viernes, 23 de enero de 2009

El Cabildo de Fuerteventura aprueba un plan turístico que impide 55.000 camas

El Cabildo de Fuerteventura declaró definitivamente aprobado hoy el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Fuerteventura (PTEOTI), que elimina la eventual posibilidad de poder construir 55.000 nuevas plazas alojativas en la isla.

La decisión fue adoptada esta mañana por mayoría durante una sesión extraordinaria del Pleno, al contar con los votos a favor del grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, y en contra de la oposición socialista.

El documento inicial fue presentado en noviembre de 2005, y desde entonces se le han incorporado informes complementarios relacionados con su compatibilidad ambiental y patrimonial, la valoración turística, diversa cartografía y otros complementos, "aunque la base se ha mantenido", según explicó el consejero de Ordenación del Territorio, Manuel Miranda.

Aprobado inicialmente por el Cabildo en septiembre de 2007, en julio de 2008 recibió la aprobación provisional, habiendo transcurrido el plazo legal de dos meses desde su remisión al Gobierno de Canarias sin que se haya notificado o publicado acto alguno resolutorio, dijo.

De esta forma, la aprobación definitiva se sustenta en los informes jurídicos y técnicos que consideran que se debe aplicar el silencio administrativo positivo, paso previo tras su aprobación definitiva de hoy para su publicación en el Boletín Oficial y consiguiente entrada en vigor.

El PTEOTI se basa en que las zonas turísticas establecidas por el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) vigente constituyen la reserva de uso turístico de la isla, y por lo tanto debe administrarse como un recurso escaso y limitado.

Con esta herramienta, el Cabildo majorero pretende impedir la clasificación de más de suelo para uso turístico, pues considera que actualmente hay terreno suficiente para mantener la actividad turística en condiciones de calidad, afirmó el consejero.

Igualmente, la institución insular adopta una actitud intervencionista encaminada a reducir en cerca de un 50% de los proyectos ya autorizados previamente.

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