El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos y la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y han presidido la firma del acuerdo entre la Administración General del Estado y los sindicatos UGT, CC.OO, CSI-CSIF y CIG para mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral en el servicio exterior. Un colectivo con más de 6.000 empleados públicos que prestan sus servicios en oficinas adscritas a embajadas y consulados de España en los distintos países que, por primera vez, verán reconocidos sus derechos laborales, tanto en el plano individual como colectivo, tras quince años de negociación.
El Consejo de Ministros del 1 de septiembre de 2006, que aprobó medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado, estableció que en el plazo de un año se determinaría el conjunto de condiciones mínimas aplicables a todo el personal contratado en el exterior.
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
El acuerdo alcanzado supone el establecimiento de un marco regulador único de las condiciones de trabajo aplicables a este colectivo, que afecta a todo el personal laboral que presta servicios en el exterior con independencia de su nacionalidad -en un 50% es española o comunitaria- y de la legislación que regule sus contratos.
• Derechos individuales: se reconocen para este colectivo los mismos que al resto del personal laboral en el ámbito de la Administración General del Estado. El contenido de estos derechos se refiere a las licencias, permisos, vacaciones, jornadas y horarios, excedencias, modificación de las condiciones de trabajo, jubilación, régimen disciplinario y suspensión del contrato de trabajo.
• Derechos colectivos: se reconoce por primera vez el derecho a la representación colectiva de estos trabajadores y se regulan los órganos de representación que han de canalizar la misma. Asimismo, se reconoce la participación del personal laboral exterior en los planes de Formación Profesional y Acción Social que se articulan en los distintos departamentos ministeriales y organismos.
Con el acuerdo alcanzado se resuelve la situación de los contratados laborales en el servicio exterior, que hasta ahora, debido a su dispersión geográfica, a su distinta procedencia nacional y a la complejidad derivada de distintos procedimientos jurídicos aplicables, no tenían reguladas sus condiciones de trabajo con carácter general, ni se les aplicaban los estándares mínimos de la legislación española, especialmente en lo que se refiere al ejercicio individual de sus derechos.
El Consejo de Ministros del 1 de septiembre de 2006, que aprobó medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado, estableció que en el plazo de un año se determinaría el conjunto de condiciones mínimas aplicables a todo el personal contratado en el exterior.
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
El acuerdo alcanzado supone el establecimiento de un marco regulador único de las condiciones de trabajo aplicables a este colectivo, que afecta a todo el personal laboral que presta servicios en el exterior con independencia de su nacionalidad -en un 50% es española o comunitaria- y de la legislación que regule sus contratos.
• Derechos individuales: se reconocen para este colectivo los mismos que al resto del personal laboral en el ámbito de la Administración General del Estado. El contenido de estos derechos se refiere a las licencias, permisos, vacaciones, jornadas y horarios, excedencias, modificación de las condiciones de trabajo, jubilación, régimen disciplinario y suspensión del contrato de trabajo.
• Derechos colectivos: se reconoce por primera vez el derecho a la representación colectiva de estos trabajadores y se regulan los órganos de representación que han de canalizar la misma. Asimismo, se reconoce la participación del personal laboral exterior en los planes de Formación Profesional y Acción Social que se articulan en los distintos departamentos ministeriales y organismos.
Con el acuerdo alcanzado se resuelve la situación de los contratados laborales en el servicio exterior, que hasta ahora, debido a su dispersión geográfica, a su distinta procedencia nacional y a la complejidad derivada de distintos procedimientos jurídicos aplicables, no tenían reguladas sus condiciones de trabajo con carácter general, ni se les aplicaban los estándares mínimos de la legislación española, especialmente en lo que se refiere al ejercicio individual de sus derechos.
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