Un acuerdo de última hora logró reunir ayer la voluntad de los tres partidos con representación en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE, Compromiso y PP) en torno al futuro de Guaguas Municipales. El pleno municipal «garantiza» que la empresa sea «pública en su totalidad».
El pleno de la capital grancanaria lanzó ayer un desesperado llamamiento al resto de las administraciones públicas, a las que se solicita «colaboración» para sacar de su actual estado de quiebra a la empresa de transporte de viajeros Guaguas Municipales, creada en 1979, durante el mandato de Juan Rodríguez Doreste. Un debate intenso, que obligó a suspender durante más de media hora la sesión plenaria para negociar un texto común entre las tres fuerzas con representación en el Consistorio (los gobernantes PSOE y Compromiso, y el opositor PP), se saldó con la «garantía» de que la empresa mantendrá su caráter «público en su totalidad», y con el compromiso de los tres partidos de que gestionarán las influencias necesarias ante otras instituciones para solucionar el desfase financiero que sufre la compañía.
Las cosas acabaron mejor de lo que empezaron ayer, porque cuando el pleno aún estaba en sus primeros compases, una nutrida representación de trabajadores de la empresa fue expulsada de la sala después de que se lanzara a gritar «socialistas traidores», «guaguas no se vende», o «peseteros», y a mostrar carteles contra las intenciones de enajenar hasta el 49% del capital de la sociedad.
Cuando llegó la hora de discutir la moción de urgencia presentada por el PP, los guagüeros habían sido desalojados, por lo que la tensión se concentró en las intenciones de los tres partidos. El debate venía derivado de la decisión adoptada el pasado 14 de enero, en la que el PSOE abrió el expediente para modificar el actual modelo de transporte público de viajeros, con la perspectiva de poner a la venta hasta el 49% del capital de Guaguas Municipales. El portavoz del PP en este asunto, Ángel Sabroso, quería saber por qué se adoptó una iniciativa de tal magnitud «por la vía de urgencia, sin avisar a nadie y sin ningún estudio previo y al margen de los acuerdos» de septiembre pasado. Lo que quedó ayer en evidencia es la angustia con la que el alcalde, Jerónimo Saavedra, afronta la gestión de una empresa con un enorme agujero financiero y sin recursos externos que le permitan hacer frente a todas las deudas; las heredadas, las más recientes y las que están por llegar. Sabroso reveló que sólo para 2009, se prevén unos gastos de 50 millones de euros, mientras los ingresos se limitan a 21 millones. En medio, un agujero de 29 millones de euros.
El protocolario cruce de reproches por la herencia del PP quedó zanjado cuando Sabroso apuntó que «no estamos orgullosos del déficit que dejamos». Saavedra atribuyó el desfase a la falta de compromiso del Gobierno de Canarias, y Nardy Barrios salió en defensa de la «valentía del alcalde, al afrontar el problema aunque a veces se equivoque», y reclamó un pacto que implique al Cabildo y a los gobiernos en un plan estable de financiación que salve la empresa. El germen del acuerdo final.
El pleno de la capital grancanaria lanzó ayer un desesperado llamamiento al resto de las administraciones públicas, a las que se solicita «colaboración» para sacar de su actual estado de quiebra a la empresa de transporte de viajeros Guaguas Municipales, creada en 1979, durante el mandato de Juan Rodríguez Doreste. Un debate intenso, que obligó a suspender durante más de media hora la sesión plenaria para negociar un texto común entre las tres fuerzas con representación en el Consistorio (los gobernantes PSOE y Compromiso, y el opositor PP), se saldó con la «garantía» de que la empresa mantendrá su caráter «público en su totalidad», y con el compromiso de los tres partidos de que gestionarán las influencias necesarias ante otras instituciones para solucionar el desfase financiero que sufre la compañía.
Las cosas acabaron mejor de lo que empezaron ayer, porque cuando el pleno aún estaba en sus primeros compases, una nutrida representación de trabajadores de la empresa fue expulsada de la sala después de que se lanzara a gritar «socialistas traidores», «guaguas no se vende», o «peseteros», y a mostrar carteles contra las intenciones de enajenar hasta el 49% del capital de la sociedad.
Cuando llegó la hora de discutir la moción de urgencia presentada por el PP, los guagüeros habían sido desalojados, por lo que la tensión se concentró en las intenciones de los tres partidos. El debate venía derivado de la decisión adoptada el pasado 14 de enero, en la que el PSOE abrió el expediente para modificar el actual modelo de transporte público de viajeros, con la perspectiva de poner a la venta hasta el 49% del capital de Guaguas Municipales. El portavoz del PP en este asunto, Ángel Sabroso, quería saber por qué se adoptó una iniciativa de tal magnitud «por la vía de urgencia, sin avisar a nadie y sin ningún estudio previo y al margen de los acuerdos» de septiembre pasado. Lo que quedó ayer en evidencia es la angustia con la que el alcalde, Jerónimo Saavedra, afronta la gestión de una empresa con un enorme agujero financiero y sin recursos externos que le permitan hacer frente a todas las deudas; las heredadas, las más recientes y las que están por llegar. Sabroso reveló que sólo para 2009, se prevén unos gastos de 50 millones de euros, mientras los ingresos se limitan a 21 millones. En medio, un agujero de 29 millones de euros.
El protocolario cruce de reproches por la herencia del PP quedó zanjado cuando Sabroso apuntó que «no estamos orgullosos del déficit que dejamos». Saavedra atribuyó el desfase a la falta de compromiso del Gobierno de Canarias, y Nardy Barrios salió en defensa de la «valentía del alcalde, al afrontar el problema aunque a veces se equivoque», y reclamó un pacto que implique al Cabildo y a los gobiernos en un plan estable de financiación que salve la empresa. El germen del acuerdo final.
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