores de gas y electricidad, dado el volumen de quejas sobre los precios abusivos y las facturaciones injustas.
En fin, en plena crisis, con muchísimas familia con el agua al cuello, la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI) acaba de hacer público que cada hogar español tendrá que pagar nueve euros mensuales más en incrementos en impuestos de teléfono, correos, butano y transporte.
De nuevo el enriquecimiento perverso de unos pocos, permitido por un Estado débil y cautivo, que castiga frontalmente a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y que afecta notablemente a los sectores económicos que peor lo están pasando y en cuyas manos está el resurgir económico y la remontada de la crisis: los autónomos y la pequeña y la mediana empresa.
De nuevo la duda de muchísimos ciudadanos que en tantísimas ocasiones se cuestionan acerca de quien gobierna realmente este país nuestro.
Con la llegada del PP de José María Aznar al poder, se puso en marcha la privatización de las más importantes empresas públicas, que pasaron a manos de personajes de la vida empresarial sin que se arbitraran los mecanismos necesarios que permitieran la liberalización y, por tanto, la libre competencia, esa libertad de mercado que tanto veneran pero que sólo practican a nivel teórico, como vestimenta de una ideología que es pura y simple especulación.
Ya he escrito en distintas ocasiones cómo esta política de privatizaciones fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas sin que sucediera absolutamente nada, pese al quebranto producido al ordenamiento jurídico y al interés general de los españoles.
He comentado también en otros textos cómo sus tentáculos llegan hasta lo más hondo de las entrañas del poder político poniendo y quitando ministros a su antojo, como han reconocido algunos de ellos; el último Joan Clos.
Durante el pasado año las ganancias de las eléctricas españolas superaron los trece mil millones de euros (¡más de dos billones de pesetas!) y la media del salario anual de cada uno de sus más altos directivos se situó en torno a los 3,5 millones de euros (unos seiscientos millones de pesetas). Pues bien, estos pobres de dios no dejaron de presionar en el 2008 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que se subieran las tarifas eléctricas y con ello cubrir un supuesto déficit de 6000 millones de euros, fruto en su mayor parte, según ellos, de las primas establecidas por el Gobierno para las renovables.
Tanto fue el cántaro a la fuente que, allá por el mes de julio, el ejecutivo acordó una subida de un 11% para la mayoría de los usuarios; sin embargo, lo que todo el mundo interpretó como un signo de debilidad del Gobierno, no los calmó. Todo lo contrario.
A pesar de que la Comisión Europea ha advertido con importantes sanciones a nuestro país por "permitir el abuso de las empresas" al aplicar precios "altísimos", las eléctricas, apoyadas en la Comisión Nacional de la Energía, un órgano aparentemente independiente, vigilante del equilibrio entre los suministradores y los usuarios, lanzó el órdago de demandar para este 2009 una nueva subida del 31% de las tarifas.
Como siempre, el susto, la presión hasta el límite, para propiciar la queja de los consumidores y la posterior intervención "benevolente" del ministro Sebastián que dice que de eso nada que, en plena crisis económica, las tarifas "sólo" subirán en el próximo verano un 3,5%, aunque pretendan edulcorar la subida con un bono social, en principio previsto para cuatro millones de hogares -si bien Zapatero ha exigido que sea para seis- algo que, por otra parte, jamás terminará de cumplirse ya que emplearán múltiples artimañas que dificultarán su aplicación.
No cabe la menor duda de que, así lo han reconocido desde todos los sectores implicados, en breve plazo de tiempo (3 años) terminaremos pagando el 31% demandado. Ya han conseguido casi un 15% en apenas medio año, a pesar de sus múltiples ganancias y a pesar de que en el año 1999 se les inyectara, para percibir en diez años, 1,3 billones de pesetas para hacer frente a la competencia del libre mercado europeo, a los que se han sumado los activos obtenidos por la venta de acciones a Estados y empresas extranjeras.
Para colmo, y aprovechando las debilidades de nuestros gestores públicos, han conseguido del Gobierno que se dicte un decreto ley en el que se les reconocen 20.287 millones de euros de deuda y que la CNE pueda lanzar emisiones de deuda al mercado, a las que acudirán fundamentalmente los bancos.
Pero son insaciables. No les basta con todo esto y en el pasado mes de enero, aprovechando la actualización de las tarifas y el nuevo método de facturación mensual, han pegado un pelotazo de lo lindo que está provocando miles y miles de denuncias por parte de las asociaciones de consumidores y los usuarios del servicio, pero que les permitirá un "negociete" extra de varios miles de millones de euros, lo que no les ha hecho vacilar por otra parte a la hora de hacer llegar a la opinión pública de que la culpa es del ministerio de Industria y su nuevo sistema de lectura de contadores y facturación. Los pobres se equivocaron, y los kilovatios consumidos se acumularon en el mes de la tarifa más cara, claro que pudo haber sido al contrario y perder mucho dinero. Pero no fue así. Casualidad.
Por cierto, comunidades como Andalucía, Extremadura, Baleares, Madrid, Galicia, Valencia y otras han iniciado una investigación formal de estas irregularidades ¿ustedes han oído decir algo al Gobierno de Canarias?
También la Unión Europea ha vuelto a anunciar, a través de Meglena Kuneva, Comisaria de Consumo, que en los próximos 12 meses someterá a un "análisis de mercado profundo" a los suministradores de gas y electricidad, dado el volumen de quejas sobre los precios abusivos y las facturaciones injustas.
En fin, en plena crisis, con muchísimas familia con el agua al cuello, la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI) acaba de hacer público que cada hogar español tendrá que pagar nueve euros mensuales más en incrementos en impuestos de teléfono, correos, butano y transporte.
De nuevo el enriquecimiento perverso de unos pocos, permitido por un Estado débil y cautivo, que castiga frontalmente a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y que afecta notablemente a los sectores económicos que peor lo están pasando y en cuyas manos está el resurgir económico y la remontada de la crisis: los autónomos y la pequeña y la mediana empresa.
De nuevo la duda de muchísimos ciudadanos que en tantísimas ocasiones se cuestionan acerca de quien gobierna realmente este país nuestro.
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