LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Cinco de los seis profesores de religión despedidos por Educación a principios de curso han demandado al Gobierno de Canarias por persecución sindical. Los docentes han presentado las demandas en los juzgados de lo Social de la capital grancanaria, con la intención de que el juez anule los despidos por vulneración de derechos fundamentales y de que los restituyan en sus puestos de trabajo.
"La Consejería ha tomado represalias porque no le ha gustado que luchemos por nuestros derechos laborales", denuncian Pino Morales, Miguel Ángel Martel, Jesús Rodríguez, Loli Hernández y Teresa Marrero, los cinco maestros que han acudido a la Justicia al verse en la calle de repente, tras una trayectoria en la enseñanza pública que oscila entre los 20 y los 30 años. Todos, incluida la sexta persona que no ha emprendido acciones legales, pertenecen a la Confederación Canaria de Trabajadores, una de las organizaciones sindicales que más se ha significado en la lucha por los derechos laborales de los profesores de religión.
SORPRESA. Esta organización mantiene desde 1996 un enfrentamiento permanente con Educación, cuyas reivindicaciones se han centrado en lograr la declaración de trabajadores laborales, los despidos por vulneración de derechos, el reconocimiento a cargos directivos y el derecho a la excedencia. Sin embargo, tras unas siete sentencias a favor y cambios en las leyes que dan estabilidad al colectivo, Educación se ampara en un nuevo decreto para despedir a los docentes, que exige una titulación de licenciado para impartir clases en Secundaria. Un requisito que no cumplen los afectados, pues provienen de la Formación Profesional y son diplomados.
Los denunciantes critican que la normativa se aplique de manera retroactiva sin plazos de adaptación, pues siempre han estado habilitados para sus puestos. El sindicato mantiene que existe una veintena de casos similares y que sólo han sido despedidos los afiliados a la CCT. Aseguran que no hubo negociación y que se enteraron de los despidos por la cuenta corriente.
"La Consejería ha tomado represalias porque no le ha gustado que luchemos por nuestros derechos laborales", denuncian Pino Morales, Miguel Ángel Martel, Jesús Rodríguez, Loli Hernández y Teresa Marrero, los cinco maestros que han acudido a la Justicia al verse en la calle de repente, tras una trayectoria en la enseñanza pública que oscila entre los 20 y los 30 años. Todos, incluida la sexta persona que no ha emprendido acciones legales, pertenecen a la Confederación Canaria de Trabajadores, una de las organizaciones sindicales que más se ha significado en la lucha por los derechos laborales de los profesores de religión.
SORPRESA. Esta organización mantiene desde 1996 un enfrentamiento permanente con Educación, cuyas reivindicaciones se han centrado en lograr la declaración de trabajadores laborales, los despidos por vulneración de derechos, el reconocimiento a cargos directivos y el derecho a la excedencia. Sin embargo, tras unas siete sentencias a favor y cambios en las leyes que dan estabilidad al colectivo, Educación se ampara en un nuevo decreto para despedir a los docentes, que exige una titulación de licenciado para impartir clases en Secundaria. Un requisito que no cumplen los afectados, pues provienen de la Formación Profesional y son diplomados.
Los denunciantes critican que la normativa se aplique de manera retroactiva sin plazos de adaptación, pues siempre han estado habilitados para sus puestos. El sindicato mantiene que existe una veintena de casos similares y que sólo han sido despedidos los afiliados a la CCT. Aseguran que no hubo negociación y que se enteraron de los despidos por la cuenta corriente.
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