Los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que posteriormente sean despedidos contarán con un máximo de 120 días adicionales de prestación de paro, según se desprende de las palabras del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sobre la marcha de las negociaciones con sindicados y patronal para reformar el mercado laboral. Es decir, los cuatro primeros meses de suspensión de contrato no se descontarán del periodo de cobertura de desempleo a que tengan derecho los trabajadores.
Aunque la negociación de este apartado no está cerrada definitivamente -se discute de 90 a 120 días-, Corbacho expresó su preferencia por el periodo más largo.
En lo que se refiere a la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social -otro aspecto de la reforma de los ERE anunciado en su día-, se verán reducidas a la mitad (excluida la incapacidad temporal) en los expedientes con suspensión del contrato de trabajo si las compañías se comprometen a mantener íntegro el empleo durante, al menos, un año.
Corbacho rehusó facilitar el coste que las dos medidas tendrán para el Estado. No obstante, en el documento que manejan los agentes sociales y el Ejecutivo figura que la ampliación de la prestación supondrá alrededor de 320 millones de euros, en su mayoría en 2010 y 2011, mientras que el precio de las bonificaciones rondará los 134 millones en este ejercicio.
Aunque la negociación de este apartado no está cerrada definitivamente -se discute de 90 a 120 días-, Corbacho expresó su preferencia por el periodo más largo.
En lo que se refiere a la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social -otro aspecto de la reforma de los ERE anunciado en su día-, se verán reducidas a la mitad (excluida la incapacidad temporal) en los expedientes con suspensión del contrato de trabajo si las compañías se comprometen a mantener íntegro el empleo durante, al menos, un año.
Corbacho rehusó facilitar el coste que las dos medidas tendrán para el Estado. No obstante, en el documento que manejan los agentes sociales y el Ejecutivo figura que la ampliación de la prestación supondrá alrededor de 320 millones de euros, en su mayoría en 2010 y 2011, mientras que el precio de las bonificaciones rondará los 134 millones en este ejercicio.
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